El Gobierno de México aseguró que continúa el proceso de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la ubicación de los normalistas de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, aseguró que el Gobierno de México en su conjunto y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca) analizan el sexto informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y atenderá las recomendaciones que contribuyan a alcanzar su objetivo.
En un comunicado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) detalló que se están analizando las 30 recomendaciones del VI Informe: ocho sobre la investigación exhaustiva, completa y seria; cinco respecto a la unificación de las averiguaciones; cinco sobre necesidad de información de departamentos, autoridades, unidades de sistemas de información o inteligencia; tres respecto a búsquedas; tres respecto de la justicia, y seis sobre la participación de las víctimas en la reparación y la no repetición.
Gobierno de México continua el proceso de investigación, esclarecimiento de los hechos y la ubicación de los 40 estudiantes que faltan.#Ayotzinapa #Comunicado
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Afirmó que la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador “es ir al fondo de las investigaciones”, por lo que continúan las búsquedas en la zona, y ratificó que se cumplirá el compromiso de saber dónde están los estudiantes y resolver el caso como asunto de Estado.
El subsecretario Encinas Rodríguez resaltó que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia ha informado a padres, madres y a sus representantes en diferentes sesiones ordinarias que, en materia de búsqueda e identificación, se hallaron e identificaron tres jóvenes estudiantes: Joshivani Guerrero de la Cruz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio.
Del proceso de judicialización se informó que existen 112 personas privadas de la libertad, recluidas en diversos penales, entre ellos: 18 integrantes de Guerreros Unidos. Además, 77 personas involucradas liberadas por tortura y exoneradas por jueces de las 169 consignadas.
Igualmente, el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el exdirector antisecuestro de la Seido, Gualberto Ramírez Gutiérrez, así como el exministerio Público de la Seido.
22° sesión ordinaria de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia de #Ayotzinapa pic.twitter.com/WWMgNEUIgJ
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) July 26, 2023
Además, 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detenidos y hay seis órdenes de militares por ejecutar, que suman 20 en total: dos generales, un excomandante del 27 Batallón de Infantería y uno del 41 Batallón de Infantería, un capitán, dos sargentos, un teniente, un subteniente, tres cabos, 10 soldados; a ello se añade un elemento de Semar aprehendido.
Asimismo, se encuentra la solicitud de extradición de Tomás Zerón de Lucio.
Por parte del estado de Guerrero, agregó, se encuentra en prisión el exsecretario de Seguridad Pública local, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, así como 74 policías municipales: ocho de Cocula, siete de Huitzuco y 41 de Iguala; seis estatales, seis federales y seis federales ministeriales.
Los expertos internacionales que llevan ocho años investigando la desaparición de 43 estudiantes normalistas cerraron el martes su trabajo en México denunciando obstáculos a sus pesquisas y con un nuevo informe en el que, según afirman, se exponen las mentiras y ocultamiento de datos por parte de las Fuerzas Armadas.
El GIEI, ya sólo integrado por Carlos Beristain y Ángela Buitrago, sale del país sin poder aclarar cuál fue el destino de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Sin embargo, consideró que el informe ofrece nuevas pruebas de la participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes y de la Marina en el ocultamiento del crimen, por ejemplo, mediante “operativos clandestinos” que pudieron conllevar presuntas ejecuciones extrajudiciales.
El informe, que cruza análisis de telefonía con documentos, fotografías, videos, declaraciones y entrevistas a testigos, afirma que la Marina realizó “un operativo de inteligencia de carácter reservado” desde el día siguiente al ataque a los estudiantes del que nunca informó y que llevó a cabo detenciones y torturas “con resultado de muerte de algunos detenidos y sin que se conozca el destino y paradero de otros”.
Los expertos pidieron investigar dos posibles ejecuciones extrajudiciales y cinco desapariciones, todas aparentemente de supuestos delincuentes porque encontraron una foto de dos cadáveres maniatados con vendas similares a las que se ven en videos de detenciones de la Marina e informes oficiales de dos muertes sin explicar.
También hallaron fotos de otros detenidos vivos siendo interrogados, que luego no fueron puestos a disposición de las autoridades y cuyo paradero no se conoce. Estas presuntas violaciones graves de derechos humanos fueron corroboradas por un testigo protegido.
La hipótesis más afianzada sobre el móvil —apoyada por información recibida de autoridades estadounidenses— habla del tráfico de heroína del cártel local que operaba en colusión con autoridades y militares.
El nuevo peritaje de llamadas presentado por los expertos de la CIDH confirma un mayor protagonismo del Ejército en los hechos porque muestra la presencia de militares en sitios clave en los que negó haber estado.
Las víctimas y familiares, así como la sociedad necesitan el compromiso real con la verdad. La falta de una respuesta completa cuestiona no solo la intencionalidad de los actores, sino que deja a las víctimas de nuevo en la cuneta de la historia.#GIEIAyotzinapaSextoInforme pic.twitter.com/8xNf69jpNs
— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) July 27, 2023
Evidencia, además, cómo la Secretaría de la Defensa controló las comunicaciones durante toda la noche —incluidas las que realizaban miembros del crimen organizado a quienes tenían interceptados—, en parte porque su entonces jefe, el General Salvador Cienfuegos, así lo había ordenado para tener vigilados a unos estudiantes que consideraba subversivos, según uno de los documentos hallados.
Los alumnos de Ayotzinapa solían protagonizar protestas violentas y acudieron a Iguala a llevarse unos autobuses para usarlos en una manifestación. Aparentemente, pudieron tomar uno que contenía droga o dinero.
