El martes lo vimos de nuevo. El Ejército cometió otra ejecución extrajudicial contra cinco personas, otra vez en Nuevo Laredo. Las balas dando de lleno contra el negacionismo presidencial que insiste que en México ya no se violan derechos humanos.

Lo vimos en ese video publicado por El País y varios medios más. Sí se siguen violando derechos humanos. Porque se puede y porque no hay mecanismos que atiendan la crisis que se vive en la materia; porque las atrocidades del pasado no pasan por el tamiz de la verdad, mucho menos las del presente; porque hay impunidad casi absoluta y la reparación del daño a las víctimas se sigue concibiendo como un “favor” o una “dádiva”.

En su informe “Voces contra la indiferencia”, Artículo 19 nos comparte que la actual administración, pese a anunciar lo contrario, carece de una política integral que pueda garantizar justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición a las víctimas de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos.

Tenemos hitos en el pretendido deslinde ético y político de este gobierno: el caso Ayotzinapa y el esclarecimiento de la llamada Guerra Sucia. Hasta ahora, con prospectivas poco alentadoras, ambos casos han puesto en la superficie la tensión existente entre la búsqueda de la verdad-justicia-reparación-no repetición y la profundización de la estrategia de militarización implementada en  estos casos.

En el caso Ayotzinapa, el GIEI reveló omisiones en reportes de la Sedena y la vigilancia a los estudiantes, después conformada en varios documentos hackeados por el grupo Guacamaya. También se ha confirmado la participación en la construcción de la llamada “verdad histórica” por parte de varias entidades gubernamentales durante el gobierno de EPN: la Sedena, la Secretaría de Marina, la policía estatal y la Policía Federal, así como la entonces Procuraduría General de la República (PGR). En su momento, el propio Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, al presentar el informe de la COVAJ confirmó que se trató de un “crimen de Estado”. Pero hay límites. Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, resumió: “Sí habíamos logrado un pequeño avance con este gobierno, un mínimo avance, pero cuando se llegó al punto de tocar el Ejército, ahí se vino todo abajo”. Ahí están las cancelaciones de órdenes de aprehensión contra algunos militares implicados en el caso y la destitución del fiscal Omar Trejo.

Otro hecho revelador  fue el evento del 22 de junio de 2022, en el Campo Militar No. 1 donde, en presencia de las víctimas y sobrevivientes, se admitió el involucramiento del Ejército en el periodo de represión estatal de los años 60 a los 80. Sin embargo, el evento fue opacado por la narrativa de reconciliación del presidente.Tania Ramírez (padre desaparecido, tío ejecutado extrajudicialmente) compartió: “Ya lo insoportable fue cuando escuchamos el mensaje de reconciliación y esta narrativa de ‘olvido’ no, pero ‘perdón’ sí. [...] Es imposible que alguien te llame a la reconciliación sin una revisión de los hechos sin acciones de justicia contra las personas responsables”. Hoy la esperanza pende de un hilo y se llama Comisión de la Verdad, la cual enfrenta todo tipo de obstáculos políticos, burocráticos y presupuestales.

Los dos casos son ejemplificativos de las falencias en la atención institucional de la violencia de estado y criminal. Pero sobre todo, la protección absoluta del Ejército tanto en la retórica como en los hechos. El gobierno actual ha decidido co-gobernar con las instituciones castrenses.

Eso no es todo. Aquí la opacidad es otro elemento relevante. “La primera guerra que las familias enfrentan contra las fiscalías es por la opacidad de las cifras que reportan sobre la crisis de desapariciones”, dice Juan Carlos Trujillo Herrera, hermano de cuatro personas desaparecidas. Según cifras oficiales, entre 2019 y 2022, se han registrado más de 30,000 personas desaparecidas y se estima que, debido al alza y continuidad de la violencia, al finalizar el sexenio la cifra podría ser de más de 60,000. En este contexto se manifiesta una lacerante crisis forense materializada en 52,000 cuerpos sin identificar en fosas comunes y morgues a lo largo del país.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) continúa reproduciendo varias de las deficiencias de su antecesor, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), descontinuado en 2018. Yadira González busca a su hermano Juan González, desaparecido en Querétaro desde 2006. Ella nos dice que “las instituciones han luchado para que las cifras de las desapariciones no reflejen la realidad, porque no les conviene, tanto a los gobiernos locales como al federal”.

Olimpia Montoya, hermana de una persona desaparecida, ha denunciado que en casi seis años de búsqueda ha enfrentado obstáculos para conocer la verdad y  le han negado a Marco Antonio el derecho de ser buscado e identificado. Por eso, con el acompañamiento legal del Centro Prodh, decidió recurrir al Poder Judicial de la Federación, para exigir a la FGR la concreción del Banco Nacional de Datos Forense (BNDF) y el Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas (RNPFN)I, como lo mandata la legislación vigente desde noviembre de 2017. Olimpia considera que la creación del BNDF “nos va a beneficiar a todos, a miles de familias que esperan a sus desaparecidos y hasta a las mismas autoridades”. Después de litigar contra las víctimas, la FGR anunció mediante boletín en el Diario Oficial de la Federación que el BNDF entraría en funciones. Esperemos que cumpla los estándares y cumpla su función.

Para el ejercicio del derecho a la verdad y la construcción de memoria, los archivos oficiales son piezas fundamentales. El gobierno del presidente López Obrador emitió un acuerdo en febrero de 2019 para transferir al Archivo General de la Nación (AGN),  Sin embargo, a 4 años de este decreto, la entrega de la información contenida en esos archivos ha sido dosificada y mínima.

En este contexto, los familiares de personas desaparecidas, en su mayoría mujeres, son los que desde hace décadas en México hacen la labor de las autoridades ante las falencias, inoperancia y omisiones de éstas. El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda reveló que, de 2010 a octubre de 2022, 17 personas buscadoras han sido asesinadas en México.  El 2022 sería el año más letal para las personas buscadoras con 12 asesinatos. La tragedia es doble. El Estado no busca a las personas desaparecidas y tampoco garantiza la protección de las personas buscadoras y defensoras de derechos humanos.

Faltan políticas públicas que resuelvan la crisis forense y detengan las desapariciones, así como acciones concretas y eficaces. La violencia criminal y de Estado no se resuelve con buenas intenciones, mucho menos con una retórica negacionista. Se requieren acciones concretas de cara a las víctimas y sobrevivientes, y también de cara a la sociedad. Sin embargo el panorama que se plantea de forma realista es que los generadores de dicha violencia no rendirán cuentas. Así, las víctimas no accederán a la justicia, verdad y reparación.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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