Juan Collado Mocelo está acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada en México; era uno de los abogados más reconocidos del país, ya que dentro de sus clientes están el hermano del expresidente Carlos Salinas, Raúl Salinas de Gortari, y el expresidente Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- La Policía de Andorra investiga si Juan Ramón Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), pagó 10.5 millones de dólares a políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en bienes y servicios con tarjetas de crédito a su nombre, según una investigación publicada hoy en El País.
Los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo tuvieron acceso a un informe de las investigaciones de la Policía de Andorra, en donde se señala que el dinero bajo sospecha habría costeado exclusivos hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética en España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos para altos políticos del PRI.
La investigación publicada hoy en El País revela que las autoridades del principado rastrearon los cargos en 10 tarjetas de crédito de Collado desde junio de 2008 hasta marzo de 2015, en donde encontraron facturas de restaurantes y establecimientos de alto poder adquisitivo en distintos países que habrían sido para «terceras personas vinculadas a la política mexicana».
Asimismo, los periodistas Gil e Irujo refieren que el documento de la Policía de Andorra recupera información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde se expone el entramado de 16 compañías mexicanas con cuentas en bancos de Andorra que traspasaron dinero a Collado, empresas que también fueron usadas por el narcotráfico, en específico el Cártel de Sinaloa.
Los investigadores deslizan la idea de que Collado actuó «presuntamente como testaferro de dirigentes mexicanos en Andorra», lo que explicaría, según sostienen, «el uso por parte de terceros de tarjetas de crédito conectadas a cuentas en la BPA a nombre del letrado».
Sin embargo, el abogado de Collado en Andorra, Antoni Riestra, negó las acusaciones, ya que las tarjetas de crédito de su cliente “siempre fueron usadas por él mismo y para él mismo”, y que el letrado encarcelado recurrió a ellas para costear “sus gastos y necesidades”.
“Cualquier persona, con un mínimo de cultura financiera, sabe que puede estar en Barcelona pagando un restaurante con su tarjeta y, si reserva un hotel en París a través de Internet, o compra un billete de Ryanair o un producto en línea a un comercio inglés, las adquisiciones se localizan el mismo día en Barcelona, París, Dublín y Londres. Y eso no comporta pensar que hay cuatro personas diferentes usando al mismo tiempo la tarjeta”, explicó Riestra para El País.
LA FORTUNA DE COLLADO
Juan Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), tendría una fortuna, la cual asciende por lo menos a los 224 millones de dólares, reveló en octubre pasado el diario El País.
En un texto firmado por los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil se dio a conocer que el patrimonio del abogado, quien está preso en México, se desglosa en cobros en especie de propiedades por 43.7 millones, fondos en Estados Unidos en el banco Morgan Stanley por 50, ingresos a través de la cadena de tiendas de empeño Prenda Oro por una cantidad de 104 y honorarios como abogado de 26.2 millones.
El medio con sede en Madrid detalló que con dicho documento el abogado intentó justificar la legalidad de su riqueza en el Principado, donde movió más de 110 millones de dólares. Para ello, dijo, conectó su patrimonio con una exitosa carrera empresarial que tiene su embrión en una herencia paterna.
Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid, el expresidente Enrique Peña Nieto o el exdirector de Pemex, Carlos Romero Deschamps.
Cabe recordar que el abogado fue detenido en México en 9 julio de 2019, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Un mes después, Andorra anunció que reabrió la causa del letrado, con lo que congelaba 93 millones de dólares con los que contaba en la región española.
