El Presidente salvadoreño podrá contender por el cargo para repetir su mandato, ya que la Corte Suprema de Justicia lo habilitó a través de una resolución en el que interpreta a favor de Bukele el Artículo constitucional que en teoría prohíbe la reelección.
Por Marcos Alemán
San Salvador, 26 de junio (AP).— El Presidente salvadoreño Nayib Bukele se inscribió como precandidato para participar en los comicios presidenciales de febrero de 2024 en los que buscará gobernar el país por otros cinco años, pese a que según abogados y opositores la Carta Magna prohíbe la reelección.
“Comunicamos al pueblo salvadoreño que el Presidente Nayib Bukele y el Vicepresidente Félix Ulloa ya están inscritos como precandidatos para Presidente y Vicepresidente de la República de El Salvador, en el partido más grande de El Salvador. Las Nuevas Ideas son Invencibles”, informó el lunes esa fuerza política en su cuenta oficial de Twitter. Más tarde el mandatario replicó el tuit de su partido.
En septiembre de 2022 Bukele anunció que buscaría la reelección, un año después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, designada por sus aliados en el Congreso, lo habilitó para postularse.
La Constitución prohíbe la reelección presidencial pero Bukele podrá optar a ella debido a que dicha Sala emitió una resolución en la que interpretó que un Artículo de la Carta Magna permite que el Presidente participe en la contienda electoral por una segunda ocasión y que será el pueblo quien tomará la decisión en las urnas.
La Sala también ordenó al Tribunal Supremo Electoral dar cumplimiento a la resolución. Casi de inmediato, el Tribunal afirmó que acataría esa disposición.
Sin embargo, abogados constitucionalistas sostienen que la postulación de Bukele viola al menos cuatros artículos de la Constitución, entre ellos el 154 que establece que "el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.
El abogado Eduardo Escobar, de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, dijo que Bukele "no tiene derecho a reelegirse, esa es la regla, si lo hace es contrario a la Constitución”.
“El partido del Presidente está llevando al mismo Presidente que está ahora, cuando la Constitución dice que está prohibido”, coincidió el abogado Rubén Zamora, un veterano político que dirige la organización civil Resistencia Ciudadana, que busca unificar a la oposición para presentar un candidato en 2024.
Finalizando el día, comunicamos al pueblo salvadoreño que el Presidente @nayibbukele y el Vicepresidente @fulloa51, ya están inscritos como precandidatos para Presidente y Vicepresidente de la República de El Salvador, en el partido más grande de la historia de El Salvador 🇸🇻😎… pic.twitter.com/k9Ki4Fjxca
— Nuevas Ideas (@nuevasideas) June 26, 2023
Pero la abogada penalista independiente Tahnya Pastor dijo en un programa de entrevistas que "estaba prohibido, ahora la Sala lo avaló. Lo que no quieren entender algunos, si la constitución lo dice es cierto, pero hay una habilitación vía Sala y ese es un tema superado y ya no hay ninguna discusión al respecto”.
Agregó que lo único que podría impedir la postulación de Bukele es que el Tribunal Supremo Electoral la considerara inaplicable, pero explicó que finalmente lo debería resolver la misma Sala que ya habilitó al mandatario a ser candidato.
Hasta el momento también han presentado precandidatos el partido conservador Nuestro Tiempo, que lleva al militar y abogado Luis Parada encabezando la fórmula junto a Celia Medrano. En tanto, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional informó que ya se inscribieron los precandidatos Manuel Flores y Werner Marroquín para Presidente y Vicepresidente.
Bukele, que asumió el 1 de junio de 2019 y mantiene un alto nivel de popularidad que no ha bajado del 80 por ciento, ya recibió el apoyo para su reelección de sus partidos aliados en el Congreso.
Los niveles de aceptación de Bukele aumentaron con la aplicación del estado de excepción para combatir a las pandillas.
“La gente evalúa muy bien al Presidente y al Gobierno en general, está bastante demostrado: el 70.8 por ciento considera que está haciendo bien las cosas, el 72.6 por ciento cree que la imagen del Presidente ha mejorado, el 97.7 por ciento cree que la violencia ha disminuido y el 81.8 por ciento que el régimen de excepción ha ayudado mucho a controlar la delincuencia”, dijo en conferencia de prensa el vicerrector de proyección social de la católica Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Omar Serrano.
Ese estudio le da también al Presidente Bukele una calificación de 8.48 en una escala de 0 al 10, “la cual es la segunda mejor nota desde que comenzó esta administración, la más alta fue hace dos años cuando cumplió dos años este Gobierno”, agregó.
“Nadie puede negar que el país cambió... la gente está contenta con lo que está pasando”, dijo Petronila Zepeda, un ama de casa que regresaba de hacer las compras en un mercado.
Continuaremos dándole gobernabilidad a nuestro Presidente @nayibbukele, para seguir garantizando el país que se merecen los buenos salvadoreños. #Operación2024 pic.twitter.com/xHyuGO0X3l
— Nuevas Ideas (@nuevasideas) June 25, 2023
El Congreso, de amplia mayoría oficialista, aprobó por primera vez el estado de excepción en marzo de 2022 un día después de que se registraran 62 homicidios en una sola jornada, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo.
Desde que se implementó la medida, según cifras oficiales, más de 68 mil supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados, de los cuales más del 90 por ciento tiene detención provisional decretada por un juez, la mayoría por el delito de agrupación ilícita. En tanto, más de cinco mil detenidos han sido liberados porque no se los pudo vincular con las estructuras criminales.
La organización no gubernamental Cristosal documentó que al menos 153 personas detenidas en El Salvador murieron bajo la custodia del Estado durante el régimen de excepción, que suspende la libertad de asociación, que una persona sea informada de sus derechos y los motivos de su detención, así como a contar con la asistencia de un abogado, entre otras restricciones.
