La exfuncionaria «firmó contratos relacionados con la adquisición. mantenimiento, prestación de servicios, e infraestructura de la Policía Federal Preventiva; con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República», asegura el Gobierno.
Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que Sonia Vargas Terrero, quien se desempeñó como directora de Recursos Materiales en la Policía Federal en el periodo de Genaro García Luna, fue contratada por la Ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández.
«Ayer vinieron, me entregaron de la Oficialía de Partes de Atención Ciudadana, que me querían entregar unos papeles de aquí de mis vecinos de la Corte, y lo que me trajeron: resulta que la presidenta contratoó a la que era directora de Recursos Materiales cuando García Luna, está en la investigación de todos los contratos que entregaron», dijo el mandatario en su conferencia matutina esta mañana.
«Entonces, cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos, tenemos que poner por delante el interés general y ese es mi trabajo. Y ofrezco disculpa por las molestias que causa, pero tengo que defender el interés publico, no puede estar el interés personal, por legítimo que sea, por encima del interés público», añadió.
De acuerdo con la información presentada, Vargas Terrero se desempeñó como Directora General de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva, en el período de Genaro García Luna, quien hoy se encuentra esperando la sentencia en su contra luego de ser hallado culpable de nexos con el narcotráfico, en específico con el Cártel de Sinaloa.
La exfuncionaria «firmó contratos relacionados con la adquisición. mantenimiento, prestación de servicios, e infraestructura de la Policía Federal Preventiva; con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República», asegura el Gobierno.
Se trata de 30 contratos incluidos dentro de la presunta trama de García Luna, que después fue Secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, durante el periodo 2006-2012. Fueron presuntamente dos entidades del Gobierno federal que suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado de García Luna, por un monto total de 316 millones 675 mil 995 dólares. Vargas Terrero aparece en la lista de servidores públicos que habrían intervenido en la suscripción de los contratos.
La Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como Directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al 1 de abril de 2023, aseguró, pero luego mostró un contrato del portal de transparencia donde aparece desde el 1 de enero de este año.
«Son contratos de muchísimo dinero. Más que preocuparme, me ocupo, tengo que estar más despierto que de costumbre, están buscando bloquear, contrarrestar todo lo que hacemos, y es ya de manera abierta, descarada, [la Corte es] un poder al servicio del bloque conservador», señaló López Obrador.
El Presidente además sugirió la hipótesis de que se descongelaron de cuentas de la esposa de García Luna por parte de un Tribunal Colegiado luego de la contratación de Vargas Terrero. «¡Pues coincide! Esa señora estaba ahí, es una hipótesis», dijo.
Y es que el 21 de febrero pasado, el mismo día en que un jurado de Estados Unidos declaró culpable a García Luna de aceptar sobornos para proteger a los violentos cárteles del narcotráfico a los que debía combatir, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México revocó la sentencia del Juzgado Décimo Segundo con la que se había negado a su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez, el amparo por su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas del 9 de diciembre de 2019.
Es decir, el Tribunal integrado por el presidente Rolando González Licona, el magistrado Eduardo Baltazar Robles y la Magistrada Amanda Roberta García González le liberó sus cuentas financieras y su fallo fue por unanimidad.
Linda Cristina Pereyra Gálvez está denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En marzo, la UIF, perteneciente a laSecretaría de Hacienda, detalló cómo Genaro García Luna, hallado culpable en Estados Unidos de aceptar sobornos de cárteles del narcotráfico, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.
A través de un comunicado difundido esta noche, la UIF, a cargo de Pablo Gómez, destacó que bajo auspicio de García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones.
Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida.
“El actual Gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos; en consecuencia, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019”, indicó la UIF.
Luego de la denuncia ante la FGR, el Gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano.
Este proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.
En cuanto a México, la UIF informó que “los procesos penales siguen su curso y el Gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de éstos los seis años del gobierno anterior, cuando ya no era servidor público”.
El pasado 9 de febrero, la UIF había detallado esta red de corrupción durante la conferencia matutina del Presidente López Obrador. Pablo Gómez reveló en esa ocasión el nombre de las personas demandadas: Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
“Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar no todos los contratos, puesto que son muy largos, pero vamos a poner de ejemplo de lo que estamos hablando el uso que se le dio por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos, que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total 20 años como ya se señaló”, reiteró Gómez Álvarez.
