La defensa apuntó que la nueva postura del Gobierno de México violenta los acuerdos del Consejo de Administración de Pemex al aumentar la cantidad para resarcir el daño, y que carece de cualquier fundamento técnico y jurídico, pues "es ilegal".
Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- La defensa de Emilio Lozoya Austin aseguró que el exdirector general de Pemex se encuentra privado de su libertad por "una decisión de Estado", pues argumentó que el incremento de 10.7 a 30 millones de dólares como pago del acuerdo reparatorio es "ajeno al orden constitucional y violatorio de sus derechos fundamentales".
De acuerdo con un comunicado compartido en redes sociales, los litigantes Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso consideraron que el aumento del monto es una "situación ilegítima", ya que le restringe a Lozoya Austin la posibilidad de acceder a un acuerdo preparatorio y un criterio de oportunidad, y acusaron que se trata de "una decisión de Estado".
"Esta situación ilegítima que pretende mantenerse -en agravio de un testigo colaborador como lo es Lozoya Austin-, restringiendo al máximo la posibilidad de acceder a un acuerdo preparatorio y un criterio de oportunidad, incrementando injustificadamente el monto de la reparación del daño aplicable a los casos Odebrecht y Agronitrogenados", dijeron los abogados.
Comunicado 7/2023 de la defensa de la Familia Lozoya Austin: pic.twitter.com/ja9oZpgXro
— Miguel Ontiveros (@OntiverosAlonso) July 20, 2023
"Sin justificación alguna y de manera desproporcionada y contraria al derecho, se aumentó -arbitrariamente y hasta un 200 por ciento- el monto de la reparación del daño, que pasó de 10.7 de dólares a 30 millones de dólares", se quejaron.
Asimismo, la defensa denunció que "la nueva postura del Gobierno de México no sólo violenta los acuerdos del Consejo de Administración de Pemex y las acusaciones coadyuvantes de dicha empresa y la de UIF [Unidad de Inteligencia Financiera], sino que al carecer de cualquier fundamento técnico y jurídico, es ilegal, por lo que ningún órgano jurisdiccional aceptaría firmar un documento de esa naturaleza, por atentar contra los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación".
El pasado 18 de julio, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), no logró llegar a un acuerdo reparatorio en el caso Agronitrogenados, en el que está acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que el Gobierno federal aumentó el monto de 10.7 a 30 millones de dólares, por lo que seguirá en prisión.
Durante su comparecencia, Lozoya calificó de exagerado el nuevo monto del Gobierno y afirmó que raya en la “extorsión”, mientras que su abogado, Miguel Ontiveros, lo consideró como ilegal, luego de que los 10.7 millones de dólares ya habían sido aprobados por el Consejo de Administración de Pemex.
Al no llegar a un acuerdo, el Juez de Control federal, Gerardo Alarcón López, determinó aplazar la audiencia para el 31 de agosto.
Previo a la audiencia, el abogado Ontiveros aseguró que no permitiría un diferimiento más de la audiencia y esperaba que la postura tanto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de Pemex le fueran favorables al exfuncionario, ya que, insistió, existían todas las condiciones para la firma del acuerdo. Algo que no ocurrió.
“Hay todas las condiciones para un acuerdo, nosotros no vamos a aceptar ya ninguna prórroga, la privación de la libertad ilegítima en agravio de Emilio Lozoya Austin, las condiciones ilegítimas en las que se encuentra su señora madre, su hermana, su esposa, ya no aguanta más tiempo. Entonces nosotros no solamente no vamos a solicitar ninguna prórroga, sino que tampoco vamos a aceptar ninguna solicitud de prórroga para estos efectos. Vamos con todo el ánimo de proceder a la firma del acuerdo en los términos aprobados por el Consejo de Administración de Pemex”, expresó a medios de comunicación previo a su sesión del pasado martes 18 de julio.
Ontiveros añadió que Emilio Lozoya estaba dispuesto a ser un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), y que así pueda salir en libertad.
“Creemos que en marco del estado constitucional lo debido es otorgarle el reconocimiento como un testigo colaborador, como lo sostiene el propio reglamento federal en México, que salga en libertad, que se suspenda el ejercicio de la acción penal, no solamente a favor de él, sino también de su familia y que continuemos trabajando con la FGR”, recalcó el abogado.
Finalmente, destacó que la propuesta continúa igual a la que se presentó el año pasado con base en la determinación del Consejo de Administración de Pemex, cuyo monto para los casos de Agronitrogenados y Odebrecht se fijó en 10 millones 736 mil 351 dólares.
