Santa María Ostula ha creado un refugio para desplazados internos y sus propios habitantes a pesar de la presencia de grupos criminales en la región e incluso ataques a manos del Ejército mexicano, que en conjunto ha dejado un saldo de 39 muertes y al menos cinco desapariciones desde el 2008.
–Con información de Heriberto Paredes
Santa María de Ostula, Michoacán, 8 de julio (SinEmbargo).– Entre olas de mar que chocan contra las costas michoacanas y los montes que dividen el Océano Pacífico y el resto del estado, también azotado por una creciente violencia, el pueblo nahua de Santa María Ostula ha creado un refugio para desplazados internos y sus propios habitantes pese a la presencia de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Caballeros Templarios, pero al costo de 39 muertos y al menos cinco desaparecidos desde el 2008.
A 14 años de la recuperación del territorio Xayakalan, ubicado en el municipio de Aquila, los comuneros celebraron el pasado 29 de junio el regreso a tierras ancestralmente suyas con una fiesta a la que asistieron centenas de habitantes que entre caldo de res, baile y música; han encontrado la manera de conmemorar la alegría por el espacio ganado y honrar a quienes han dado la vida por ello.
"Acérquense un poquito más, es de nosotros esta tierra", dijo Ezequiel Celestino, el Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula, mientras que los habitantes se mostraban renuentes a pisar más cerca de los límites que marcan el espacio donde la Guardia Comunal del pueblo nahua mantiene control y donde cédulas del narcotráfico aterrorizan a michoacanos. "Estamos reconociendo nuestro territorio comunal, por nuestros ancestros que nos dejaron la encomienda de cuidar y defender nuestro territorio comunal. (...) En una comunidad, no tiene que estar separados cada quien, sino [estar juntos] por una causa, por una lucha, así como los que dieron la vida por nosotros".
La máxima autoridad de tierras denunció que la comunidad había sufrido acoso y constantes agresiones por parte de grupos paramilitares y criminales que operaban en la zona. "[Ellos] persiguen, asesinan y desaparecen a integrantes de nuestra comunidad, con total impunidad y a la vista de todos los niveles de Gobierno, debido a la complicidad de este último con los grupos criminales", denunció Celestino.
Ya desde el 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había advertido de la violencia contra la comunidad de Ostula, al haber emitido medidas cautelares a favor de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles y Francisco de Asís Manuel por haber sido "presuntamente desaparecidas por grupos ilegales armados que operarían en la localidad de Santa María de la Ostula, Municipio de Aquila". En ese momento, la organización internacional acusó que las autoridades estatales no habían "realizado las medidas necesarias para determinar lo sucedido, su paradero y su situación actual".
"Las desapariciones [del 2010] no han sido aclaradas por ninguna instancia de Gobierno, lo que significa una herida viva para nuestra comunidad y para los pueblos indígenas de México", reclamó al respecto el Comisariado.
En el 2015, tanto la CIDH como la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México (CNDH) emitieron una advertencia tanto para el Gobierno federal como el estatal, entonces a cargo del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, tras el asesinato de Hidelberto Reyes, un niño de 12 años que resultó muerto en un operativo realizado por miembros del Ejército mexicano y policías del orden local el 19 de julio de ese año. En ese momento, la comunidad dejó de permitir el paso a las Fuerzas Armadas sin su autorización y sin el acompañamiento de la Guardia Comunal de Ostula.
En este contexto, este grupo armado de Ostula representa una figura para reforzar la seguridad en la comunidad ante la desconfianza al Estado mexicano y las Fuerzas Armadas, y contra la presencia de grupos criminales en la región.
"No abandonaremos [lo que recuperamos] a costa de nuestras vidas; nunca más permitiremos un nuevo atraco, un nuevo despojo, en contra de nuestra comunidad. Entendemos claramente que ante los poderosos intereses del narcotráfico, y el gran capital extranjero, esta lucha resulta crucial para nuestra comunidad, y en ello su futuro", recalcó Celestino.
Todavía este año, el 2023, se han registrado cuatro muertes de comuneros de Santa María Ostula: las de los integrantes de la Guardia Comunal Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano en enero; y más recientemente del exjefe de tenencia Juan Medina el pasado 14 de abril.
RECORDANDO A QUIENES DIERON LA VIDA
El primer ataúd a raíz de la resistencia que emprendió la comunidad agraria fue del profesor Diego Ramírez Domínguez, quien fue asesinado el 26 de julio de 2008. El maestro, muy querido en la comunidad, coordinaba el grupo elegido por la asamblea general para emprender la recuperación de tierras. Este retorno al territorio de Xayakalán por el cual Ramírez perdió la vida se dio finalmente el 29 de junio de 2009, cuando triunfales varios cientos de habitantes caminaron la tierra que antes era dominada por cárteles del narcotráfico.
A pesar de esta victoria, los homicidios relacionados con la operación de grupos criminales como el CJNG y los Templarios no se detuvieron. Al profesor Diego Ramírez le siguieron el de Simón Pinera padre e hijo, el 15 de agosto de 2009 ambos, junto con Erik Nemecio Domínguez. Luego se dieron los de Quintín Régis Valdéz, Froylán Medina Álvarez, Demetrio Olivero, Humberto Santos, Venancio Ramírez Cirino, Manuel y Miguel Ángel Flores Álvarez, José y Horacio Martínez Ramos, Pedro Leyva, Trinidad de la Cruz y Teódulo Santos, y así siguió hasta el año en curso. En total, 39 asesinatos y cinco desapariciones en los últimos 15 años.
La lista la leyó en voz alta el Comisariado de Bienes Comunales, que es la máxima autoridad agraria en la comunidad, durante el cuartodécimo aniversario de la recuperación de tierras de los nahuas, el pasado jueves, y terminó con el más reciente: el de Juan Medina, comunero y exjefe de Tenencia que fue asesinado este año como venganza, denunciaron los habitantes, por cumplir con sus funciones de autoridad civil al haber detenido a una persona que trató de cruzar parte del territorio de Ostula en una camioneta con costales llenos de mariguana.
Su hermana Socorro, una de las primeras mujeres en ocupar cargos de autoridad en la comunidad, fue muy enérgica al referirse al homicidio de su hermano: “Mi familia y yo queremos justicia por la muerte de mi hermano. Hemos dado todos los elementos y levantado la denuncia correspondiente, pero el asesino sigue libre y no hay autoridad que lo persiga”.
Los ataques contra Santa María Ostula también es una muestra de cómo ha incrementado la violencia en la región Sierra-Costa michoacana donde hay explotación minera. La comunidad se encuentra en el municipio de Aquila, cuya cabecera del mismo nombre denunció la desaparición del abogado Ricardo Lagunés y el líder comunitario Antonio Díaz en enero de este año, quienes mantenían un litigio para que los habitantes obtuvieran sus respectivas regalías de la empresa extractivista Ternium.
Por su parte, Ostula se ha opuesto completamente a que exista cualquier tipo de actividad minera en su territorio. En entrevista con SinEmbargo a finales de abril, Nataniel Hernández, integrante de la Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), detectó que un factor común entre las personas agredidas y asesinadas en esta zona de Michoacán tenían un trabajo y actividades vinculadas a la defensa del territorio.
“Lo que pasa en Michoacán es sólo una muestra de lo que ocurre en el resto del país“, expuso en ese momento. “Hay proyectos mineros en marcha, y otros que fueron suspendidos por la oposición o la resistencia organizada de las comunidades (…) y también hay cierto incremento de agresiones a defensores que han convocado a la resistencia organizada, pacífica y civil, y denunciado las irregularidades de estas empresas mineras. Nosotros consideramos que una parte de los factores de riesgo tiene que ver justamente con la actividad minera, y también con la participación de grupos criminales que operan en la región, y esto es atado evidentemente a un clima de asesinatos, de agresiones graves a personas defensoras. Es una mezcla de factores que pone en riesgo la vida de las personas ahí en la región, y en otras partes del país, también”.
UN REFUGIO PARA LOS EXILIADOS
Así como para los originarios de Santa María Ostula, la presencia de la Guardia Comunal ha permitido una vida con mayor seguridad frente a los ataques de los cárteles de droga y ante la desconfianza de las Fuerzas Armadas mexicanas –que han sido señaladas por los habitantes por agresiones y la muerte del niño Edilberto–, también habitantes de las poblaciones vecinas han encontrado un refugio en el territorio nahua.
La organización Serapaz, que hace trabajo de campo en la región con desplazados internos, ha identificado que personas originarias de Pómaro, Huizontla y La Placita han huido a Ostula para librarse de la violencia. Este es el caso de Juana y Alejandro Reyes, una pareja que a sus respectivos 96 y 104 años han encontrado un nuevo hogar en la comunidad.
El matrimonio vivía en Pómaro hasta que "la gente mala", como nombraron a grupos armados, entraron a la comunidad y les despojaron de sus terrenos. "Yo tenía a mis trabajadores, mi tierra, pero llegó gente armada, mala, y tuve que irme", expresó Alejandro. Él, junto con su esposa e hijos, llegó a Ostula, cuyos habitantes le brindaron una vivienda y apoyaron para que se integrara.
"Ostula me ayudó", reconoció. "Yo doy las gracias, les soy agradecido. (...) Yo quisiera regresar a Pómaro, pero no puedo".
Por su parte, Juana compartió que en Ostula se siente "a gusto" ya que conoce a gente, y más segura que en Pómaro, a donde intentaron regresar en varias ocasiones pero cuyo contexto de violencia impidió que volvieran a casa.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) detectó que en el 2021 se registraron 13 mil 515 personas desplazadas en el estado de Michoacán, de las cuales cientos provenían de municipios vecinos de Aquila como Coalcomán de Vázquez Pallares, Coahuayana, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Chinicuila.
