La audiencia intermedia en este caso está programada para el mes de septiembre, sin embargo, debido a la suspensión definitiva no se puede realizar hasta que el Juez dicte su sentencia de amparo.
Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).-- Un Juez federal suspendió el proceso penal que enfrenta el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por su presunta culpabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y actos contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa.
Fue el Juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, Antonio González García, quien ordenó frenar el primer proceso penal iniciado contra Murillo Karam en el que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó imponerle 82 años de prisión, hasta que se resuelva si se admiten o no diversas pruebas ofrecidas por su defensa.
"R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE la suspensión definitiva al quejoso de iniciales de conformidad con el considerando segundo de esta interlocutoria", determinó el referido juzgador.
De acuerdo con la pruebas con las que ya cuenta la Fiscalía hay varios documentos, los cuales el exprocurador busca desestimar las imputaciones en su contra.
La audiencia intermedia en este caso está programada para el mes de septiembre, sin embargo, debido a la suspensión definitiva no se puede realizar hasta que el Juez dicte su sentencia de amparo.
La audiencia intermedia será el momento procesal en el que la Fiscalía y el imputado debaten sobre las pruebas que buscan desahogar durante el juicio; si el Juez de amparo ordena admitir las pruebas de Murillo Karam, estas deberán formar parte del debate en esa diligencia.
#Informativo14. Continúan las investigaciones del caso #Ayotzinapa, tras cinco años, la “verdad histórica” está sepultada y hay más de 100 detenidos, entre ellos, el exprocurador Jesús Murillo Karam y dos altos mandos militares. @canalcatorcemx @MxPlusTV pic.twitter.com/NpzFgulVj1
— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 29, 2023
La FGR señaló a Murillo Karam de ser el artífice de la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa y por tanto lo consideró responsable de que los 43 normalistas permanezcan desaparecidos después de casi 9 años.
Los fiscales solicitaron una pena de 60 años de cárcel por desaparición forzada; 12 años por tortura y 10 por delitos contra administración de la justicia, así como el pago de 20 mil días de multa, equivalentes a 1 millón 792 mil 400 pesos.