Ayer, la Presidencia de México, a través de su Consejería Jurídica, advirtió que la democracia se vulneraría si se aceptan los “criterios subjetivos” del Ministro Javier Laynez, quien pretende invalidar la segunda parte del Plan B Electoral.
Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró la mañana de este jueves que el proyecto que pretende anular la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral, el cual será discutido hoy por las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se queda en la forma y no va al fondo del asunto.
«Acerca de lo que va a resolver la Corte hoy, de que va a desechar lo de la Ley Electoral, me estaban diciendo que el proyecto que van a presentar ni siquiera va al fondo, se queda en la forma y además considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo. Le van a corregir la plana al Poder Legislativo, ya convertido en Supremo Poder Conservador», dijo.
López Obrador señaló que «en defensa de la minoría conservadora, están argumentando que la Ley no se discutió en el Congreso lo suficiente, cuando sí se discutió y además el bloque conservador en el Congreso no quiso ni siquiera participar en nada».
«Por eso van a anular la Ley Electoral. Claro que es un asunto de forma, pero en la forma hay fondo cuando se trata de la intromisión de un poder en asuntos que competen a otro», subrayó.
El mandatario mexicano advirtió que esta situación traería como consecuencia que «todas las leyes que se aprueben, si se impugnan -porque no se discutieron bien, aunque exista un reglamento en el Congreso y se apegue a ese reglamento-, los del Supremo Poder Conservador anulen las leyes».
«Por eso pienso que es importantísimo que se elijan a los integrantes del Poder Judicial, como se elige al Presidente, como se elige a los diputados, como se elige a los senadores. Que sea el pueblo el que los elija, que no representen a una élite y eso se puede. Yo voy a presentar una iniciativa de reforma en su momento para que el pueblo elija», recordó sobre la propuesta que dio a conocer tiempo atrás.
Aunque el planteamiento desató las críticas de diferentes sectores, el Jefe del Ejecutivo federal defendió la idea de que el pueblo es sabio. «[Argumentan] que el pueblo no sabe de esto. ¿Cómo no? Sabe más que lo que se piensa. ¿Cómo no van a saber los mexicanos si son mayores de edad y están muy conscientes de quién sí puede impartir justicia y quién no? Para que haya justicia auténtica y verdadera», concluyó.
PRESIDENCIA ALERTA QUE SCJN SERÍA JUEZ
Ministro instructor pretende que SCJN cambie criterios para favorecer a la oposición e invalidar Plan B electoral.
Comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.https://t.co/xvw3qqF2eQ pic.twitter.com/idmo7kxitP
— Gobierno de México (@GobiernoMX) June 22, 2023
La Presidencia de México, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, alertó ayer que el proyecto del Ministro Javier Laynez Potisek, que propone invalidar la segunda parte del Plan B Electoral, vulnera el principio de imparcialidad y la democracia, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convertiría en Juez y parte si se aprueba.
«En su proyecto de sentencia, el Ministro Javier Laynez Potisek pretende incorporar un hecho no invocado por la oposición para invalidar el Plan B electoral, lo cual vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional, tal y como lo dispone expresamente el artículo 17 constitucional”, destacó la Consejería en un comunicado.
El Gobierno federal consideró que el Ministro Laynez Potisek propone declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano.
La Consejería recordó que durante la sesión del pleno de la SCJN, celebrada el 8 de mayo de 2023, el Ministro Javier Laynez defendió la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión una fundamentación o motivación precisa para la dispensa del trámite ordinario al afirmar que “no podemos juzgar los méritos que la Cámara tenga para la urgente y obvia decisión”. No obstante, agregó, “ahora cambia su criterio sin exponer razón alguna”.
El Ministro instructor refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo.
“La confusión que atribuye el Ministro Javier Laynez a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas. Que los diputados de oposición no hayan puesto la debida atención a la publicación de la iniciativa y a la conducción de la Mesa Directiva a cargo del Diputado Santiago Creel Miranda, no es razón suficiente para invalidar una Ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión”, detalló la Consejería Jurídica.
Agregó que para favorecer la pretensión de la oposición, el Ministro Laynez Potisek “convierte la decisión de los grupos parlamentarios minoritarios de no participar en el proceso deliberativo durante la aprobación de las reformas a las leyes electorales, en supuestas deficiencias del procedimiento legislativo para invalidar el decreto impugnado”.
La Consejería Jurídica advirtió que en caso de aprobarse el proyecto del Ministro instructor, “la SCJN se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias, y renunciaría a su papel de revisor constitucional de las normas, ya que nuevamente se rehusaría a estudiar el fondo del asunto, lo que implicaría anular la voluntad de la mayoría de la población que otorgó un mandato constitucional al Poder Legislativo para transformar el actual régimen electoral en beneficio del pueblo de México”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá este jueves un proyecto del Ministro Javier Laynez Potisek que propone invalidar la segunda parte del llamado Plan B, es decir, el decreto publicado los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El Ministro solicitó al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal que presentaran su contestación dentro del plazo legal. Asimismo, la SCJN señaló que la suspensión concedida a una parte del denominado Plan B en materia electoral, daría paso a que “las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”.
A través de un comunicado, la SCJN difundió el pasado 19 de junio el proyecto del Ministro Laynez Potisek, en donde se consideró que todas las violaciones acreditadas al analizarse la primera parte del llamado Plan B, también se actualizaron en dicho caso, por la simple razón de que ambos decretos compartieron, en términos generales, el mismo proceso legislativo.
“La Cámara de Diputados [del Congreso de la Unión] jamás expuso razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas; los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el Reglamento de la Cámara de Diputados y, lo más importante, tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues en total se trataba de reformas a más de quinientas disposiciones que nunca fueron dictaminadas, que presentaron en el momento de iniciar la sesión (11:04 de la noche) y que se aprobaron en tan solo cuatro horas”, detalló la SCJN.
Consulta el proyecto de resolución relacionado con las Acciones de Inconstitucionalidad presentadas contra el segundo decreto de las reformas político- electorales. https://t.co/A4M9Kmc4oW pic.twitter.com/PI6gUUgvzA
— Suprema Corte (@SCJN) June 19, 2023
Asimismo, el máximo tribunal constitucional indicó que el proyecto concluía que todas las violaciones, en su conjunto, mermaron gravemente la posibilidad de los legisladores federales de participar de forma activa e informada en la deliberación de las normas sometidas a votación y, por ende, eran suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado.
