De los 16 obispos y arzobispos señalados, seis se mantienen en funciones en diversas ciudades del país, lo cual suma a un clima de impunidad del abuso sexual cometido en la Iglesia católica en México y vulnera a infancias y personas adultas vulnerables, señaló la organización Bishop Accountability.
Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– Al menos 16 obispos y arzobispos, entre ellos el exarzobispo emérito de la Arquidiócesis Primada de México, Norberto Rivera Carrera, y seis que aún siguen en funciones en ciudades mexicanas, han sido señalados de encubrir a sacerdotes acusados de abuso sexual y pederastia, de acuerdo con un informe de la organización Bishop Accountability, que se dedica a identificar casos de agresiones sexuales dentro de la Iglesia católica.
La co-directora de la asociación, Anne Barett Doyle, apuntó este jueves en conferencia de prensa que han registrado acusaciones en contra de 250 sacerdotes en México, los cuales han sido encubiertos por los actuales líderes clericales de las ciudades de Zamora, Irapuato, Culiacán, Tuxtla Gutiérrez, Piedras Negras y Tabasco.
Los obispos y arzobispos señalados de haber callado estos abusos son, de acuerdo con Bishop Accountability, son: Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato; Alonso Gerardo Garza Treviño, obispo de Piedras Negras; Jesús Carlos Cabrero Romero, exarzobispo emérito de San Luis Potosí; José Luis Chávez Botello, exarzobispo emérito de Antequera-Oaxaca; Jonás Guerrero Corona, obispo de Culiacán; José Martín Rábago, exarzobispo emérito de León; Fabio Martínez Castilla, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez.
También nombran a Felipe Aguirre Franco, exarzobispo emérito de Acapulco; Silvia López Pérez, exsuperiora general de las Discípulas de Jesús Buen Pastor; Luis Morales Reyes, exarzobispo emérito de San Luis Potosí; Gerardo de Jesús Rojas López, obispo de Tabasco; Rafael Romo Muñoz, exarzobispo emérito de Tijuana; Juan Sandoval Íñiguez, exarzobispo emérito de Guadalajara; José Guadalupe Torres Campos, obispo de Ciudad Juárez; Javier Navarro Rodríguez, obispo de Zamora; y hasta el exarzobispo emérito de la Arquidiócesis Primada de México, Norberto Rivera Carrera.
El reporte inicial que publicó la organización, y que espera complementar en los próximos tres meses, da cuenta de como estos líderes religiosos callaron abusos sexuales a menores en diferentes iglesias o arquidiócesis bajo su cargo, e incluso han intervenido para evitar que los sacerdotes sufrieran consecuencias.
"Se ha presentado un abuso clerical masivo en México, y gracias a que se ha denunciado en la prensa estamos sobre estos casos”, remarcó Anne Barett Doyle. "[Esta lista] es sólo un inicio, pero ya tenemos identificados otros líderes que parecen haber encubierto a acosadores sexuales”.
"El propósito de esta lista es seguir con las investigaciones de posibles complicidades de los líderes de la Iglesia, personas que todavía están en el poder, que todavía tienen sus puestos y por lo tanto todavía pueden hacer mucho daño".
En el 2021, el representante del Papa Francisco en México, el monseñor Franco Coppola, dio a conocer que 12 obispos estaban bajo investigación por la Iglesia católica por el presunto encubrimiento de casos de abuso sexual de menores y adultos vulnerables en el país. Al no darse a conocer los nombres de dichos líderes, la organización Bishop Accountability se dedicó a intentar identificar jerarcas eclesiásticos que hubieran incurrido en estas acciones.
En ese sentido, la co-directora de la organización aseguró que las autoridades mexicanas eclesiásticas no han cumplido con la promesa de "tolerancia cero" sobre el abuso sexual, ya que permiten que sacerdotes permanezcan en el ministerio.
"Hasta que todos los culpables de este abuso clerical sean removidos de manera permanente del ministerio en México de las parroquias católicas, de las escuelas, de los hospitales en este país, van a seguir en peligro estos niños y adultos vulnerables", enfatizó.
Los casos citados de encubrimiento recuentan, por ejemplo, que el retirado arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, obligó a los padres de un niño que había sido abusado por el padre Eduardo Córdova Bautista a firmar una "declaración jurada mediante la que se comprometían bajo juramento 'ante Dios a mantener en secreto y estricta confidencialidad los delitos sexuales cometidos'".
"El encubrimiento es un delito, y necesitamos la actuación del Estado mexicano en este caso", remarcó en su participación Sara Oviedo, miembro de la asociación End Clergy Abuse (ECA), durante la presentación del informe inicial, al criticar que las autoridades civiles tampoco han encontrado la manera de dar justicia a las víctimas.
Sumó que parte de la impunidad que existe para víctimas de sacerdotes pederastas está en el hecho de que la Iglesia ha transferido a acusados a otras parroquias, lo cual "ha significado realmente un gran dolor para muchas otras familias de otras partes de México, e incluso en otras partes de América Latina, porque no sabemos a dónde se les transfiere".
En el caso del retirado arzobispo emérito de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, la ONG documentó que "fue cómplice en el caso del pederasta Gerardo Silvestre Hernández, quien ahora se encuentra encarcelado".
"Como sacerdote de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Silvestre habría abusado sexualmente de más de 100 niños en siete parroquias diferentes. El exsacerdote desempeñaba sus funciones en la región de la Sierra Norte de Oaxaca, una de las más pobres de México, y muchos de los niños de los que se abusó, si no todos, pertenecían al pueblo indígena zapoteca de la región. Las víctimas de Silvestre eran en su mayoría adolescentes varones de entre 11 y 14 años. Silvestre emborrachaba a los niños, les mostraba películas pornográficas y luego se abusaba de ellos sexualmente. En 2009, un grupo de sacerdotes denunciaron los delitos de su compañero al Arzobispado, pero el arzobispo José Luis Chávez Botello defendió la inocencia de Silvestre y tomó represalias contra los denunciantes", relata Bishop Accountability en su informe.
Alberto Athié, exsacerdote y activista que ha denunciado abuso sexual y complicidad de jerarcas católicos en México, añadió que la pederastia es un delito "que se maneja dentro de los parámetros eclesiásticos", de tal manera que en vez de remover a un sacerdote de su cargo, la pena máxima es la reducción o suspensión del ejercicio del ministerio, lo cual se debe de detener. Y en cuanto a quienes han sido señalados por encubrimiento, ninguno ha enfrentado consecuencias ni finiquitado responsabilidades por ello, dijo.
"Hay tres niveles, y se ha hecho mucho en cuanto a quienes depredan a niños, niñas, pero el nivel de encubrimiento (...) obispos, cardenales encubridores, tendríamos que ver si están en la cárcel", expuso. "La Iglesia no va a hacer nada, aunque le rasquemos por todos lados, porque no está sometido al Estado de Derecho moderno, y no entiende los derechos de los niños".
