Apenas el pasado jueves 18 de mayo, la Corte declaró, con ocho votos a favor, inválido el acuerdo sobre la clasificación de las obras del Gobierno como de seguridad nacional, y por seis votos en los dos artículos que instruían a expedir los permisos en fast track. Hasta ese momento, la SCJN había definido que el acuerdo fue un acto administrativo, no una norma general, por lo que su sentencia sólo podía tener efectos “entre las partes” de la controversia, y no efectos generales.
Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este martes que «ya perdimos» a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto luego de que el pleno determinara ayer la invalidez total del decreto que declaraba todas las obras y proyectos del Gobierno federal como “de interés público y seguridad nacional”.
«A la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que conceptualmente, teóricamente, se le conoce como la oligarquía, que es el poder de los ricos. Eso es la oligarquía. La democracia es el poder del pueblo», dijo al ser cuestionado por su postura.
López Obrador insistió en que el Poder Judicial de la Federación (PJF) y, en especial, la SCJN «están al servicio de la minoría», pues sus integrantes «no tienen ningún aprecio hacia las acciones en beneficio del pueblo».
«Nada. No les importa. Es como vivir en otro mundo. Existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos. Por eso sentimos que hace falta una reforma en el Poder Judicial», argumentó.
El pasado 9 de mayo, el mandatario anunció que en septiembre del 2024 enviaría por lo menos otras tres reformas constitucionales. Una, del Poder Judicial, “para que el pueblo elija a los ministros. […] Es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, magistrados del Tribunal. Que los elija el pueblo”.
Sin embargo, reiteró que antes de enviar la iniciativa de reforma al Poder Judicial, es necesario conseguir la mayoría calificada en el Congreso; es decir, dos terceras partes, lo que se traduce a 334 integrantes o el 70 por ciento de los votos. Por lo tanto, destacó que se requiere, en la elección de ese año, alcanzar las y los 334 legisladores que se necesitan para hacer cambios constitucionales.
“Ese es el Plan C. Primero, tener la mayoría calificada en el Congreso. Que cuando se vaya a votar, que se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, el racismo y la corrupción, que se piense, a la hora de votar, no sólo en el Presidente y la Presidenta. Parejo. Porque si se tiene el triunfo en la Presidencia, como ahora, ganamos la Presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tienen, dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial”, reveló entonces el Jefe del Ejecutivo federal.
Hoy, volvió a criticar la actuación de las y los ministros, pero en esta ocasión por haber determinado «los efectos de la resolución que invalidó el acuerdo por el que el Ejecutivo federal emitió una declaratoria de interés público y seguridad nacional respecto de diversos proyectos y obras».
«Nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste: el Tren Maya, el Istmo y otras obras importantes de beneficio para la gente», comentó en referencia a la emisión del nuevo decreto para declarar como temas de seguridad nacional e interés público la construcción, funcionamiento y operación del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo, y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
El político tabasqueño señaló que ya estaba consciente de que la oposición iba a tratar de frenar la construcción de las obras estratégicas de su Gobierno a través de diversos amparos.
«Todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo, se promueven por un grupo vinculado a los jueces, a los magistrados, a los ministros del Poder Judicial. Esto que hablábamos ayer de cómo existe una asociación de abogados con estas características, que está dedicada a promover amparos en contra de las obras que estamos llevando a cabo, desde la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles», acusó.
En su intervención, el Presidente López Obrador denunció que dicho grupo de abogados «influye mucho en la Corte», algo que se suma a que quienes están en la SCJN «también vienen de la época en que no se entendía que los únicos negocios que deben interesar al servidor público son los negocios públicos».
«Por eso se dio a conocer otro decreto para proteger las obras, y se declaró que son de seguridad nacional y de interés público. Entonces no hay problema, decirle a la gente, por eso, afortunadamente», sostuvo.
Asimismo, el mandatario afirmó que las y los miembros de la Suprema Corte «no defienden la Constitución», sino «sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México».
«Eso es una mentira. Ellos no defienden la Constitución, tan no la defienden que ellos la violan. Tan claro, porque no estoy inventando nada, que hay un Artículo en la Constitución, el 117, que establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que gana el Presidente de la República y ellos ganan cuatro, cinco veces más de lo que yo gano. Y con argucias legaloides, ellos tienen esos privilegios violando flagrantemente la Constitución. Entonces que no vengan aquí con demagogia porque ya no es ese tiempo de que engañaban», concluyó.
SCJN INVALIDA DECRETO PARA BLINDAR OBRAS
#LaCorte determinó los efectos de la resolución que invalidó el Acuerdo por el que el Ejecutivo Federal emitió una declaratoria de interés público y seguridad nacional respecto de diversos proyectos y obras.
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— Suprema Corte (@SCJN) May 22, 2023
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la invalidez total del decreto que declaraba todas las obras y proyectos del Gobierno federal como “de interés público y seguridad nacional”. La decisión de la Corte se dio con mayoría de seis votos.
El Ministro Juan Luis González Alcántara planteó que el acto administrativo tuviera efectos generales e invalidar en su totalidad la controversia que ordenaba a las dependencias de reservar la información. Asimismo, destacó que atenuar los efectos en la materia generaría un precedentes a la certeza jurídica.
En ese sentido, los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Ana Margarita Ríos Farjat, así como la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, votaron que la invalidez del acuerdo fuera general.
Por su parte, quienes votaron en contra fueron los ministros Arturo Zaldívar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Los efectos de la sentencia tendrán validez cuando el Ejecutivo y las secretarías sean notificadas del fallo.
