Hanoi, Vietnam, 6 de julio (AP).— Un grupo de activistas por los derechos humanos denunció decenas de abusos medioambientales y laborales de empresas con inversión china implicadas en la extracción o el procesamiento de minerales empleados en energías renovables.

El reporte publicado este jueves en Londres por el Centro de Recursos de Derechos Humanos y Negocios enumeraba 102 casos de supuestos abusos en todas las fases del empleo de esos minerales, desde las prospecciones iniciales a la obtención de licencias de minería o el procesamiento del material.

El grupo analizó las cadenas de suministro de nueve minerales: cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel, zinc, aluminio, cromo y los llamados metales raros. Todos son vitales para productos de alta tecnología como placas solares y baterías para vehículos eléctricos.

Indonesia, con 27 casos, tenía la cifra más alta, seguida de Perú con 16 y República Democrática del Congo con 12. En Myanmar se identificaron 11 y en Zimbabue siete.

Unos dos tercios de los casos implicaban violaciones de derechos humanos, que afectaban principalmente a comunidades indígenas.

Muchos proyectos con inversión o gestión de firmas chinas se encontraban en países ricos en minerales pero con “opciones limitadas para que las víctimas buscaran compensaciones”.

Para limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius, el objetivo marcado por el acuerdo climático de París de 2015, el mundo debe triplicar su capacidad de energías limpias para 2030 en comparación con la del año pasado, según la Agencia Internacional de la Energía. Eso ha provocado una carrera por los llamados “minerales de transición”, como el cobalto, el cobre, el litio y el zinc, necesarios para las tecnologías de energía limpia.

China no es la única. Un baremo separado del grupo activista identificó supuestos abusos similares de compañías con sede en Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y Canadá, aunque China juega un papel vital en la extracción, el procesamiento y el refinamiento de estos minerales, así como en la fabricación de placas solares, turbinas eólicas y baterías para vehículos eléctricos. De modo que sus empresas son clave para garantizar la igualdad y justicia de la transición global de los combustibles fósiles a las renovables.

“La conclusión es que si la transición energética no es justa, no será tan rápida como debe ser y no alcanzaremos nuestros objetivos climáticos”, señaló Betty Yolanda, directora de programas regionales de la organización.

El cambio climático tiene un impacto desproporcionado sobre los pobres del mundo, que son los que menos han contribuido al calentamiento y ahora cargan con el grueso del impacto negativo de la extracción de minerales necesarios para la transición a las renovables, afirmó, en declaraciones en nombre de los autores del informe.

Las energías renovables no deben seguir la lógica de los megaproyectos. ❌

Exige una transición energética apegada a los derechos humanos y con respeto a ecosistemas. >> https://t.co/vz5FBPLBPe pic.twitter.com/J3gbFsbnJj

— Greenpeace México (@greenpeacemx) June 28, 2020

Los autores no quisieron ser identificados de forma pública por miedo a represalias.

Países ricos como Australia que tienen una abundante riqueza mineral no necesitan inversión extranjera para minería, aunque a menudo los proyectos sí tienen inversores extranjeros. Sin embargo, países en desarrollo ricos en cobre, como Perú, o en níquel, como Indonesia y Filipinas, cada vez dependen más de la inversión y la experiencia china para extraer y procesar esos minerales, en general con menos salvaguardas regulatorias.

“Este es el momento de no cometer los mismos errores del pasado. La transición de energía renovable debe hacerse de una forma justa y equitativa”, dijo Eric Ngang, asesor de política global del Departamento de Gobernanza y Recursos Naturales de Global Witness, una organización sin fines de lucro con sede en Gran Bretaña y que no participó en el informe.

La falta de salvaguardas firmes contra esos abusos facilita las prácticas corruptas que benefician a las empresas y a políticos deshonestos a expensas del medio ambiente y los derechos humanos.

En torno al 42 por ciento de las acusaciones de violaciones de derechos humanos en el reporte se concentraban en Asia y el Pacífico, el 27 por ciento correspondían a América Latina y el 24 por ciento a África. Más de la mitad eran casos de daños medioambientales, a menudo de pérdida de acceso a agua limpia. Más de un tercio implicaban acusaciones de que se habían violado los derechos de los trabajadores, la mayoría en relación a riesgos de salud y seguridad en el trabajo.

Es probable que los casos identificados sean “la punta del iceberg”, señaló Yolanda, ya que el informe dependía de información disponible de forma pública sobre los supuestos abusos cometidos por las compañías, casos en los que la sociedad civil había emprendido acciones o donde se habían reportado ataques a activistas. “Es muy difícil recibir información de países con muy poca libertad civil y de zonas de conflicto”, añadió.

El documento indicó que mejorar las protecciones es crucial conforme los países intentan retener parte del valor de su riqueza mineral, al requerir a compañías mineras y de otros tramos de la cadena de suministro que construyan fundiciones y otra infraestructura. Por ejemplo, Indonesia, que tiene el mayor suministro mundial de níquel, intenta convertirse en núcleo para fabricar vehículos eléctricos y baterías de níquel para crear una cadena de suministro completa que incluye inversiones chinas.

Sin salvaguardas, estas ambiciones “podrían verse terriblemente comprometidas” por el daño causado a la gente y al entorno, indicó el informe.

Apenas siete de las 39 compañías mineras chinas mencionadas en el documento habían publicado políticas de derechos humanos, y pese a los compromisos de transparencia, la organización sólo recibió cuatro respuestas de 22 firmas del sector con las que contactaron por las acusaciones.

La compañía china Huayou Cobalt admitió “parcialmente” las acusaciones de daño ambiental en Indonesia al reconocer los desafíos sociales y medioambientales, señaló el reporte. Pero la empresa negó la supuesta explotación de trabajadores chinos en otro proyecto. Ruashi Mining dijo que las acusaciones de violaciones de derechos humanos en República Democrática del Congo eran falsas y el conglomerado estatal Norinco negó tener lazos de corrupción con la cúpula militar en Myanmar.

➡️ Esta entrega beneficiará a un total de 117 personas en la comunidad, quienes podrán utilizar #EnergíaRenovable para mejorar su calidad de vida y reducir su dependencia de fuentes no renovables. pic.twitter.com/6UNu1hlRme

— PRONADERS_HN (@pronaders_hn) July 6, 2023

China no tiene leyes que regulen el impacto de las empresas y cadenas de suministro chinas en el extranjero, y las normas al respecto son principalmente voluntarias. Esos problemas se están abordando en Estados Unidos y Europa, y el reporte indicó que Japón y Corea del Sur son cada vez más diligentes en cuestiones de derechos humanos y medio ambiente en sus marcos regulatorios.