En la política de “abrazos no balazos” que persiste como fundamento de la seguridad en el país a partir de una frase de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador lo que más resuena en México son los balazos.

Muchas veces quedan grabados en videos de vecinos, de testigos agazapados, de espontáneos de la lente y son transmitidos una y otra vez a través de las redes sociales.

Lo que México propaga es el estruendo de los balazos con origen en la galopante impunidad producto de los abrazos del gobierno.

Balazos en un céntrico restaurante en el corazón de la colonia Roma en Ciudad de México, en el centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, armas amenazando a comensales en un café de Tijuana, Baja California. Custodios de un tráiler con valores atacados a tiros y videograbados en su propio ataque. También los mexicanos ven la muerte instantánea de una persona por una grabación liberada para denunciar la tolerancia oficial a los criminales organizados. 10 personas asesinadas en una masacre en una concurrida carrera todo terreno en Ensenada, Baja California.

Los balazos son producto de enfrentamientos y ataques de los cárteles de las drogas y sus distintas ramificaciones criminales, como el robo de mercancías, el secuestro y extorsión de migrantes, los ajustes de cuentas, las vendettas por drogas, la pelea por territorios para la producción, el trasiego y la distribución de estupefacientes, las desapariciones forzosas.

En Tamaulipas, por ejemplo, cuatro cárteles se disputan la región. El cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, el cártel de los Zetas, el cártel del Noroeste. En Baja California, el cártel de Sinaloa tiene frecuentes y sangrientos enfrentamientos contra el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Arellano Félix. Los Chapitos, el cártel de Sinaloa, el de Caborca, los Salazar, en Sonora. El cártel de Los Rojos, Guerreros Unidos, el de Jalisco en Morelos, el de Santa Rosa de Lima en Guanajuato y la Familia Michoacana que sigue ahí. Y así, cada región del país, con contadísimas excepciones, está tomada por los cárteles y sumergida entre sangre, balas y nula justicia.

La delincuencia organizada en México ha rebasado a la autoridad. Ante la incapacidad (y falta de interés) del gobierno de la República para combatir al crimen organizado, más allá de operativos “disuasivos” con cientos de elementos de la Guardia Nacional; así como la ineficacia de la Fiscalía General de la República, cuyo titular, Alejandro Gertz Manero continúa ausente, sin presencia, sin protagonismo ni liderazgo en un país que todos los días reclama justicia en las calles para que cese la violencia.

Apenas en marzo 2023, el propio presidente de la República solicitó públicamente al fiscal Gertz Manero que se apersonara para encabezar las investigaciones en torno a la muerte de 40 migrantes por un incendio provocado en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración, en el cual no pudieron salvar la vida por encontrarse prisioneros, tras las rejas selladas por candados que ningún funcionario abrió, tan sólo por humanidad.

El fiscal ausente había reaparecido en febrero de este 2023 después de meses de no presentarse a las instalaciones de la FGR, debido, se sabría posteriormente, a operaciones y tratamientos de rehabilitación que habría recibido en el extranjero. Desde el último trimestre de 2022 la ausencia de Gertz había sido notoria, pero se hizo evidente cuando después de la captura de Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa, a inicios de enero 2023, no apareció en una sola conferencia de prensa a pesar de ser la institución que él encabeza, la supuestamente facultada para investigar al hijo del capo Joaquín Guzmán Loera, solicitar la vinculación a proceso, y titular todas las tareas para mantenerle en prisión ante la petición de extradición por parte de la fiscalía de los Estados Unidos.

Pero en marzo, tímidamente se dio a conocer que sí había acatado la “orden” del presidente de la República y acudió a Ciudad Juárez, donde dicen quienes estuvieron al tanto, permaneció solo unas horas para salvaguardar la instrucción presidencial, retirarse y dejar un equipo de colaboradores a cargo de las indagaciones.

En este sonoro pleito de balazos entre los cárteles que tiene a la sociedad mexicana en sus garras, el fiscal Gertz Manero sigue ausente. No ha informado, no ha tenido una comparecencia pública, para decir a los mexicanos cuál es la estrategia de contención de la criminalidad y el plan para combatir la violencia y la inseguridad, ni cuáles son los resultados ya en el quinto año de este sexenio. A diferencia de otros fiscales, antes procuradores, evita el contacto con la prensa, le da la vuelta a la entrevista, no informa, no acciona, no protagoniza una estrategia integral para combatir la violencia, la impunidad y la corrupción… a menos que se trate de castigar al pasado, al político o al familiar.

De las últimas “investigaciones” que dio a conocer la FGR, fue la obtención de órdenes de aprehensión contra 61 personas que presuntamente colaboraron para saquear del erario unos 5 mil millones de pesos a favor de empresas que pertenecían al ex secretario de seguridad pública federal, preso en los Estados Unidos, y referente diario del presidente, Genaro García Luna.

De órdenes de aprehensión logradas contra miembros del cártel de Sinaloa, del de Jalisco, de los Arellano, de los Zetas, del Golfo, de Guerreros Unidos, de los Rojos, del cártel del Noroeste, de los Chapitos, de los Salazar, o de otras organizaciones criminales, nada se sabe. Lo que se conoce son indagaciones contra las estructuras delincuenciales mexicanas, pero en los Estados Unidos donde la fiscalía informa de las acciones contra los cárteles que no son replicadas con reportes de colaboración o investigaciones en México.

El presidente acusa al Poder Judicial de “dejar” libres a delincuentes, pero no señala al Ministerio Público indeficiente al no presentar pruebas suficientes para generar órdenes de aprehensión y mantener en las cárceles a los criminales. La impunidad con la que se abraza a los notorios miembros de los cárteles por parte de una autoridad que no los persigue, la disfruta también el fiscal Gertz de parte de un presidente que es condescendiente con él.

Esta semana, en Milenio se dio a conocer una videograbación que duele de lo cruda, real y cotidiana en México. Dos custodios de un tráiler de mercancías, teléfonos celulares a saber, atacados por delincuentes que pretendían desactivarlos para robar la mercancía. Uno de ellos es asesinado a balazos. Su muerte, terrible reflejo de la situación en el país, sigue en la impunidad. Y para quienes no han perdido, en este mar de sangre y balas, la capacidad para sorprenderse de lo que sucede en México ni la sensibilidad para sentir el dolor, esta imagen es una tragedia que dimensiona la vulnerabilidad cotidiana de los trabajadores ante las mafias.

Días después, en Ensenada, Baja California, en el poblado de San Vicente, integrantes de un cártel de las drogas atacaron con trece armas, entre largas y cortas, a un equipo que participaba en una carrera fuera de terreno. Mataron a diez personas y lesionaron a diez más, entre ellos a un niño de trece años que permanece en estado de gravedad.

Cientos de casquillos quedaron alrededor de los vehículos. Presuntamente, el objetivo era un solo hombre, identificado como miembro del crimen organizado, y que, casualmente, iba acompañado, aparte de su pareja, por el delegado de San Antonio de las Minas, el poblado donde se llevó a cabo la masacre y que pertenece a la municipalidad de Ensenada.

Los videos y audios que, en los minutos siguientes a la masacre, que fue realizada apenas pasadas las 2 de la tarde del sábado 20 de mayo, provocan, por igual, estupefacción y horror. Ciudadanos pidiendo a gritos ayuda, suplicando por ambulancias para atender a los heridos, mostrando los cuerpos regados a lo largo de la rústica carretera y la hilera de carros adaptados para la carrera fuera de terreno, inhabilitados por las balas.

Es terrible lo que sucede en México, una inseguridad desbordada, cruenta, rampante, vil, con balas interminables que no detienen ni la Guardia Nacional, ni la Fiscalía General de la República, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De hecho, las investigaciones sobre los enfrentamientos entre cárteles, se las dejan a las fiscalías locales, sin meter las manos. La única participación federal, por ejemplo, en el caso de la masacre de Ensenada, fue el envío de 500 elementos de la Guardia Nacional tres días después de cometido el atroz acto criminal. A tapar el pozo, será.

Ante la ausente FGR, el desinterés de la secretaría de seguridad pública y protección ciudadana, y la política de abrazos no balazos, lo que rompe el silencio de las calles son las detonaciones de las armas, los casquillos que terminan regados entre el pavimento y el polvo, los gritos de los mexicanos, hombres, mujeres, jóvenes y niños azorados por lo que terminan viendo en un día cualquiera, en todos lados, a cualquier hora.

Adela Navarro Bello

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