Sobre Grupo México y Germán Larrea pesan la tragedia de Pasta de Conchos, de 2006, y la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, de 2014, así como una serie de acusaciones laborales.
Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).– La polémica ha acompañado de tiempo atrás a Grupo México propiedad del magnate mexicano Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre con mayor fortuna en el país y quien arrastra un historial de desastres ambientales, muertes de mineros, acusaciones de abusos laborales tanto en México como en Latinoamérica.
De acuerdo con la revista Forbes, Larrea y su familia poseen una fortuna de unos 28 mil 800 millones de dólares, y se ubican en el lugar 48 de los más ricos del mundo. Solamente hay un mexicano por encima: Carlos Slim, que es el octavo más rico, con una red de unos 100 mil 800 millones de dólares. Ambos son además los latinoamericanos más ricos en la lista.
Esa fortuna ha estado marcada por una larga lista de malas prácticas.
Grupo México, por ejemplo, es responsable del mayor desastre ecológico en el país. Fue en agosto de 2014, cuando la mina Buenavista del Cobre —subsidiaria de Grupo México— derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora. Desde entonces, las personas viven con afectaciones en su salud y en sus comunidades.
Damnificados se ampararon por esta situación contra el gigante minero y en enero de 2020 lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara reabrir el Fideicomiso Río Sonora, creado para atender las afectaciones por el derrame, al determinar que la reparación del daño que hizo la minera de Germán Larrea Mota Velasco “no fue adecuada”.
Pero no es el único evento que se le atribuye al empresario minero y ferrocarrilero que este día fue señalado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de haber frenado las conversaciones que sostenía con el Gobierno federal para regresar la concesión de un tramo ferroviario en el Istmo para el Corredor de Tehuantepec y pedir en su lugar un pago de 9 mil 500 millones de pesos.
Larrea Mota Velasco había sido hasta el sexenio pasado un empresario discreto, del que apenas había fotos y apariciones públicas. Eso ha ido cambiando con la vuelta de los años, lo que persiste son las acusaciones contra él y sus empresas por abusos.
Uno de los acontecimientos que pesan en su contra es el desastre minero de Pasta de Conchos. La tragedia tuvo lugar el 19 de febrero de 2006 cuando se registró una explosión en la mina 8, en Coahuila, en la que 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. En ese año se inició el rescate que se suspendió un año después. Los cuerpos aún continúan sepultados.
En el Río Bolaños, en Jalisco, una ruptura en la presa de jales de la mina de plata de Bolaños, propiedad de Grupo México desde 1993, provocó que se vertieran mercurio, plomo y arsénico en 2010, lo que causó la muerte de peces y afectaciones a la vida de las poblaciones ribereñas. Cuatro años después tendría lugar el desastre en Sonora.
Ese mismo agosto de 2014, un tren cargado con 240 toneladas de ácido sulfúrico, se descarriló y volcó a escasos metros del Río Santa Cruz en Nogales, Sonora. Los residuos tóxicos provenían de la minera de Buenavista del Cobre. Dos años después, también en Sonora, un carro tanque volcó en la mina La Caridad, de Grupo México y derramó más de 10 mil litros de ácido débil en el municipio de Nacozari, en la sierra alta del estado.
Ya en el actual Gobierno, en mayo de 2019, agricultores y ganaderos de la comunidad de Sombrerete, en Zacatecas, denunciaron al Gobierno del estado y a dirigentes sindicales de la Unidad Minera San Martín, que pertenece al Grupo México, por el derrame de desechos con cianuro y otros contaminantes en el río de la comunidad.
Meses después, en julio, una falla en las válvulas de las tuberías de Grupo México durante un proceso de trasvase en la Terminal Marítima de Guaymas provocó el derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés.
Además de los desastres ambientales causados por Grupo México, existen denuncias laborales contra Larrea.
En 2004, la fracción I de la sección 207 de Agua Prieta, Sonora, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, inició huelga por violaciones al contrato colectivo a raíz de un adeudo que se mantenía con los trabajadores.
Tres años después, en 2007, el Sindicato Minero se declaró en huelga y paró las operaciones mineras en Cananea , San Martín y Sombrerete en 2007 en demanda de contratos colectivos y una revisión a los estándares de seguridad.
Desde entonces, los mineros mantienen su huelga.
Aunque no se trata sólo de irregularidades en México.
En abril de 2017, el Sindicato Único de Trabajadores de Southern Perú Copper Corporation presentó diversas demandas a Grupo México como fueron el rechazo a la instalación de cámaras de vigilancia y cumplimiento de la prueba de protección de la jornada máxima; el cese de despidos masivos bajo la modalidad de incapacidad permanente; la revisión del pago por concepto de participación de utilidades de 2016; y mejoramiento de la atención médica.
Dos años antes, agricultores protestaron en Arequipa por los posibles riesgos que traería Southern Copper a la zona costera, algo que negó la firma.
En Estados Unidos también ha tenido señalamientos. Asarco, una firma minera que Grupo México compró en 1999, fue señalada en 2006 de haber incinerado y almacenado tóxicos como agua utilizada para lavar un horno en el que se quemaron desechos de armas químicas. En 2008, Asarco demandó a Grupo México de quitarle sus activos más valiosos y llevarla a la bancarrota, no obstante, un año después la minera estadounidense saldría de la bancarrota controlada por Grupo México.
En el actual Gobierno, Grupo México enfrentaría otra polémica cuando en noviembre de 2022 concluyó su contrato de manera anticipada en la construcción del tramo cinco del Tren Maya porque dijo que le era imposible cumplir con los plazos establecidos para la entrega del proyecto.
Este día, en otro episodio polémico, el Presidente López Obrador dio a conocer que German Larrea “mal aconsejado” por sus abogados, entre ellos Fernando Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación con Felipe Calderón, exigió 9 mil 500 millones de pesos al Gobierno de México luego de que se declarara de utilidad pública y se ordenara la ocupación temporal de tres tramos de ferrocarril que pertenecen al Grupo México. Aunque la empresa propiedad del empresario Germán Larrea calificó la acción como “sorpresiva e inusitada”, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aclaró que “habían conversaciones con Grupo México”.
