Por Natalia Cordero*
En el año de 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en la Resolución 52/149, el día 26 de junio como el “Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura” con el objetivo de lograr la erradicación total de la tortura y la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y desde ese momento, cada año se conmemora esta fecha en distintas países. En México, 30 años después, la ocurrencia de esta violación grave en el país, así como la obligación estatal para implementar y adecuar nuestro marco normativo a los más altos estándares internacionales en materia de combate a la tortura dieron pie a la promulgación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGPIST) el 26 de junio del año 2017.
Desde entonces, ha habido algunos avances en el cumplimento de esta Ley, como la creación del Registro Nacional del Delito de Tortura, pero también siguen subsistiendo grandes pendientes como la publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (PNT); ambas, políticas públicas fundamentales para el combate del delito de tortura y más aún para prevenir su incidencia, pues contrario a lo que se dice desde el discurso presidencial, la tortura sigue siendo una realidad existente en el México de hoy.
De acuerdo con la información obtenida por el Observatorio contra la Tortura, tan sólo en el año 2022 se iniciaron 5 mil 500 investigaciones por tortura o malos tratos, en el mismo periodo sólo 82 casos fueron conocidos por la autoridad judicial y sólo 10 casos culminaron en sentencia, es decir que del total de los casos sólo el 0.17 por ciento tuvo la posibilidad de tener acceso a la justicia. Por su parte, también en el 2022, a nivel estatal sólo se repararon 14 casos en 4 estados: Aguascalientes (2), Chihuahua (6), Sinaloa (3) y Tamaulipas (3), mientras que a nivel federal no se reportó que se hayan otorgado medidas de reparación integral por este delito.
En este contexto, a seis años de la publicación de la LGPIST, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, estamos convocando al Foro público “Rostros y voces de la Tortura en el México de hoy”, el próximo miércoles 28 de junio a las 10:00 horas, a través del cual, se busca propiciar un espacio de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas relativos a la prevención y combate a la tortura, a autoridades federales y miembros de organismos de Naciones Unidas especializados en la materia, a fin de hacer un balance sobre la implementación de la LGPIST a nivel federal y de algunos contextos estatales –como Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca–. Así como los retos que subsisten en la materia y generar un espacio para compartir experiencias y exigencias de justicia, verdad y reparación integral desde las voces de quienes han sobrevivido a esta grave violación a derechos humanos y que dan muestra de que este delito sigue subsistiendo aún en la actualidad, pero sobre todo alzando la voz para exigir su erradicación.
Por ello, invitamos al público a este evento de manera presencial o virtual, para sumarnos a las exigencias de justicia de las personas sobrevivientes de tortura y sus familiares; para demandar el cumplimiento cabal y urgente de la Ley General de Tortura a todas las autoridades involucradas, según lo establecido en dicha norma; y, para recordarle al Estado mexicano que la erradicación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, no dependen de negar la ocurrencia del delito sino del esfuerzo conjunto y coordinado de las autoridades de todo los niveles de Gobierno para combatir la impunidad que permea sobre esta grave violación a los derechos humanos, así como de garantizar la participación activa de la sociedad civil organizada y más aún de las víctimas y sus familiares que han tenido que enfrentarse a las consecuencias que deja el uso de la tortura.
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* Natalia es investigadora en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de
@FundarMexico.
