Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tumbó la primera parte del llamado Plan B electoral, en este caso sobre propaganda gubernamental, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, con mayoría en ambas Cámaras del Congreso.
Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el Poder Judicial federal “está podrido” y “no tiene remedio”, un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera palo al llamado Plan B, una serie de reformas electorales propuestas por el Ejecutivo federal. Anunció una iniciativa para que las y los ministros sean electos en las urnas.
“En un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la Ley los ministros, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear el país y quieren regresar por sus fueros”, afirmó el Presidente. “¿Qué se tiene que hacer? Primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución porque la mayoría simple no permite que haya reformas en la Constitución”, agregó.
López Obrador destacó que se requiere, en la próxima elección, alcanzar los 334 legisladores que se necesitan para hacer cambios constitucionales. “Ese es el Plan C. Primero, tener la mayoría calificada en el Congreso. Que cuando se vaya a votar, que se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, el racismo y la corrupción, que se piense, a la hora de votar, no sólo en el Presidente y la Presidenta. Parejo. Porque si se tiene el triunfo en la Presidencia, como ahora, ganamos la Presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tienen, dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial”.
“El Congreso es importantísimo. Y sí se puede alcanzar porque la gente está a favor de la transformación. Hay encuestas en donde tenemos una aprobación hasta del 80 por ciento”, subrayó. “Nada más hay que informarlo a la gente. Si no se fortalece el Congreso, si no se tienen las dos terceras partes, el Presidente queda atado. No han podido como quisieran, atarme de pies y brazos, porque no me dejo ni me voy a dejar”, añadió.
El Presidente anunció que en septiembre va a enviar por lo menos otras tres reformas constitucionales. Una, del Poder Judicial, “para que el pueblo elija a los ministros como lo establecía la Constitución liberal de 1857. [...] Es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, magistrados del Tribunal. Que los elija el pueblo”.
“¿Por qué esa crisis en el Poder Judicial? ¿Por qué se atrofió por completo ese Poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN desde la época de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Salinas y Zedillo, del PRI, les entregaron a los panistas el Poder Judicial. Abogados propuestos por Diego Fernández de Cevallos, por Santiago Creel. Todos los abogados conservadores recomendaban jueces, magistrados, ministros y están completamente al servicio del bloque conservador que es sinónimo, que es el equivalente a una pandilla de rufianes muy corruptos, y eso impide que nuestro país vaya más rápido hacia la prosperidad con justicia”, sostuvo.
El mandatario consideró que "hay un entorno muy conservador, muchas presiones, muchas presiones del bloque conservador que tiene uno de sus brazos en la abogacía", por ello, afirmó que "es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo". "Son minoría porque a todos los formaron para proteger intereses de las minorías, de la oligarquía", acusó.
Durante su conferencia de prensa matutina, señaló que "sólo el pueblo puede salvar al pueblo". "La renovación hay que hacerla con el pueblo. El pueblo es el que puede purificar la vida pública", insistió.
Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal reiteró que antes de enviar la iniciativa de reforma al Poder Judicial, es necesario conseguir la mayoría calificada en el Congreso; es decir, dos terceras partes, lo que se traduce a 334 integrantes o el 70 por ciento de los votos. "Sí se puede. La mayoría del pueblo está a favor de la transformación. ¿Cuántos senadores? 96", estimó.
Desde Palacio Nacional, recordó que actualmente quienes están por la transformación del país tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, pero que no cuentan con mayoría calificada.
"La mayoría calificada implica no 50 por ciento más uno, sino dos terceras partes de los votos y la Constitución sólo se reforma cuando se tiene esa mayoría calificada. De 500 diputados, son 300 de mayoría y 200 plurinominales. 500. Para poder reformar la Constitución, se necesitan 334. Hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales", explicó el político tabasqueño.
En su intervención, también denunció que el Poder Judicial está actuando de manera facciosa, pues con la decisión de anular la primera parte del Plan B electoral, le compone la plana al Poder Legislativo.
"Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo, a mí me eligieron. Al Poder Legislativo lo mismo: se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios, ellos deciden que una Ley enviada, una iniciativa de Ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada, nada", concluyó.
Por violaciones graves al procedimiento legislativo, con mayoría de 9 votos, #LaCorte declara la invalidez del 1er decreto de las reformas político-electorales 22/23, que modifica las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.#ULTIMAHORA
— Suprema Corte (@SCJN) May 8, 2023
SCJN INVALIDA PRIMERA PARTE DEL PLAN B
La Suprema Corte invalidó el lunes parte de una reforma electoral en México, en el más reciente revés para el Presidente Andrés Manuel López Obrador —promotor de la iniciativa— y que anticipa un incremento en las tensiones entre el Ejecutivo y el máximo tribunal.
Nueve de los 11 ministros de la Suprema Corte votaron a favor de invalidar la reforma a las leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas, que aprobó en diciembre la mayoría oficialista del Congreso, y con lo cual se permitía a los funcionarios públicos expresar opiniones políticas sin riesgo de ser sancionados por incurrir en propaganda electoral — como se establece actualmente.
El máximo tribunal consideró que el Legislativo incurrió en violaciones al debido proceso al aprobar en menos de 24 horas los cambios a las leyes sin que los diputados de oposición conocieran previamente las iniciativas. Para los ministros, esto vulneró el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias.
Al invalidar el decreto que reforma las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas #LaCorte refrenda que el procedimiento legislativo es la base de un régimen democrático y no un mero formalismo.
Conoce más de esta decisión.#EsSentencia pic.twitter.com/55qRPxZ8Dt
— Suprema Corte (@SCJN) May 9, 2023
Entre quienes votaron contra la reforma estuvo la presidenta de la Corte, Norma Piña, quien sostuvo que las iniciativas legislativas se emitieron sin que todas las fuerzas políticas tuvieran tiempo para analizarlas.
Otro de los que apoyó la invalidación de la reforma fue el Ministro Arturo Zaldívar, expresidente del máximo tribunal, quien afirmó que se debe velar porque todos los grupos en un parlamento puedan debatir “en condiciones de igualdad y libertad”, y agregó que “en este caso no sucedió”. La posición de Zaldívar llamó la atención, porque el mes pasado votó a favor de una propuesta gubernamental para que la Guardia Nacional siguiera bajo control del Ejército y fue criticado por una supuesta cercanía con el Ejecutivo.
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuestionó en su cuenta de Twitter a los ministros y los acusó de “seguir protegiendo intereses particulares”. Para el funcionario, los nueve ministros que invalidaron esa parte de la reforma “pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares”.
Los argumentos planteados por los nueve ministros hacen prever que la segunda parte de la Reforma Electoral, que también fue impugnada por la oposición y el Instituto Nacional Electoral (INE) —y aún está pendiente de discusión en la Corte—, podría correr con la misma suerte y ser anulada.
El Pleno de #LaCorte resolvió que, por violaciones al procedimiento legislativo, el primer decreto de las reformas politico-electorales 2022/2023 es inválido.
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— Suprema Corte (@SCJN) May 8, 2023
Una situación similar podría darse con una veintena de leyes en otras materias de Gobierno que aprobó la mayoría oficialista a finales de abril sin presencia de opositores.
Un día antes de la sesión, la Consejería Jurídica de la Presidencia exhortó en un comunicado a los ministros a actuar con responsabilidad y afirmó que, de invalidarse parte de la reforma, estarían sustituyendo la facultad del Congreso de elaborar leyes y “violarían la división de poderes”, pronunciamiento que fue considerado por analistas como una acción de presión hacia la Corte.
En las últimas semanas las relaciones entre el Gobierno y la Suprema Corte se han tensado luego de que los ministros invalidaron en abril una reforma que transfería al Ejército el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, lo que representó un duro revés para López Obrador, quien ha sustentado su política de seguridad en el uso de los militares para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que controlan vastas regiones del país.
Tras el rechazo de la reforma militar, el gobernante criticó duramente a los ministros y anunció que en 2024, último año de su sexenio, promovería una nueva iniciativa de reforma para consumar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la @SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares.
Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares.
No hay de otra: Plan C en las urnas.
— Adán Augusto López H (@adan_augusto) May 8, 2023
A fines del año pasado, López Obrador promovió la reforma de seis leyes para hacer ajustes en materia electoral, en un movimiento conocido como el Plan B, luego de que no logró los votos suficientes en el Congreso para modificar la Constitución en temas electorales.
Dos de las seis leyes se aprobaron en diciembre y las cuatro restantes, que redujeron la estructura del INE y le restaron facultades de supervisión y sanción a los partidos, se aprobaron dos meses después y están pendientes de evaluación por parte de la Corte.
El INE y los partidos opositores presentaron acciones contra el paquete de leyes en la Suprema Corte alegando que los cambios violaron la Constitución, mermaron la autonomía de la institución, desequilibraron el modelo de comunicación social y perjudicaron la equidad en la contienda electoral.
López Obrador ha negado que el paquete de reformas pueda poner en riesgo la realización de comicios en México, como aseguraron las autoridades electorales, y planteó que la iniciativa buscaba recortar el oneroso presupuesto del INE y terminar con sus privilegios.
De invalidarse proceso legislativo del “Plan B”, SCJN estaría sustituyendo al Congreso de la Unión.
Comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.https://t.co/ogW3EIcmiP pic.twitter.com/P634NVFp9I
— Gobierno de México (@GobiernoMX) May 7, 2023
Ahora, con la invalidación de parte de la Reforma Electoral, los analistas estiman que el INE tendrá mayor certidumbre sobre sus acciones y podrá encaminarse sin presiones para preparar las elecciones presidenciales del próximo año.
-Con información de Fabiola Sánchez, de AP
