Dice Martha Nussbaum, filósofa estadounidense comprometida con la justicia social: «No existe motivo válido alguno por el que los mecanismos de justicia básica, derecho y legislación existentes no puedan hacerse extensivos a todos los animales».
Así debería de ser, sin embargo, hablar de protección animal en México, es hablar de vacíos legales en todos los marcos normativos de los estados, las leyes, normas o reglamentos existentes hasta hoy, no son claros, ni suficientes para proteger a todos los animales -incluyendo a los animales matados para alimentación- como los seres sintientes que son, que tienen derecho a la vida, a la libertad, a no ser maltratados y a no ser considerados propiedad de nadie, como nosotros.
Hasta ahora, 31 de los 32 estados que conforman nuestro país, han tipificado el maltrato animal como delito, si bien, reconocemos que es un gran avance, aún hay una deuda muy grande hacia los animales utilizados dentro de la industria cárnica. La protección jurídica hacia ellos parece no ser relevante para nuestros legisladores, a pesar de que la ciencia ha comprobado que sienten igual que todos los demás animales que ya son objeto de protección como los domésticos y silvestres.
Solo Jalisco, Puebla e Hidalgo han cambiado su código penal para incluir protección a los animales matados para consumo y sancionar la matanza de estos sin aturdimiento.
El estado pendiente, al que le había faltado la voluntad política para proteger a todos los animales, incluyendo por supuesto a los animales en granja, es Chiapas, es la única entidad de la República Mexicana que no castiga el maltrato animal, es decir, en Chiapas no es considerado como un delito dentro de su código penal, por lo que cualquier acto de crueldad o maltrato a un animal que suceda en ese estado, no puede denunciarse ante las autoridades para que sea castigado.
Si bien, sí existe una Ley de protección para la fauna del estado, ésta no está enfocada realmente en la protección y bienestar animal, sino en temas de aprovechamiento, con la cual en caso de que alguien quisiera denunciar un acto de maltrato, únicamente se lograría una “sanción administrativa” que marcaría alguna multa económica, pero nunca una detención.
Pero, ¿sirven las sanciones administrativas para frenar los actos de crueldad que se cometen contra los animales en esa entidad?
Para responder esta pregunta, les voy a poner un ejemplo. En diciembre del 2022, desde Igualdad Animal expusimos una serie de videos y fotografías capturados dentro de un rastro ubicado en Arriaga, Chiapas, dónde se descubrieron múltiples conductas que implicaban maltrato animal hacia caballos que son matados sin ser reportados ante las autoridades para consumo humano.
Teniendo como evidencia este material audiovisual en el que constan todos los hechos denunciados, Igualdad Animal presentó denuncias por estos actos a las autoridades correspondientes del estado de Chiapas, pero, siendo el único estado dónde no existe el delito de maltrato animal en su legislación, no se pudieron denunciar penalmente y no hubo ningún castigo. Sin embargo, esta investigación sirvió como evidencia y puso al descubierto la necesidad de avanzar en materia de protección en dicha entidad y así presentar en días pasados una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones del Código Penal del Estado de Chiapas para que por primera vez el maltrato animal se considere un delito y se pueda denunciar y así castigar con 2 a 4 años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa, a quien cause lesiones dolosas a cualquier animal, con el propósito o no, de causarle la muerte a través de diferentes conductas.
Las sanciones administrativas sirven para encaminar el proceso de denuncia, pero no es lo que los animales necesitan, la crueldad debe ser castigada penalmente, con cárcel, porque los animales son seres sintientes y merecen ser tratados con compasión, respeto, pero sobre todo con justicia. La crueldad animal causa sufrimiento y viola sus derechos básicos. Al imponer penas de cárcel por actos de crueldad animal, se busca garantizar la justicia y proteger a los animales de abusos y maltratos. Además, al ser castigada penalmente, no sólo impactaría positivamente a los animales, también a nosotros como sociedad.
El castigo con cárcel por crueldad animal refleja una sociedad que valora y respeta a los animales. Reconoce que los animales merecen protección y que su bienestar es un asunto de importancia moral. Esto promueve una sociedad más compasiva y ética hacia los animales y humanos en general. El castigo con cárcel envía un mensaje claro de que la crueldad animal no será tolerada en la sociedad. Esto puede disuadir a personas que de otro modo podrían estar tentadas a cometer actos de maltrato o abuso hacia los animales. Además, al establecer consecuencias severas, se previene la repetición de tales actos y se protege a los animales de futuros daños.
El maltrato animal a menudo es un indicio de una actitud violenta y falta de empatía hacia otros seres vivos. Diversos estudios han demostrado que existe una conexión entre la crueldad animal y la violencia entre humanos. La conocida escalera de la violencia. Al castigar con cárcel los actos de crueldad animal, se protege también a la comunidad en su conjunto al identificar y sancionar a individuos que podrían representar un peligro para otros.
Debemos ampliar nuestro marco de indignación sobre la crueldad animal y reflexionar profundamente el impacto que tiene nuestro consumo en la vida de millones de animales. La empatía y el respeto hacia los animales no debe limitarse a una especie en particular, abarca a todos los seres sintientes. Debemos ampliar nuestra compasión y actuar en consecuencia, los animales que la ganadería industrial mantiene ocultos en granjas y mataderos también deben ser considerados y protegidos.
