El sino del escorpión ha vuelto a la clásica novela de Joseph Conrad para documentar por enésima vez cómo la apropiación ilegal de los territorios, el saqueo de los recursos humanos (hombres y mujeres para la esclavitud de antaño; trabajadores y mano de obra barata para la explotación contemporánea), así como el expolio de los recursos naturales como materia prima para las industrias (maderas finas, metales valiosos, agua, petróleo, flora y fauna), laten en el fondo del corazón de las tinieblas y son la base de la expansión colonial y capitalista hasta el siglo XX, así como en la actualidad sustentan la expansión del capitalismo salvaje, impuesto por los grandes corporativos industriales sobre tierras indígenas, comunales o ejidales en el México del nuevo siglo. ¿Quién parará esta locura?, pregunta en una canción el compositor mexicano Rafael Mendoza, pero nadie es capaz de responder. Sólo pervive la voz de Kurtz, ese alucinado representante de la compañía belga extractora de marfil y madera de El Congo (en la novela de Conrad), sobre la dominación colonial en África: “El horror...”.

En nuestro país, las políticas neoliberales de impulso al despojo de los territorios (indígenas, comunales, ejidales), han ocasionado la emergencia de numerosos conflictos por la defensa del territorio y los recursos naturales, provocándose innumerables y constantes confrontaciones socioambientales. Muchas comunidades, tanto rurales como urbanas, sufren hoy terribles condiciones de sobreexplotación, contaminación y despojo de sus bienes naturales como resultado de casi cuatro décadas de política económica neoliberal y de casi 30 años del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Según observa el alacrán, todos los propagadores acríticos y dogmáticos de los beneficios del libre comercio obvian siempre mencionar los numerosos movimientos de lucha y resistencia en torno a la defensa del territorio que éste ha generado, y, sobre todo, a las numerosas víctimas de estas luchas asimétricas entre habitantes vulnerables de pequeñas comunidades versus grandes corporativos, poderosos intereses millonarios y despachos de abogados gansteriles.

No obstante, para nadie es una sorpresa, casi a diario recibimos noticia de agresiones, desapariciones forzadas, aprehensiones arbitrarias e incluso asesinatos de los defensores de su territorio y sus recursos. Para documentar su pesimismo, el arácnido acude al trabajo de 2021 del investigador de la Universidad de Zacatecas José Manuel Luna Nemecio, “Conflictos socioambientales por la defensa del agua en México: un metaanálisis cartográfico conceptual”, investigación centrada exclusivamente en los conflictos hídricos, pero reveladora también del horizonte amplio de las luchas por el territorio. Acudiendo a fuentes bien documentadas, Luna señala;

“Las actividades extractivistas, productivas y comerciales desplegadas a lo largo y ancho del territorio mexicano, han motivado que en varias comunidades se establezcan estrategias de defensa de las condiciones naturales para la reproducción material y cultural de sus vidas”. No obstante, “las estadísticas al respecto no han logrado establecer una contabilidad oficial de conflictos socioambientales en México; por ejemplo, mientras un investigador contabiliza cerca de 95 casos, estudios desarrollados por el Observatorio de Conflictos socioambientales de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, registró que en México existían 220 casos de conflictos socioambientales relacionados con los recursos hídricos; la mayor concentración geográfica de dicha conflictividad fue localizada en los estados de México, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Morelos. Posteriormente, en el marco del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, se pudo constatar que dicha contabilidad seguía una tendencia creciente, además de estar convergiendo con luchas históricas por la defensa del ambiente frente a una violación sistemática de los derechos de las comunidades. En este tono, el Atlas de Justicia Socioambiental registra que para 2021, en México había un estimado de 122 conflictos socioambientales activos”.

El estudio del investigador Luna Nemecio se enfoca en el agua por ser un recurso fundamental “tanto por su valor de uso material y simbólico para la vida cotidiana, cosmovisión e identidad cultural, política y territorial de las comunidades que la defienden; como por su valor de cambio técnico productivo y energético para los procesos de explotación de plusvalor y acumulación de capital llevados a cabo por los actores privados o el propio Estado nacional”; por ello, aborda  la sobreexplotación y contaminación crecientes del recurso promovido por las políticas neoliberales de apoyo a su utilización por parte de empresas nacionales o extranjeras (mineras, refresqueras, cerveceras), lo cual lleva a prever escenarios de “escasez, crisis hídrica o problemas relacionados con el acceso, la gobernanza del agua o de los mecanismos para hacer un uso sustentable de la misma”.

Asimismo, en 2021 se documentaron 108 eventos de agresiones contra defensores del territorio y sus recursos; cada uno de estos eventos, a su vez, puede referirse a una serie de agresiones de diversos tipos, como intimidación, criminalización, desaparición y homicidio. Por ello, en ese año, el total de agresiones en contra de personas defensoras del ambiente y el territorio sumaron 238. Esta cifra representa un aumento del 164.44 por ciento, si se compara con las 65 agresiones que se documentaron en 2020, todo de acuerdo con el “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México”, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Tan solo en 2021, reitera el informe, se comprobó el asesinato de 25 personas defensoras del medio ambiente y los territorios; del total de agresiones documentadas durante ese año, el 41.2 por ciento fue contra población indígena, y la mayoría de estas agresiones fueron contra personas denunciantes de actividades mineras o defensores de ríos y bosques.

Según información del Congreso de la Unión, en 2019 había tres mil 036 concesiones mineras sobre territorios indígenas. En este contexto, se acaba de aprobar una nueva ley minera que al parecer no dejó satisfechos ni a tirios ni a troyanos. La conclusión es terrible, insiste el venenoso, una de las guerras más cruentas y peligrosas del capitalismo salvaje, representado por las empresas extractivistas que contaminan, arrasan territorios y recursos e incluso llegan a la violencia contra los defensores de esta riqueza, se desarrolla ahora mismo, a ras de suelo, y sigue en progreso en más de un centenar de comunidades del país. ¿Quién parará esta locura, este horror advertido por Conrad?

Alejandro De la Garza

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Alejandro de la Garza. Periodista cultural, crítico literario y escritor. Autor del libro Espejo de agua. Ensayos de literatura mexicana (Cal y Arena, 2011). Desde los años ochenta ha escrito ensayos de crítica literaria y cultural en revistas (La Cultura en México, Nexos, Replicante) y en los suplementos culturales de los principales diarios (La Jornada, El Nacional, El Universal, Milenio, La Razón). En el suplemento El Cultural de La Razón publicó durante seis años la columna semanal de crítica cultural “El sino del escorpión”. A partir de mayo de 2021 esta columna es publicada por Sinembargo.mx

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