La desaparición de ocho jóvenes que trabajaban en un call center de la zona metropolitana de Guadalajara ha puesto la mirada nacional e internacional sobre Jalisco, que padece una excepcional crisis por desaparición de personas. México es el país con más casos de personas desaparecidas en todo el mundo, entre los países que no tienen una guerra oficialmente declarada, y Jalisco se ha convertido desde hace cuatro años en el epicentro de las desapariciones del país.

Es una grave crisis humanitaria no reconocida como tal por el Gobierno del estado que encabeza el Gobernador de Movimiento Ciudadano (MC), Enrique Alfaro Ramírez. Es una crisis que desgarra a la sociedad y que mantiene en miedo y vilo a la mayoría de la población que ha modificado sus hábitos diarios para enfrentar esta grave crisis humanitaria.

La crisis es mucho más grande de lo que reconoce el Gobierno del estado. Oficialmente en un sistema estatal de víctimas el Gobierno de Jalisco reconoce apenas 14 mil 041 desaparecidos en el estado de los cuales 12 mil 210 son hombres y mil 831 mujeres. El dato estatal mantiene una discrepancia ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Gobierno federal que reporta 14 mil 981 casos de personas ausentes. Pero existe un subregistro deliberado de parte del Gobierno de Jalisco. En marzo de 2022 el registro nacional reportaba casi 16 mil 300 personas desaparecidas pero en un acto deliberado el Gobierno estatal “desapareció” más de mil 300 casos bajo el argumento de realizar una “carga masiva de datos” alegando que había casos duplicados y ya localizados que no se habían actualizado.

Desde los colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos, organismos de derechos humanos, comités universitarios que analizan el fenómeno, académicos y periodistas se ha denunciando que el Gobierno de Jalisco mantiene una práctica perversa de “desaparecer a sus desaparecidos”.

Las razones parecen ser políticas y electorales. Para nadie es desconocido que el Gobernador Alfaro pretende ser candidato presidencial de su partido y eventualmente en alianza con otros partidos. Al ser la crisis por desapariciones uno o el principal problema social y humanitario que atraviesa Jalisco, el Gobierno ha tratado de minimizar, ocultar y administrar esta crisis.

Lo ha hecho rasurando deliberadamente el número de casos de desaparecidos del Rnpdno y retrasando la publicación del Registro Estatal de Desaparecidos que la ley estatal en la materia le obligaba a crear desde junio de 2021. Se trata de una estrategia de contención de daños de la imagen del Gobierno estatal y en particular del Gobernador Enrique Alfaro para proteger su imagen en un eventual escenario de buscar la precandidatura presidencial.

Si bien al comienzo de su administración, en diciembre de 2018 llegó a reconocer que la desapariciones eran el principal problema social del estado y se comprometió a atender de manera personal este asunto, conforme ha avanzado el sexenio y la crisis por desapariciones en Jalisco ha crecido exponencialmente, Enrique Alfaro ha tratado de minimizar y esconder esta crisis.

Por más que el Gobierno de Jalisco trate de “desaparecer a los desaparecidos”, la crisis es innegable. Según datos recopilados por el doctor Víctor Manuel González Romero, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y exrector de esta casa de estudios, en el periodo de Gobierno de Enrique Alfaro de diciembre 2018 a abril de este año en Jalisco han desaparecido 21 mil 477 personas, de las cuales 11 mil 154 fueron localizadas con vida, dos mil 074 sin vida, mientras ocho mil 249 siguen desaparecidas.

En comparación con otras administraciones, en el Gobierno de Enrique Alfaro se han triplicado las desapariciones: en el sexenio del panista Emilio González Márquez (2007-2013) desaparecían 3.6 personas por cada 100 mil habitantes, en el Gobierno del priista Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018) desaparecían 14.3 por cada 100 mil, mientras que en los cuatro años y medio del actual Gobierno del emecista Enrique Alfaro desaparecen 47.1 personas por cada 100 mil.

Además, Jalisco localiza menos personas buscadas que la media nacional. En Jalisco de cada 100 desaparecidos solamente se localizan 37, mientras que a escala federal se encuentran a 61 de cada 100 personas buscadas.

Además de dejar de reportar casos al registro nacional y de evadir su responsabilidad en dar de alta  el registro estatal, la estrategia del estado ahora incluye la renuencia a reunirse con los colectivos de familiares que buscan a sus hijos, en hostigar las labores de difusión y pega de cédulas de búsqueda de los colectivos, e incluso a hostigarlos, reprimirlos o criminalizarlos.

Esto es lo que ha ocurrido con los ocho jóvenes de los call center reportados como desaparecidos entre el 20 y 27 de mayo. Desde las primeras versiones dadas por la fiscalía estatal y luego reforzada por el propio Gobernador se ha sugerido que la desaparición está vinculada con el crimen organizado al reportar que en los call center se realizaban fraudes y extorsiones. Sin decirlo explícitamente parece sugerirse que los seis varones y dos mujeres fueron desaparecidos por trabajar en actividades ilícitas. Y podría ser así, pero lo cierto es que esta versión es todavía una hipótesis sin comprobar.

Esta criminalización ha molestado, con razón, a los familiares. Alicia Cuevas, madre de Carlos Benjamín García Cuevas uno de los ocho jóvenes desaparecidos declaró el viernes pasado en una manifestación frente a la casa oficial del Gobernador: “Primero encuéntralos y después, júzgalos”.

La grave crisis por desaparecidos en Jalisco se ha vuelto un punto crítico esta semana porque además de los ocho desaparecidos del call center se han reportado decenas de casos más por todo el estado. Uno de ellos es la desaparición de Sandra Analí Ramírez, visto por última vez el lunes 29 de mayo en la colonia La Estancia en Zapopan. Sus familiares han protestado en tres ocasiones consecutivas y en todas ellas han sido hostigados, y hasta golpeados, por decenas de policías estatales en dispositivos de seguridad que muchos consideran que deberían utilizarse en contra de quienes desaparecen y no en contra de las víctimas de las desapariciones.

La crisis por desapariciones en Jalisco va a seguir por mucho tiempo más debido a que prevalece la impunidad en la comisión de este delito, que en muchos casos participan incluso fuerzas de seguridad, como policías municipales, estatales y de la fiscalía. Debido a las razones políticas y electorales del gobernador Enrique Alfaro, ya mencionadas, esta crisis ha crecido hasta convertirse en el principal problema social y político del estado. Todo indica que será necesario un vigoroso movimiento social y de protesta de las familias organizadas que buscan a sus desaparecidos, acompañado por la solidaridad de la sociedad jalisciense, para tratar de contener y revertir esta crisis que desde los gobiernos se ha dejado crecer por omisión o acción.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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