El GIEI remarcó que los documentos y las declaraciones de parte de agentes de la Sedena muestran incongruencias con respecto al hallazgo del cuerpo del normalista Julio César Mondragón, así como sobre las comunicaciones intervenidas por medio del Centro Regional de Fusión de Inteligencia.
Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).– La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no solamente obstaculizó y negó el acceso a documentos que podrían esclarecer el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino que incurrió en inconsistencias al brindar información y declaraciones sobre el nivel de involucramiento de algunos de sus miembros, acusaron los integrantes del Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante la presentación de su sexto y último informe.
El grupo de expertos ya había anticipado su salida del país debido a la falta de transparencia por parte de la dependencia, a pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto con el cual había instruido al Ejército que abriera todos los expedientes necesarios para brindar verdad y justicia a los familiares de los normalistas.
«Tanto la detención como el ocultamiento [de información] son parte de la desaparición forzada», acusó el GIEI en su informe a las autoridades mexicanas, entre ellas la Sedena, por su responsabilidad en los hechos.
Durante la presentación del documento, Carlos Beristain apuntó que algunas de las principales incongruencias de la Sedena es con respecto al hallazgo del joven normalista Julio César Mondragón, quien fue localizado horas después de la desaparición forzada con signos de tortura, fracturas y sin rostro.
«Según un documento de la Zona Militar 35 de Chilpancingo, el lugar en el que habría aparecido Julio César Mondragón no es el lugar referido de la zona del Andariego en Iguala, la zona industrial, sino sería un lugar llamado Mexcaltepec, [en el municipio de Taxco de Alarcón]», detalló.
Otras dos incongruencias por parte de Sedena que fueron identificadas fue que el 41 Batallón aseguró haber llegado a las 8 horas a la zona del Andariego donde encontró el cuerpo de Julio César Mondragón, y este mismo batallón indicó que encontró el cuerpo tras una llamada anónima en la zona industrial de Iguala; mientras que otro del 27 Batallón, que ha formado parte de la versión oficial hasta ahora, indicó que la Sedena llegó a las 10 horas y fue este batallón quien llegó al lugar de los hechos.
Los militares, concluyeron los expertos, sólo modificaron sus declaraciones una vez emitidos los resultados de los hallazgos del GIEI.
NIEGAN EXISTENCIA DE CRFI Y SIGNIFICADO DE CMI
Por su parte, la experta Ángela Buitrago recordó que las comunicaciones que hubo entre agentes fueron alteradas. «Los totales del CRFI [Centro Regional de Fusión de Inteligencia] no los tenemos. La pregunta es: ¿son importantes? Son importantísimos, pero además las comunicaciones, porque aquí lo que se ve es que editan partes de esas comunicaciones y queremos saber, en tiempo real (…) y a la defensiva, nos dicen que no hacían monitoreo técnico para evitarse las consecuencias de ser investigados por este tipo de cosas».
La revisión de los documentos de la Sedena demuestra que existía un Centro Regional de Inteligencia en Iguala, con plena operatividad, desde 2014, el cual realizaba seguimientos técnicos que implicaban escuchas o interceptaciones telefónicas y de mensajes, desplazamiento de personal del Ejército para verificación de entrevistas y reconocimiento de lugares en la zona de Guerrero.
Pero más allá de eso, la Sedena también argumentó que este Centro de Inteligencia no dependía de la dependencia sino del CISEN, y por lo tanto de la Secretaría de Gobernación, que en ese entonces estaba a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong.
Sin embargo, la dependencia negó a inicios de las diligencias del GIEI y nuevamente en la actualidad que el centro operara en dicha época y aseguró que fue hasta finales de 2015 cuando se construyó.
Por otro lado, en uno de los documentos revisados por los expertos independientes se identificaron las siglas «CMI», correspondientes a «Centro Militar de Inteligencia», aunque la Sedena negó a la pregunta expresa de la UEILCA (Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa) su significado y aseguró que se trataba de «Contenido Mediatico de Información (CMI) referencia designada a un documento o serie de estos para su resguardo siendo coyunturales y mediáticos».
«El GIEI advirtió de que dichas respuestas constituyen falsedad documental y obstrucción a la búsqueda de los desaparecidos, derecho a la verdad y la justicia, así como incumplimiento de las órdenes presidenciales», remarcó el informe.
ALTERARON DATOS Y BITÁCORAS
También a través del informe, el GIEI expuso diversos momentos en los cuales tanto la Sedena como los Órganos de Búsqueda de Información (OBI, inteligencia militar) retuvieron datos al «ocultar los hechos o, en su caso, de no proporcionar la información existente», y también señaló el ocultamiento de las actuaciones del 27 Batallón, así como «otras instituciones y cargos de Sedena» y de la Semar.
«Tanto los reportes de Sedena como del Cisen muestran que se tenía un control minucioso de la movilización de los jóvenes hasta las 20h30 de la noche, con reportes cada poco tiempo de sus acciones. Incluso se reporta de manera constante hasta la 21:30 Sin embargo, existe un apagón informativo después», explica el informe en su página 34. «(…) Si bien todas las corporaciones tenían antes detalles precisos sobre los movimientos de los jóvenes, horas y lugares, dicha información no aparece a partir de su entrada en Iguala. Todo ello muestra un comportamiento coordinado, de ocultar los hechos o, en su caso, de no proporcionar la información existente. Incluso la adulteración de bitácoras, de números de las patrullas lo demuestra».
Las averiguaciones del GIEI apuntaron a que miembros y directivos de las policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, así como las corporaciones estatales y federales, «ocultaron información, mintieron en otros casos, modificaron documentos, bitácoras o cambiaron declaraciones y documentos con objeto de ocultar los hechos o sus responsabilidades» al modificar numeración de patrullas y alterar registros de entrada y salida, así como ocultar su papel en lugares donde se demostró que estuvieron agentes.
«Estas acciones no solo constituyen en algunos casos alteración de documentos o propiedades oficiales o acciones ilegales, sino que se orientan a desviar la investigación, a lograr la impunidad e impedir el esclarecimiento del destino de los normalistas», acusó el organismo internacional.
Igualmente, los expertos identificaron en su informe que un grupo de jóvenes fue detenido y llevado a la comisaría de Barandillas, lo cual se desconocía hasta recientemente; y mientras que se dividieron en grupos, uno de ellos fue llevado por la salida hacia Iguala y otro en dirección hacia Chilpancingo.
«Al menos 17 jóvenes fueron llevados a Barandillas donde fueron detenidos, golpeados, maniatados, tumbados en el suelo y luego sacados de dicho lugar por policías municipales de Iguala y Cocula. Si bien hay versión de que un grupo de jóvenes fue llevado desde ahí hacia Loma de Coyotes, en una salida de Iguala hacia la carretera de Cocula, habiendo contradicciones sobre lo sucedido», indicó el informe. «Otro grupo fue llevado por la salida de Iguala en dirección Chilpancingo, sin saber hacia qué lugar. Solo en su quinta declaración, ya ante UEILCA, el OBI M. señaló que de los jóvenes que se encontraban en el Palacio de Justicia, un grupo fue llevado en patrullas hacia Iguala y otro en dirección Chilpancingo».
Cuando la GIEI solicitó conocer quiénes habían realizado los monitoreos técnicos de los jóvenes o bien acceder a documentos originales para conocer qué otra información se recogió, la Sedena negó tener conocimiento de los documentos e incluso el haber realizado las interceptaciones.
Finalmente, el grupo internacional apuntó que el Ejército tenía, desde inicios de octubre de 2014, una investigación sobre la participación que la policía municipal de Huitzuco tenía con Guerreros Unidos, mismas que nunca se aportaron a la Procuraduría General de la República (PGR) ni se dieron a conocer los resultados.
«Hay que tener en cuenta que Sedena contaba con información y documentos que señalaban ya entonces [en octubre de 2014] al jefe de Policía de Huitzuco D. de estar coludido con la delincuencia organizada, tal y como se ha podido ver en el documento reproducido al inicio del apartado sobre actuación del Ejército», apuntó el sexto informe del GIEI.
A lo largo de los ocho años de trabajo que hizo el grupo de expertos en México, evidenciaron en numerosas ocasiones la falta de evidencia para sostener la llamada «versión histórica» del entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que aseguraba que los normalistas habían sido secuestrados por el grupo criminal Guerreros Unidos, mismo que ordenó el asesinato de los estudiantes y la incineración de sus cuerpos que, según esta versión, habrían sido arrojados al Río Cocula, un lugar en donde fue exhibido el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, actualmente prófugo, plantando evidencia junto a uno de los detenidos.
