Un grupo de organizaciones regionales e internacionales[1] publicamos ayer un Informe sobre la Libertad de Expresión en Guatemala 2023, como resultado de una misión de observación realizada del 3 al 17 de mayo. Los hallazgos son escalofriantes. La libertad de expresión, piedra angular de toda democracia, está bajo asedio. Visto a la luz de las elecciones que se celebrarán este domingo, la situación no tiende sino a empeorar.

En efecto hay un retroceso democrático derivado del desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, lo que lleva al escalamiento y cooptación del Estado por parte de élites militares, economicas y políticas. Al mismo tiempo, se observa un deterioro institucional que inició desde el gobierno de Jimmy Morales y se ha recrudecido con la administración actual de Alejandro Giammattei. La nota común durante la misión fue el temor de las personas entrevistadas por la consolidación de la impunidad y las estructuras criminales con las elecciones del 25 de junio.

Existe asfixia en el espacio cívico por la fuerte injerencia en diferentes entidades gubernamentales, principalmente en el sistema de justicia, lo cual alienta la impunidad y, como consecuencia, las agresiones a la prensa. Ello se traduce en una elevación de la tasa de criminalización de periodistas, en cuya agudización el papel de la jefa general de Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta y el Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Currruchiche han sido fundamentales.

Destaca en esta situación la aplicación del delito de “obstrucción de la justicia” sobre los periodistas que hacen investigaciones sobre temas de interés público, lo cual llamó la atención de las organizaciones internacionales y de la Relatoria para la Libertad de Expresión de la CIDH. De hecho, el uso desviado de instituciones como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, la criminalización de actores clave -como en el caso de José Ruben Zamora y los 8 periodistas de elPeriodico criminalizadxs - es un botón de muestra de la degradación de las condiciones para un periodismo libre y crítico.

La violencia en contra de periodistas indígenas y comunitarios -que data desde el conflicto armado interno pero hoy día se reactiva con crudeza- persiste debido al contubernio de autoridades locales con poderes fácticos como empresas trasnacionales y de los grupos del crimen organizado que buscan silenciar a las voces de quienes se oponen al despojo de la tierra y riquezas naturales.

Entre las agresiones más recurrentes en territorio, la misión reporta a través de los testimonios, amenazas de muerte de parte del crimen organizado pero también de funcionarios públicos. Ejemplo de ello son los procesos de judicialización o criminalización de su labor como es el caso de Carlos Choc, Norma Sancir, Robinson Ortega, Lucía Ixchuí y Anastasia Mejía, por mencionar solo algunos casos. A este panorama desolador se suma el exilio de al menos 15 periodistas ante procesos de intimidación vía judicial o amenazas, así como la obstrucción de coberturas de interés público, como las audiencias judiciales.

Se observa violencia diferenciada, la cual se agrava cuando existe una intersección de ejes de exclusión, como es el acoso sexual en contra de mujeres periodistas cuando dan cobertura a temas de interés público tanto en el ámbito digital como en el espacio físico; o la discriminación de periodistas por su aspecto físico, pertenencia étnica o uso de su lengua originaria.

Ante el clima de intimidación, silenciamiento y autocensura que opera en contra del ejercicio de la libertad de expresión y prensa en Guatemala, muchas han dejado de firmar sus notas por temor a represalia; esa es una estrategia de autoprotección que desde hace años se observa en países como México o Colombia.

Las instituciones, diligentes para perseguir periodistas, son negligentes para atenderlos cuando son agredidos. En reunión con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos se constató que las autoridades tienen conocimiento del incremento de violencia que experimenta la prensa, pero no hay una voluntad para aplicar la política pública de protección a periodistas.

La misión encontró que las autoridades de justicia están haciendo caso omiso de su mandato, esto lo corroboramos en reunión con la Fiscalía de Delitos contra Periodistas de Quetzaltenango (que atiende a 8 departamentos de la Guatemala). Los problemas de impunidad en dicha fiscalía regional son, de hecho, reflejo de un problema estructural dentro del Ministerio Público: la desestimación de casos en relación al número de periodistas que denuncian es muy alta.

Por otro lado, los periodistas perciben una ausencia de respaldo por parte del actual Procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova, quien tampoco realizó algún pronunciamiento puntual sobre la situación de la prensa en el país.

Por si fuera poco, pese a una legislación que garantiza el derecho de acceso a la información pública, las autoridades han decidido dejar de atender a las solicitudes de información por parte de medios y periodistas.

Un actor siniestro es el resorte de los procesos de persecución judicial contra periodistas (y contra jueces y fiscales que llevaron macroprocesos). La Fundación Contra el Terrorismo, una organización de ultraderecha que se identifica con las élites político-militares procesadas durante el mandato de la CICIG, recurre a tácticas de presentar querellas y filtrar información judicial considerada “bajo reserva” que anuncia nuevas acusaciones contra actores críticos e incómodos para el gobierno. Paradójicamente el terror es su estrategia.

Bajo este contexto, están dadas las condiciones de vuelta y recrudecimiento del autoritarismo en Guatemala. Quizás la comunidad internacional está a tiempo de evitarlo, antes de que sea demasiado tarde como en El Salvador o Nicaragua.

[1] Artículo 19, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Freedom House, Free Press Unlimited, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), FUNDAMEDIOS, IFEX-ALC, Protection International Centroamérica, Reporteros sin Fronteras y Voces del Sur.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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