Este lunes se cumplieron ocho años desde que Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Martin, la activista Nadia Vera, y el fotoreportero Rubén Espinosa fueron asesinados en un departamento de la colonia Narvarte, y las familias siguen pidiendo justicia y esclarecimiento de los hechos.
Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).— Los familiares de las cinco víctimas del multihomicidio en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, ocurrido en el 2015 denunciaron en un mensaje a medios que un funcionario de la Fiscalía capitalina (FGJ-CdMx), de nombre Luis Javier García Saldaña, podría estar vinculado con el caso y haber participado en el ocultamiento de información y entorpecimiento de la investigación oficial de los hechos.
García Saldaña, quien se nombró como agente del Ministerio Público de la FGJ-CdMx en una declaración patrimonial de 2023 disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, era suegro en el 2015 de César Omar Martínez Zendejas, quien fue sentenciado por diversos delitos —incluyendo homicidio y feminicidio— por su participación en el caso Narvarte, y padre de Alejandro «N», señalado de haber participado, pero que nunca ha sido investigado.
El viernes 31 de julio en un departamento del edificio 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte fueron asesinados Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Martin, la activista Nadia Vera, y el fotoreportero Rubén Espinosa. La investigación ha estado plagada de irregularidades y a la fecha se desconoce los motivos del crimen.
Madres y hermanos de las víctimas denunciaron que la Fiscal Ernestina Godoy se había comprometido a dar respuesta de las diligencias este año, pero no ha brindado justicia y únicamente ha dado avances mínimos, por lo cual acusaron a las autoridades de simular las diligencias.
Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista asesinado, indicó que la Fiscalía les había citado este 31 de julio para una reunión, pero cuestionó que los funcionarios tuvieran hallazgos sustantivos del caso para presentar y acusaron que fue una estrategia para que se cancelara la rueda de prensa ya agendada. Por ello, declaró que las familias se negarán a participar en más diálogos con la institución capitalina hasta que no se investigue a García Saldaña, cuyo hijo habría estado involucrado en el caso Narvarte.
“Ya no existen condiciones para mantener reuniones de seguimiento con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México», expuso Espinosa. “Hasta en tanto se investigue de manera real y formal a las personas que se presume se encuentran relacionados con los hechos en los que se privaron de la vida a nuestros familiares, y que actualmente tienen vínculos con al menos una persona que detenta puestos públicos en la Fiscalía. (…) Nos negamos a participar nuevamente en estas reuniones hasta que no se investigue a esta persona”.
ACUSAN VÍNCULOS DE FUNCIONARIO DE LA FGJ-CDMX
En compañía de Alberto Arnaut, director del documental «A plena luz» en la cual retrata el caso Narvarte, los familiares de las víctimas denunciaron que Luis Javier García Saldaña, quien indicó ser agente del Ministerio Público en la Fiscalía capitalina con fecha de declaración patrimonial marzo de 2023, es padre de Rosa Ivette «N», quien en el 2015 era pareja y madre de un hijo con César Omar Martínez Zendejas, quien fue sentenciado por feminicidio, homicidio, robo en pandilla y robo agravado por su participación en el multihomicidio.
De acuerdo con información brindada por ellos, García Saldaña ostentó diversos cargos en la Procuraduría General de la República a partir de 2002 y a 2007, y otra vez en el 2016.
«Hacia 2022, en testimonio rendido por García Saldaña en la Fiscalía General de Justicia de la CdMx, el 18 de marzo de 2022 señala que es licenciado en derecho ‘laborando como litigante desde enero del año 2010 hasta agosto de 2018, adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el cargo de Auxiliar Ministerial, de la agencia de atención a usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro'», indicaron los familiares.
A partir de datos proporcionados por los familiares, Martínez Zendejas tenía a García Saldaña registrado en sus contactos como «Suegro» un número a la par que Abraham Torres Tranquilino, expolicía detenido por el caso Narvarte, lo tenía registrado como «Saldaña MP Coyoacán Javier».
Entre mayo y septiembre de 2015, Martínez Zendejas y García Saldaña tuvieron contacto en nueve ocasiones y existió un registro de mensaje de texto.
«Inclusive, el 11 de septiembre de 2015, día de la detención de César Omar Martínez Zendejas, se estableció una comunicación entre el contacto ‘Suegro’ y el número terminación 7078, que según la Fiscalía es propiedad de César Omar, a las 12:22:06», redactaron en un comunicado las víctimas indirectas del caso Narvarte.
Este mismo celular con terminación 7078, que fue ubicado en el lugar de los hechos el día de los asesinatos en el departamento de Luz Saviñón 1909, se dio a conocer mediante un Informe Técnico de la perito Aidée Yuridia Cruz de la Rosa del expediente FBJ7BJ-17T2704379715-07 que era propiedad realmente de Alejando «N», hijo de García Saldaña y hermano de Rosa Ivette «N».
Sin embargo, esta información no se consideró por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia a cargo de Rodolfo Ríos Garza para detener o investigar a Alejandro «N».
CASO NARVARTE: 8 AÑOS DE IMPUNIDAD
Fue el 31 de julio de 2015 cuando Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Martin, la activista Nadia Vera, y el fotoreportero Rubén Espinosa fueron asesinados en Luz Saviñón 1909, en la colonia Narvarte.
Espinosa había llegado mes y medio antes a la Ciudad de México después de haber recibido amenazas en Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), al igual que Vera, presuntamente por su labor de defensa de derechos humanos.
A ocho años de los hechos, los familiares exigieron que la Fiscalía de Godoy agote todas las líneas de investigación, incluyendo una presunta relación con las amenazas recibidas por Espinosa y Vera por sus respectivas labores como fotoreportero y activista de derechos humanos, a manos del Gobierno veracruzano.
“¿Qué es justicia, si la Fiscalía de la Ciudad de México dosifica la información y con ello nos tortura? (…) ¿Qué es justicia, si los empleados de una institución, que deberían velar por la justicia, alteraron la escena del crimen, interrumpieron la cadena de custodia, y ocultaron el arma?”, cuestionó Mirtha Luz Pérez, madre de Nadia.
Y a pesar de que en el 2017, la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) emitió la Recomendación 04/2017 en la que acreditó violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad de autoridades capitalinas, los puntos de acuerdo no se han materializado y las familias de las víctimas no han obtenido justicia.
