Me gustaría empezar por el principio: la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó dos reformas del Congreso de la Unión: una, para que estados y municipios no gasten tantísimo dinero en propaganda y, otra, que los servidores públicos puedan dar sus opiniones políticas. La primera reforma afectaba el bolsillo de los medios de comunicación que viven de adular a los gobernadores y no de informar a sus audiencias. La segunda blindaba la conferencia «mañanera». Eso fue lo que invalidó la Suprema Corte. Pero los ministros no quisieron discutir sobre ello y, en vez de ir al fondo de lo aprobado por mayoría por diputados y senadores, prefirieron erigirse en garantes de la forma en que ambas cámaras legislativas decidieron. Los ministros no quisieron defender algún derecho humano de la prensa a recibir chayote o a argumentar cómo un funcionario público pierde su derecho a la libertad de expresión por el sólo hecho de que no nos gusta lo que dice. Así que invalidaron esas dos reformas envueltos en la bandera de las formas. Se dijeron “demócratas”, “plurales”, “vigilantes de la Constitución”, pero, en realidad, revelaron al público que no son un poder de la República, sino voceros de la oposición que, al no poder ganar elecciones y tener mayoría en los congresos, recurren a un golpe legal contra las decisiones de una mayoría legítima, electa en urnas. Es curioso cómo un asunto aparentemente menor —el gasto en comunicación— les generó un repudio por su falta total de legitimidad popular. 

Ahora, veamos qué dijeron los ministros de la tremenda Corte. El resumen lo dio el Ministro Aguilar Morales, cuando otros insistían en traer a colación que los pueblos indígenas no habían sido consultados para hacer estas reformas a la comunicación. Hay que decir que ninguna organización de pueblos originarios había dicho nada y que la resolución provenía de una demanda del McPRIAN qué, hasta dónde sé, sólo aplica como “pueblo mágico”. El Ministro, entonces, dijo: “Si el procedimiento legislativo fue viciado y ya debe invalidarse, entonces no tiene caso saber si se debió hacer la consulta (a los pueblos indígenas) o no”. Y, en efecto, si todo estaba viciado por la urgencia, entonces nada tenía caso, ni discutir el fondo de las leyes, ni elaborar argumentos jurídicos, ni asistir a esta reunión. Pero, aún así, los ministros siguieron durante más de tres horas diciéndose lo demócratas que eran por discutir entre ellos lo zarrapastrosos que eran los legisladores de Morena. El argumento fue el mismo en boca de todos los ministros, salvo dos: que la reforma se presentó sin pasar por comisiones o ser publicada doce horas antes de su discusión y que los pobrecitos de la oposición ni siquiera sabían cuál era su contenido. 

Eso, por supuesto, es falso. En diciembre de 2022 el titular del Poder Ejecutivo presentó en la Cámara de Diputados dos iniciativas de reforma. La primera recaía en la Ley General de Comunicación Social y en la de Responsabilidades Administrativas. La segunda iniciativa propuso reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Partidos Políticos. Ambas iniciativas fueron turnadas a comisiones en la Cámara de Diputados a las diez de la noche del 6 de diciembre de 2022, cuando el Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta de ellas. Una hora más tarde, a las 11 de la noche, y luego de un receso, una Diputada, Graciela Sánchez, anunció que su Grupo Parlamentario, Morena, presentaría dos iniciativas, haciendo suyas las que había enviado el Presidente de la República. La Diputada solicitó trato de urgencia para las iniciativas de Morena, de forma que se le dispensaron trámites y no pasaron a comisiones, sino a discusión y votación directa tres horas después, y de ahí, al Senado. No es, como dicen los ministros, que los diputados y senadores de la oposición fueran vírgenes impolutas a la redacción de esas reformas que ya habían sido discutidas, en comisiones y en el pleno, cuando eran parte de la reforma constitucional que ellos se negaron a leer. La del Presidente y la del Grupo Parlamentario de Morena eran las mismas iniciativas. Por otro lado, los ministros protegieron a los desvalidos legisladores de la oposición separando las iniciativas como si fueran todas nuevas. Los desamparados congresistas que tienen diez meses declarados como en “moratoria constitucional”, es decir, que se niegan a debatir las iniciativas del Presidente, fueron cobijados ahora por la Suprema Corte porque, pobrecitos, no los dejan debatir democráticamente. Lo que era un sabotaje para la aprobación de cualquier reforma, los ministros lo convirtieron en un golpe legaloide. La razón por la que una Corte puede invalidar una reforma de Ley basada simplemente en la forma en que se discutió es porque, si se cambiara la forma, entonces, el resultado, es decir el contenido, de la Ley cambiaría también. Eso es un delirio de los ministros. Les apuesto sus fideicomisos a que, si se repusiera el procedimiento, la votación sería la misma: la mayoría de diputados y senadores seguirían avalando la reforma al gasto en comunicación y la libertad de expresión de los funcionarios públicos.  

Pero, sigamos con lo dicho por los ministros. Alcántara Carrancá tuvo un rapto místico a la mitad de la sesión y se sintió inspirado por la Vela de los Tres Poderes Africanos. Dijo Carrancá: “Estamos llamados hoy a garantizar no solamente el derecho de las minorías a influir y moldear el producto legislativo, sino que también estamos llamados a garantizar el carácter representativo y democrático del órgano legislativo en su integridad”. Nada de eso le corresponde a un Ministro, por más insuflado que se sienta por el Espíritu Minoritario. El “derecho a moldear” una Ley depende de si, como congresista, redactaste un párrafo que, después, fue votado como aceptable por la mayoría. Y el carácter “representativo” del Senado y la Cámara de Diputados pues lo deciden los electores que les asignan sus votos y, por tanto, un número que se convierte en minoría o mayoría. De eso no tiene por qué angustiarse el Ministro Carrancá. Pero no le tuvo miedo a erigirse por encima de los diputados, senadores, y sus votantes. Dijo: “La inobservancia de las formalidades legislativas (…) afecta gravemente su carácter representativo. Por ello, considero que, por sí sola, la regla de la mayoría resulta insuficiente para legitimar este proceso”. Carrancá me recordó a la maestra de primaria que te anulaba la respuesta si la hoja en la que iba escrita no tenía el margen con rojo y muy derechito. Así, para Carrancá una formalidad ya “afecta” la representación, cuando la representación es una relación política entre los electores y los congresistas, contenida en el voto. 

El Ministro Aguilar Morales quiso aprovechar para dar a conocer una nueva teoría política. Vale la pena escucharlo en silencio y los comentarios serán susurrados para no interrumpir su iluminadora cátedra. Dice Aguilar: “Nuestro sistema constitucional descansa sobre la base de que la soberanía reside originalmente en el pueblo, por lo que, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución General, todos los poderes del país se instituyen para beneficio del pueblo mexicano. En ejercicio de ese poder soberano, el pueblo mexicano decidió constituirse en una República representativa y democrática, según los principios fundamentales que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Norma Fundamental. De esta forma, periódicamente el pueblo mexicano delega, a través de elecciones democráticas, el ejercicio de su poder soberano en representantes populares, quienes tienen el deber de proteger los intereses y trasladar la voluntad popular depositada en las urnas que los eligió. De todas las decisiones y actos que involucran la vida pública de México, es de vital importancia para la democracia que los representantes populares se ciñan al mandato, a la voz y a la voluntad del pueblo, cuyo conducto es la Constitución y se concreta en reglas y directrices de ella derivadas, que delimitan el procedimiento legislativo”. La cabriolé retórica es decir que las rutinas de las Cámaras son creación del pueblo. No, señor Ministro, lo que es una creación del pueblo es la mayoría parlamentaria, no el reglamento del comité donde actúa. El pueblo del artículo 39 votó por la transformación que abanderó López Obrador, no por el reglamento de la Cámara de Diputados que dice que es a las dos la hora de comer. Para él son lo mismo y de ahí el engrudo teórico. Pero, ya en profesor de teoría del Estado, el Ministro se fue de largo al arroyo de los coches cuando dijo: “No respetar las reglas del procedimiento legislativo es una deslealtad constitucional y un desdén a las minorías parlamentarias que también representan a un sector del pueblo de México. Ahora bien, ¿la regla de la mayoría implica que las decisiones públicas y las leyes que emita el legislador sean adoptadas en forma unilateral por esas mayorías? Yo estoy convencido de que no”. Lo que hace el Ministro Aguilar aquí es una trampa muy poco interesante: decir que la representación de la mayoría podría decidir en contra de la mayoría, es decir, sospecha, sin argumentos, que los electores de Morena, PT y Verde no están de acuerdo con las reformas a las leyes de comunicación. ¿De dónde sacó eso? Quizás de cuando el Congreso aprobó en menos de dos días, en ambas Cámaras, la de diputados y la de senadores, la reforma energética de Peña Nieto. Ahí sí, el Pacto por México violentó lo que habían prometido los partidos del PRIAN y PRD en campaña, se saltó todos los formalismos, y hasta cobraron unas maletas de sobornos de Odebrecht que, en su última sesión al frente del INE; Lorenzo Córdova sostuvo que no existían. Desconoce el Ministro la realidad afuera de su teoría del pueblo que apoya que, si el margen no está en rojo, la respuesta no es válida. Según estos ministros, ¿cuánto tiempo se tiene que discutir una Ley para que sea “plural”? ¿Si volvieran a presentar la Ley y no se dispensara su discusión, los partidos que no quieren ni leer las iniciativas presidenciales, saltarían ahora a debatirlas, motivados por el entusiasmo de lo que los dejen participar? Y, por último, ¿Sería distinto el resultado de la votación? De los 221 diputados en contra del MCPRIAN, alguno de ellos hubiera cambiado su voto de haber sido distinto el procedimiento? 

A estas alturas de la sesión, la Ministra Yazmín Esquivel les aclaró al resto un pequeño detalle que estaban omitiendo: que a las nueve de la mañana del 6 de diciembre de 2022, día en que fue aprobada esa reforma, todos los partidos en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados votaron a favor de que se dispensaran las formalidades en las iniciativas que se iban a presentar. Todos estuvieron de acuerdo en que así sería. Dijo la Ministra: “Consecuentemente, si en el caso concreto se aceptó por la mayoría de los partidos políticos, representados en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que en la sesión plenaria de ese día se presentarían las iniciativas anunciadas e, inclusive, se solicitaría la dispensa de trámites, me parece que, por un lado, no podemos, como Tribunal Constitucional, desconocer este acuerdo político de los legisladores; por el otro lado, que la anuencia de la mayoría de los coordinadores es signo inequívoco de su consentimiento en la forma en que se procesarían las reformas propuestas en la sesión vespertina y nosotros no debemos invadir e invalidar los compromisos del legislativo por respeto a la división de Poderes”. Es decir, los demás ministros habían insistido en que no se respetaron los reglamentos cuando uno de ellos, el que proviene de la junta de los coordinadores de todos los partidos, ya sabía que se iba a dispensar el trámite y que la votación era urgente. Además, al entrar a la Junta de Coordinación Política, la reforma a Ley fue conocida por todos los líderes de los partidos, por lo que nada más había que sacarle unas fotocopias o mandarla por WhatsApp. Como siempre, la oposición saboteadora, no dijo nada en la Junta de Coordinación, y se olvidó de su acuerdo cuando metió a la Corte para tratar de violentar la decisión de la que ella misma fue partícipe. Pero, Esquivel reveló algo más grave: que fue la propia Suprema Corte la que pidió que las Cámaras aprobaran la reforma de comunicación social, a instancias de un amparo de la organización Artículo 19 de Claudio X. González. Es decir, ellos mismos se inconformaban por la celeridad con la que, tras un año, el Congreso cumplía con esa resolución de la Corte. Dijo finalmente la Ministra Esquivel: “Si la Primera Sala de este Alto Tribunal concedió al Congreso de la Unión tres meses para cumplir con una sentencia y al momento en que se presentó la iniciativa que nos ocupa, que fue el 6 de diciembre de 2022, habían transcurrido doce meses sin haber acatado el fallo, considero que ello revela y justifica la urgente y obvia resolución. Lo anterior tampoco es nuevo, ya que el Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2005, declaró que el cumplimiento de una de sus ejecutorias sí implica una cuestión de urgente y obvia resolución y, por este motivo (en tal caso), declaró que la premura con que actuó el órgano legislativo estaba objetivamente relacionada con la necesidad de tramitar el asunto rápidamente”. Así, se desnudó esta contradicción de la propia Suprema Corte al dar un fallo, pedir que se acatara y, luego que ya se había hecho, decir que siempre no porque la oposición desvalida no la conoció a tiempo. 

La última razón, que la oposición no pudo participar, no porque estuvieran metidos en su “moratoria legislativa”, sino porque nadie les pidió que lo hicieran, se desmintió por parte de la Ministra Ortíz: ¿Cuántos diputados o senadores de la oposición pidieron la palabra y no se les concedió? No existió tal cosa en la sesión, por lo que argumentar que la Corte protege a la desvalida oposición es un embuste más. No obstante los argumentos de las ministras Esquivel y Ortiz, Norma Piña y Laynez Potisek siguieron diciendo que ellos protegían a las minorías violentadas en su derecho a debatir contra los avorazados de Morena que no quisieron. Así, la Tremeda Corte.

La idea que la mayoría de los ministros reflejó en su votación, repito, mayoritaria, es la de unos abogados que creen que gobiernan para la Constitución y no para el pueblo; que la Constitución es un texto sagrado inamovible y no que proviene de la historia del propio pueblo; unos ministros que creen que la soberanía reside en el reglamento; unos ministros que creen que cada Diputado de la oposición merece que lo protejan y no que actúa políticamente con un coordinador en la Junta de Coordinación política; que se olvida de sus propias resoluciones; que sostiene, sin miedo al desprestigio, que la oposición no pudo leer el texto aprobado por falta de tiempo; que gana salarios de 300 mil pesos mensuales, con aguinaldos de 586 mil pesos, primas vacacionales de casi 100 mil pesos, seguro médico por 30 millones de pesos y 188 mil para medicamentos, seguro de vida por 12 millones, 14 fideicomisos por 20 mil millones de pesos. La Suprema Corte nos cuesta 74 mil millones al año. Es es la Tremenda Corte, escuchándose dentro de una burbuja, erigida en garante de una República que no existe. 

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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