El pasado 19 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Sonia Vargas Terrero, quien se desempeñó como directora de Recursos Materiales en la Policía Federal en el periodo de Genaro García Luna, fue contratada por la Ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández.
Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), exhibió la mañana de este lunes diversos contratos irregulares, los cuales fueron firmados por funcionarias y funcionarios de la entonces Policía Federal (PF) con empresas ligadas a Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal, durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
«Estamos aquí para dar a conocer las erogaciones que se hicieron, ya por servidor público, que firmó contrato con la trama corrupta de García Luna. Estos contratos son relevantes porque fueron hechos con las mismas empresas durante dos sexenios consecutivos: el sexenio del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, y el sexenio que va del 2012 al 2018. El primero de ellos que fue encabezado por Felipe Calderón y el segundo fue encabezado por el último Presidente anterior que tuvimos en nuestro país: Peña Nieto», dijo.
Entre los nombres que reveló Gómez Álvarez, destacó el de Sonia Vargas Terrero, actual servidora pública del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que fue contratada por Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sonia Vargas Terrero, como directora de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la PF -que se encontraba bajo el mando de García Luna-, habría firmado contratos por un monto de 71 millones 600 mil dólares.
«En la Policía Federal, en el periodo de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares», informó el encargado de la UIF.
Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que «todos los contratos fueron hechos en dólares» y que «ningún contrato cumplió con los señalamientos legales» respecto a hacer una investigación de mercado, esto a pesar de ser un tema de seguridad nacional.
Otros de los funcionarios mencionados fueron Rodrigo Esparza Cristerna, comisionado de Policía Federal Preventiva, por contratos de 69 millones 100 mil dólares; Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la PF, por un total de 25 millones 875 mil dólares; y Humberto Martínez González, director general de apoyo técnico, por una cifra de 37 millones 875 mil dólares.
Además, estuvieron involucrados Rafael Avilés, jefe de la División de Fuerzas Federales, por dos millones 500 mil dólares; Luis Cárdenas Palomino, titular de la División de Seguridad Regional, por dos millones 500 mil dólares; José Roberto Cardoso, director general de Recursos Materiales, por 12 millones de dólares; y Eduardo Enrique Gómez García, director del organismo de prisiones, con 56 millones 121 mil 595 dólares.
«Cada una de estas cantidades es atribuible a cada una de las personas que firmaron el contrato, aún cuando hayan sido varias las que firmaron el contrato porque cada quien es responsable de la misma cantidad, por lo tanto, no tenemos un total», señaló Pablo Gómez.
En su intervención, también dio a conocer que del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, se registraron más personas como firmantes de los contratos.
Al interior del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Ímaz Gisper, director general, habría autorizado contratos por un monto de 253 millones 51 mil 358 dólares y 67 millones 200 mil pesos mexicanos.
Mientras que del organismo de prisiones, Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Prevención y Readaptación Social, lo habría hecho por 88 millones de dólares.
«José Alberto Rodríguez Calderón, comisionado de Prevención y Readaptación Social, 26 millones 850 mil dólares y 221 millones 400 mil pesos», agregó el también licenciado en Economía.
Por otra parte, en la extinta Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Octavio Medina Estrada, Oficial Mayor, dio contratos por 26 millones 666 mil 666 pesos; y Raúl Mata Soria, director general de Programación y Organización Presupuestal, por 26 millones 666 mil 666 pesos.
María Dolores Rojas Soto, directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales, entregó contratos por 26 millones 666 mil 666 pesos, al igual que Enrique Salinas Romero, director general de Política y Estadística Criminal.
«Todos estos son el mismo contrato, por eso se repite la cantidad, aunque fueron cuatro quienes firmaron el mismo», aclaró Gómez Álvarez.
🚨#ÚLTIMAHORA | Pablo Gómez, titular de la UIF, señala que Sonia Vargas, contratada por la ministra Norma Piña, fue la responsable de emitir contratos millonarios en Estados Unidos, durante los gobiernos de Calderón y Peña Nietopic.twitter.com/H2aOLSP1CA
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 22, 2023
A lo largo de su participación, afirmó que todas esas erogaciones se hicieron a «un conglomerado de consorcio de empresas dirigido en Estados Unidos por Mauricio Samuel Weinberg López e Israel Livnat, que son quienes suscriben gran cantidad de estos contratos».
«Desde luego los primeros, estos primeros son para sistemas de rastreo, localización, básicamente, localización de redes celulares. Un sistema que se llama safe city, instalado supuestamente, que no lo fue, en Ciudad Juárez, y todos de la empresa Nunvav y otras empresas que son parte del mismo consorcio, tanto en el sexenio de Felipe Calderón, como de Enrique Peña Nieto», sostuvo el funcionario.
Asimismo, apuntó que se habla de «un gigantesco mecanismo de sacción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares». «No es una cantidad menor. Es una cantidad muy grande. El Gobierno mexicano, como ya se ha informado, ha acudido a los tribunales civiles del estado de Florida, donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y de este dinero, en procura de que a través de un juicio civil, sean restituidos a México todos estos recursos», insistió.
Según Pablo Gómez Álvarez, «el juicio fue admitido y va a llevarse a cabo por parte de una Corte de Florida. En este momento se ha detenido porque hubo una apelación presentada por la defensa de los demandados, que está por resolverse próximamente y esperamos que no haya ningún problema».
«Los demandados están sosteniendo que el tribunal no tiene competencia, pero de acuerdo con la Ley local, donde se está llevando a cabo, el estado de Florida tiene competencia para la demanda de la restitución de bienes que son producto de actividades ilícitas llevadas a cabo en el extranjero, pero realizadas, invertidas, lavadas, drenadas en el estado de Florida», apuntó.
El titular de la Unidad aseguró que las personas mensionadas «forman parte de las denuncias presentadas o están dentro de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República».
«No son personas desconocidas para la Fiscalía. Están sujetas a una investigación. Pero no solamente eso, sino que no se trata en este caso de cualquier ilícito o de cualquier conducta no lícita, sino que estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción, cuyo resultado económico está siendo reclamado por México», recapituló.
«Nosotros esperamos que esta trama también se abra en un juzgado penal mexicano. Estamos insistiendo de parte del Gobierno federal, a través de la UIF y a través de la Procuraduría Fiscal, para que pues esto sea debidamente procesado y todas estas personas están involucradas por completo porque fueron quienes personalmente firmaron los contratos, y por lo tanto, autorizaron las erogaciones», concluyó.
