Luego de ocho años de labores en México en los que el GIEI trabajó para determinar el paradero los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, los expertos independientes lograron obtener varios hallazgos con los que pudieron desmontar la llamada “Verdad histórica”, que el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto pretendía sostener tras la desaparición de los normalistas.
Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- El Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se despidió este lunes 31 de julio del caso Ayotzinapa con un mensaje en el que reiteró que la investigación que llevaron a cabo desde noviembre de 2014, dejó evidencia en documentos que corroboran la existencia de más información sobre la detención y el traslado de los 43 estudiantes, la cual les ha sido negada por parte de las Fuerzas Armadas.
Tras ocho años de labores en México en los que el GIEI trabajó para determinar el paradero los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, los expertos independientes lograron obtener varios hallazgos con los que pudieron desmontar la llamada “verdad histórica”, que el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto pretendía sostener.
Para justificar la desaparición de los jóvenes, Jesús Murillo Karam, quien en ese momento era titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), aseguró el 7 de noviembre de 2014 en una conferencia de prensa que los estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», de Ayotzinapa, Guerrero, habían sido secuestrados en el municipio de Iguala, también en Guerrero, e incinerados en el basurero de Cocula.
“Esa es la verdad histórica”, sostuvo Karam en ese entonces. Además soltó la frase con la que pasó a la historia como uno de los momentos más sensibles de la última década en el país, ya que ante la insistencia de los periodistas en aquella larga conferencia expresó: “Ya me cansé”, y dio por terminado el encuentro.
Sin embargo, luego de la llegada del GIEI, conformada por cinco expertos y expertas, dicha “verdad histórica” se desplomó ante diversas pruebas que evidenciaron diversas irregularidades en la investigación del caso. Además, el grupo también aportó información con la que se prueba que existió la implicación tanto de la policía y de autoridades como de las Fuerzas Armadas de México en los hechos.
En septiembre de 2021, medios nacionales filtraron información que señalaba que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, descubrió que el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) contaba unas 40 videograbaciones en las que se observa el momento en que funcionarios públicos torturan a testigos de la desaparición de los 43 estudiantes con el objetivo de validar la versión oficial del Gobierno pasado.
Estos interrogatorios, que se ejecutaron entre octubre de 2014 y enero de 2015, habrían tenido como propósito que los testigos y/o sospechosos del caso confirmaran lo dicho, tanto por el entonces Procurador Murillo Karam, como Tomás Zerón de Lucio, que en 2014 fungía como director de la Agencia de Investigación Criminal.
Fue en el último informe sobre el caso Ayotzinapa, presentado el 25 de julio, elaborado por GIEI, que se confirmó esta versión, ya que se indicó que el extinto CISEN y elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) tuvieron un papel en el desarrollo del caso Ayotzinapa, mediante el seguimiento de los 43 normalistas, en cuanto a la primera dependencia, y en la tortura de testigos.
El grupo de expertos también dio detalles del rol activo de las Fuerzas Armadas, ya que agentes del CISEN, de Policía Estatal, así como de Policía Ministerial y Policía Federal, junto con al menos tres Órganos de Búsqueda de Información (OBI, inteligencia militar) del Ejército, estaban presentes en los diferentes lugares cuando se dieron los hechos y la existencia de un centro de espionaje.
Asimismo, el GIEI determinó que, si bien la Marina no tuvo presencia en el lugar de los hechos el 26 ni el 27 de septiembre de 2014, sí lo hizo inmediatamente después y al menos desde el 28 y el 27 o 28 en el Río San Juan. Además, indicaron que fueron agentes de la Marina responsables de la detención y tortura de varios individuos para reforzar la “verdad histórica”.
El experto Carlos Beristain detalló en la presentación del informe que el operativo se habría llevado a cabo de la mano de un grupo de inteligencia, del cual se tiene poca información, para detener y torturar a individuos, resultando en la muerte de dos personas.
Aunado estos dos individuos que fallecieron como producto de la tortura provocada por la Marina, el experto indicó que pudieron haber otros cinco “que no se llegaron a consignar” y cuyo paradero se desconoce.
“La Marina llevó a cabo numerosas acciones que no han sido conocidas ni de las que se ha dado cuenta en la investigación y se llevaron a cabo por orden de la coordinación del Estado Mayor de la Marina”, sonsignó el GIEI en su últiimo informe, en el que puntualiza que “dicha información ha sido recogida de diferentes documentos internos”.
“Pero se encontró por parte del GIEI documentación de lo que se denomina como ‘los resúmenes de actividades en el estado de Guerrero de la SM Armada de México Estado Mayor General’, en donde se hace una descripción del número progresivo de actividades, la fecha de las acciones por parte de Semar, el personal que interviene, los vehículos/equipos que llegaron, el número de búsquedas y el resultado de la búsqueda, así como los grupos y algunas personas actuantes”, se agrega. .
En marzo de 2022, el GIEI reveló un video, que habría sido tomado en el basurero de Cocula, donde presuntamente habrían sido incinerados los estudiantes. Las imágenes fueron captadas el 27 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los normalistas, en las que se muestra el momento en que al menos 12 elementos de la Secretaría de Marina manipulan pruebas mientras se realizaban las investigaciones sobre el caso.
En ese mismo informe, el tercero sobre estos hechos, el grupo de expertos reveló que existieron operaciones de inteligencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al momento de la desaparición de los estudiantes. Entre estas, la infiltración de agentes de esa dependencia en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con la finalidad de dar seguimiento a los normalistas desde días antes de la desaparición de los jóvenes.
🚨⚠ ATENCIÓN #ÚLTIMAHORA #Ayotzinapa
Video que mostró GIEI muestra como elementos de la Marina y el Procurador de Justicia de ese momento, Murillo Karam estuvieron en el basurero de Cocula ANTES de la llegada de la PGR, la Sedena y el Equipo Argentino de Antropología Forense pic.twitter.com/ZUb9tTF7Ry
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 28, 2022
A lo largo de los ocho años que el GIEI ha investigado la desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa, también ha evidenciado las irregularidades y manipulación de pruebas en las que incurrió la entonces Procuraduría General de la República durante el levantamiento y procesamiento de la evidencia para dar con la ubicación de los estudiantes.
Uno de estos hechos es el que el GIEI dio a conocer en septiembre de 2015, cuando al presentar su primer informe reveló que la PGR omitió la existencia de un quinto autobús en el caso Ayotzinapa: un Estrella Roja con 14 normalistas, que fue vaciado a punta de balazos por elementos de la entonces Policía Federal (PF) a la altura del Palacio de Justicia, en la salida Iguala-Chilpancingo, lo que no quedó consignado en el expediente del caso.
La omisión se dio bajo el argumento de que el camión fue abandonado por los normalistas inmediatamente después de sacarlo de la Central de Camiones de Iguala, debido a que presuntamente se pusieron nerviosos y pensaron que no servía, como presuntamente habría declarado el conductor de la unidad, declaración que bastó para que la PGR desechara ese quinto autobús como evidencia y no consignara el hecho ni considerara ese autobús como escena del crimen, reveló el informe.
Una revisión de algunos documentos de la Sedena que realizó el GIEI demostraron que desde el 2014, existía un Centro Regional de Inteligencia en Iguala, con plena operatividad, el cual realizaba seguimientos técnicos que implicaban escuchas o interceptaciones telefónicas y de mensajes, desplazamiento de personal del Ejército para verificación de entrevistas y reconocimiento de lugares en la zona de Guerrero.
En el informe del GIEI presentado en abril de 2016, el grupo de expertos determinó que los teléfonos de al menos seis normalistas desaparecidos, estuvieron activos horas e incluso días luego de los hechos registrados entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Además, en el mismo documento, reveló que las autoridades a cargo de la investigación del caso tardaron o no llevaron a cabo el procesamiento de estos datos para conocer el paradero de los jóvenes desaparecidos.
El pasado 25 de julio, tras entregar el sexto informe sobre el caso, el grupo de expertos destacó que deja la investigación del Caso Ayotzinapa al considerar “imposible” continuar sus labores de investigación debido a la obstaculización del Gobierno federal, y en particular de la Sedena, para obtener documentos vitales para las diligencias.
Los expertos acusaron a la Sedena no sólo de obstaculiza y negó el acceso a documentos que podrían esclarecer el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino que incurrir en inconsistencias al brindar información y declaraciones sobre el nivel de involucramiento de algunos de sus miembros.
En el mismo informe, el GIEI detalló que incongruencias, alteración de bitácoras y falta de información se dieron específicamente en el hallazgo de los restos de una de las víctimas, el estudiante Julio César Mondragón, quien fue localizado tras la desaparición del resto de los estudiantes, con signos de tortura y sin rostro.
“Según un documento de la Zona Militar 35 de Chilpancingo, el lugar en el que habría aparecido Julio César Mondragón no es el lugar referido de la zona del Andariego en Iguala, la zona industrial, sino sería un lugar llamado Mexcaltepec, [en el municipio de Taxco de Alarcón]”, detalló el GIEI en su informe.
Otras dos incongruencias por parte de Sedena fue que el 41 Batallón aseguró haber llegado a las 8 horas a la zona del Andariego donde encontró el cuerpo de Mondragón, y este mismo batallón indicó que encontró el cuerpo tras una llamada anónima en la zona industrial de Iguala; mientras que otro del 27 Batallón, que ha formado parte de la versión oficial hasta ahora, indicó que la Sedena llegó a las 10 horas y fue este batallón quien llegó al lugar de los hechos.
En su mensaje de despedida, antes de dejar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, el grupo de expertos reiteró que la documentación entregada por la Sedena y la Semar corrobora la existencia de más información sobre la detención y el traslado de los 43 estudiantes, la cual les ha sido negada, y señaló que tras la apertura de archivos por mandato presidencial, se logró tener nuevos hallazgos sobre la actuación de agentes del Estado y recabar información sobre el posible destino de los jóvenes.
Sin embargo, destacó que tal información brindada por las Fuerzas Armadas “es parcial y corrobora la existencia de otras información sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas”, y que les ha sido negada a pesar de la insistencia y de la negativa de las instituciones.
“El GIEI ha dejado al país seis informes sobre el caso, que han sido la base para el caso y para las políticas de atención a las víctimas, investigación criminal, uso de pruebas, judicialización y otras más amplias”, expresaron los y las expertas del grupo de investigación independiente ante su salida del país.
– Con información de Romina Gándara y Tamara Mares
