En las elecciones de este 2023, el PRI competirá por conservar, como lo ha hecho desde 1929, los gobiernos del Estado de México y Coahuila, pero a diferencia de otros comicios lo hará en alianza con los partidos que antes lo acusaron por fraudes electorales en esas mismas entidades.
Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).– Los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), que al menos desde 1999 se acusaron de cometer fraudes en las elecciones, hoy compiten juntos por las gubernaturas en el Estado de México y Coahuila. Rumbo a los comicios de junio el panorama es similar, pues a sólo tres semanas del inicio de las campañas sobre Morena y sus aliados, así como la coalición de opositores, ya pesan las primeras acusaciones por irregularidades.
Destaca el caso del Estado de México, donde la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, llamó el 17 de abril a militantes priistas –entre ellos funcionarios y exfucionarios– a hacer lo que saben “para bien o para mal” con el fin de ganar la elección del 4 de junio, como consta en un video.
“Tomen su lugar en la batalla y hagan lo que saben hacer, para bien o para mal, queremos constancia de mayoría, no de buena conducta, salgan y ganen la elección que tienen mucha candidata y tendrán mucha Gobernadora”, expuso en una reunión en la Casa del Militante del PRI estatal. Por este acto, el representante de Morena ante el Consejo de Instituto Electoral de la entidad (IEEM), José Vázquez Rodríguez, presentó una queja en contra de la candidata por incitar al fraude electoral.
Dos días después el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en la misma entidad, Eric Sevilla, acusó a Morena de distribuir despensas para influir en el sentido del voto de familias en Tecámac, Acolman y Nezahualcóyotl a través de los gobiernos locales.
Las acusaciones por compra de votos son especialmente delicadas en el Estado de México, donde las elecciones han estado marcadas por este tipo de denuncias, además de señalamientos por presionar a personas para que acudan a las urnas, de los que tampoco se han librado los partidos políticos y sus candidatos en Coahuila. Una revisión a las denuncias y los casos que han llegado a organismos electorales de ambas entidades y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde 1999 dan cuenta de ello.
ELECCIÓN 2017
En 2017, la última vez que se renovaron gubernaturas en los dos estados, los procesos se caracterizaron por conflictos postelectorales, una muestra de lo complejas que son las elecciones en los, hasta ahora, bastiones del PRI.
- Coahuila
Ese año el triunfo de Miguel Riquelme Solís fue duramente cuestionado ante el TEPJF, que resolvió una serie de impugnaciones presentadas por los partidos de oposición y el candidato del PRI. Y es que después de la elección, en un hecho insólito, cinco candidatos a la gubernatura conformaron el “Frente por la Dignidad de Coahuila” para solicitar la nulidad de la elección por una serie de irregularidades.
Guillermo Anaya Llamas, candidato del PAN; Armando Guadiana, de Morena, quien se sumó a título personal; José Ángel Pérez, por el Partido del Trabajo (PT); así como los competidores independientes Javier Guerrero García y Horacio Salinas Aguilera protestaron juntos para exigir la anulación de las elecciones. En total, fueron dos los juicios ciudadanos con los que tanto el PAN como Guerrero García impugnaron el triunfo de Miguel Riquelme al considerar que incumplió normas electorales y por irregularidades en el cómputo de la votación.
En los juicios SUP-JDC-1014/2017 y SUP-JRC-398/2017 los competidores reclamaron que el Tribunal Electoral de Coahuila no revisó con exhaustividad agravios como la falta de imparcialidad de funcionarios de mesas directivas de casilla, la ausencia de representantes en casillas, que el Gobierno estatal no fue neutral y la cobertura mediática desigual, pero el TEPJF determinó que faltaron pruebas para acreditar esas irregularidades.
Los políticos también exigieron anular la elección por la violencia registrada durante las jornada, como en un centro de votación en Ciudad Acuña, pero el tribunal lo rechazó porque consideró que no se trató de una situación generalizada.
Miguel Riquelme, candidato de la coalición “Por un Coahuila Seguro” –conformada por el PRI, PVEM, Nueva Alianza y otros cuatro partidos locales–, también reclamó ante el tribunal que el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyera que rebasó el tope de gastos de campaña al usar 9.2 por ciento más recursos del tope aprobado por 19 millones 242 mil 478.57 pesos.
La decisión del INE sorprendió porque la Constitución contempla la posibilidad de anular elecciones por violaciones graves como exceder el gasto de campaña en 5 por ciento del monto autorizado, pero al resolver dos juicios presentados por el aspirante priista el tribunal modificó las cifras del monto de gastos de campaña y con ello concluyó que no rebasó los topes aprobados.
Uno de los medios de impugnación interpuesto por Miguel Riquelme y la coalición que lo postuló fue contra la resolución del INE que sancionó a partidos políticos por la omisión de reportar las remuneraciones a los representantes generales y de casilla, en el mismo sentido también se quejaron Morena, PAN y el PRD. El tribunal electoral les dio la razón, lo que significó descontar 375 mil pesos a los gastos que, de acuerdo con el INE, había excedido el candidato priista.
De igual forma, el TEPJF resolvió a favor de Riquelme Solís tres medios de impugnación donde acusó que el INE sancionó a su coalición por no reportar los gastos de 84 videos exhibidos en redes sociales valuados en un millón 461 mil 600 pesos, pero no le dio derecho de audiencia para defenderse. En este tema, la Sala Superior del tribunal concluyó que los gastos de elaboración y edición de 82 de las grabaciones ya habían sido reportados ante el INE, por lo que el organismo no podía cuantificarlos y sancionarlos por segunda ocasión. Con ello se ordenó descontar 1 millón 426 mil pesos a los gastos de campaña del priista.
El PAN también pidió al Tribunal electoral que considerara entre los gastos de campaña de Miguel Riquelme un desplegado publicado en periódicos locales y uno nacional para cuestionar al candidato del blanquiazul por comentarios despectivos hacia una priista, pero el órgano electoral rechazó la petición.
Además, la Sala Superior del TEPJF revocó una sanción interpuesta por el Tribunal Electoral de Coahuila contra la coalición que respaldó al PRI por usar recursos para entregar tarjetas de cartón con la promesa de más adelante recibir programas sociales, pero los magistrados federales consideraron que las medida no ejerció presión en el electorado. En ese contexto, el triunfo de Miguel Riquelme fue confirmado por el TEPJF sólo siete días antes de tomar posesión.
- Estado de México
La elección de 2017 estuvo marcada por acusaciones contra el PRI –encabezado en la entidad por Alejandra del Moral, actual candidata a la gubernatura– por coordinar un fraude. Ese año la coalición del tricolor con el PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social ganó la gubernatura con Alfredo del Mazo Maza, pero Morena, el PT, PAN y PRD demandaron al Tribunal Electoral federal que anulara la elección, pues acusaron irregularidades como el desvío y utilización de recursos públicos para favorecer la campaña de Del Mazo; también denunciaron que el equipo del candidato coaccionó el voto al condicionar programas sociales, que hubo irregularidades en el cómputo distrital y aseguraron que el Tribunal electoral de la entidad no valoró exhaustivamente las pruebas que aportaron.
Aunque TEPJF no anuló los comicios, al analizar el expediente SUP-JRC-391/2017 que acumuló varios juicios de inconformidad modificó el cómputo total de los votos después de que se ordenó volver a contarlos en 556 casillas de 32 de los 45 distritos electorales del Estado de México, además, en una de las casillas se ordenó anular la votación. El cómputo final dio la victoria a Alfredo del Mazo Maza con dos millones de votos, una diferencia de 169 mil sufragios por encima de la morenista Delfina Gómez Álvarez, quien compite de nueva cuenta por el cargo en la elección de este año.
Ese año, la Fiscalía mexiquense inició 957 carpetas de investigación por delitos en materia electoral, de acuerdo con datos que transparentó en una solicitud de información. Mientras que el Instituto Electoral del Estado de México registró un total de 446 incidentes en las casillas electorales, los cuales incluyeron “Riesgo de violencia y/o violencia en la casilla”, “Propaganda partidiaria en el interior o el exterior de la casilla”, “Obstaculización o interferencia en el desarrollo normal de la votación por parte de algún representante de partido político”, entre otros.
La contienda de 2017 recibió cientos de críticas, entre ellas la de Bernardo Barranco, exconsejero electoral en el Estado de México, quien previo a publicar un libro sobre el tema dijo en entrevista con la agencia EFE que se trató de “una de las elecciones más sucias que ha habido”.
ELECCIÓN 2011
- Coahuila
Rubén Moreira Valdés ganó esa elección apoyado por la alianza del PRI, PVEM, Nueva Alianza, Socialdemócrata de Coahuila y Primero Coahuila, entre acusaciones por llegar al poder por una cuestión de sucesión familiar y para cubrir irregularidades por las que se señalaba a su hermano Humberto Moreira, quien lo antecedió en el cargo de Gobernador. Con 721 mil 289 votos, el candidato priista obtuvo 61.48 por ciento de los sufragios y muy por detrás quedó Guillermo Anaya, el candidato del PAN, con 36 por ciento.
Los comicios se caracterizaron porque tanto el PRI como sus partidos aliados presentaron una serie de recursos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPCC) contra el PAN por actos anticipados de campaña, la mayoría fueron desechados, pero esto fue leído por el blanquiazul como una estrategia para tratar de desgastarlo.
En respuesta, un mes antes de la elección Acción Nacional llevó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una la queja contra Rubén Moreira por presuntos actos anticipados de campaña, pero el órgano electoral la desechó al considerar que el partido no llevó a cabo los procedimientos adecuados de denuncia.
Hasta julio de 2011, días después de la elección, la Fiscalía General de Coahuila había iniciado 34 averiguaciones previas relacionadas con denuncias por delitos electorales. El entonces titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, Manuel Cabazos Cadena, detalló que se registraron por uso de programas oficiales para promover el voto y por la intervención de servidores públicos.
- Estado de México
El priista Eruviel Ávila Villegas –respaldado por el PRI, PVEM y Nueva Alianza– obtuvo en esa ocasión 61 por ciento de los votos, pero la coalición «Unidos Podemos Más», que formaron el PR el PT y Convergencia, presentaron sin éxito al menos de 9 mil 314 recursos de inconformidad en lo 45 consejos distritales del Instituto Electoral del Estado de México con el objetivo de anular la elección.
La misma coalición impugnó ante la la Sala Superior del Tribunal Electoral federal el acta de cómputo final de la elección de Gobernador argumentando el candidato priista y los partidos que lo respaldaron cometieron actos anticipados de campaña; denunció a Ávila Villegas por rebasar los topes de gastos de campaña y precampaña; por inequidad en medios de comunicación; la alianza acusó la imparcialidad de las autoridades electorales locales y la presunta participación de funcionarios de Gobierno a favor del candidato.
Sin embargo, el TEPJF sólo acreditó de actos anticipados de campaña con un costo conjunto de 946 mil pesos en Lerma, Cuautitlán y Netzahualcóyotl, tres de 125 municipios del Estado de México, pero los magistados resolvieron que los actos «no fueron determinantes para el resultado final». El órgano también modificó una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) para imponer una multa por 2 mil 835 pesos a Ávila Villegas por la presunta realización de actos anticipados de campaña al celebrar diversos actos públicos.
Las y los magistrados rechazaron las acusaciones sobre el rebase de topes de campaña de Eruviel Ávila, así como los señalamientos que apuntaban a su partido por inducir ilegalmente el voto.
ELECCIÓN 2005
- Estado de México
En la elección de 2005 Enrique Peña Nieto ganó la gubernatura en alianza con el Partido Verde al acumular 47.59 por ciento del total de votación, mientras la Coalición del PAN y el partido Convergencia –que más tarde se convirtió en Movimiento Ciudadano– con el candidato panista Rubén Mendoza Ayala alcanzó el 24.7 por ciento; en esa ocasión la candidata del PRD, Yeidckol Polevnsky, estuvo a 18 mil votos de alcanzar a Mendoza Ayala.
La campaña electoral estuvo marcada por ataques constantes entre los partidos, pues incluso un diseñador gráfico denunció que el PRI mexiquense financió una campaña sucia para altrrar imágenes del contendiente panista para desprestigiarlo, lo cual fue negado por la campaña de Peña Nieto. Medios locales también consignaron en mayo de ese año las quejas ciudadanas de familias sobre la coacción del gobierno mexiquense y militantes del PRI a profesores y directivos de escuelas públicas de Ecatepec para repartir despensas y materiales de construcción en las instituciones educativas con la intención de comprar sus votos para el candidato priista a la gubernatura.
Además, un mes antes de la elección el tricolor difundió un video donde se veía al candidato del PAN Mendoza Ayala invitando a sus simpatizantes a tomar de una camioneta artículos balones con la imagen del candidato Peña Nieto en el municipio de Jiquipilco. Aunque el panista se disculpó después y acudió a un Ministerio Público para regresar los balones y ver si había sido denunciado por este hecho, el episodio marcó su campaña.
Las coaliciones PAN-Convergencia y Unidos para Ganar (PRD-PT) presentaron ante la Sala Superior del TEPJF al menos cinco juicios para anular la elección, pero el tribunal los desestimó y confirmó el triunfo del priista. Los partidos opositores denunciaron el rebase de los topes de gastos de campaña, el papel de la autoridad electoral local, el desempeño del mandatario de la entidad, de dos legisladores locales y otros servidores públicos, además del trato diferenciado de algunos medios de comunicación a las y los candidatos.
Por ejemplo, aunque el TEPJF demostró que el Gobernador Arturo Montiel hizo proselitismo a favor del PRI en un acto, no comprobó que eso fuera determinante para el resultado de la elección.
- Coahuila
Humberto Moreira Valdés, del PRI, ganó la gubernatura en 2005 con 57.06 por ciento de los votos, dejando atrás al candidato del PAN Jorge Zermeño Infante, con 33.73 por ciento de los sufragios, pero el PRD y el PAN interpusieron dos juicios de revisión constitucional ante el TEPJF contra el cómputo estatal, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría otorgada al tricolor.
El PAN demandó anular la elección por actos anticipados de campaña del PRI; acusó que Moreira Valdés rebasó el tope de gastos autorizados y utilizó símbolos religiosos durante la campaña; de igual formal denunció que el entonces Gobernador priista Enrique Martínez promocionó obras públicas durante todo el proceso electoral, lo que habría afectado la contienda. Acción Nacional también registró la extracción de boletas electorales en diversas casillas, acusó que personas no autorizadas recibieron votos y el trato inequitativo de los medios de comunicación a los candidatos.
En su resolución, la Sala Superior del TEPJF consideró que sólo se demostró la «afectación al principio de libertad en la emisión del sufragio ciudadano» pues corroboró que la televisora RCG, de Saltillo, sí dio un trato desigual a la información de la campaña y del candidato de Acción Nacional en dos de sus programas.
Aunque el tribunal consideró que no quedó demostrado el exceso en el tope de gastos de campaña del PRI, sí reconoció que el Tribunal Electoral de Coahuila debió estudiar las alegaciones que planteó el PAN. Acción Nacional también reclamó que el órgano local dijo que no podía determinar con exactitud el rebase del tope de gastos de campaña antes de concluir la revisión de informes de gastos de los partido, el TEPJF le dio la razón a la fuerza política al considerar que la autoridad estatal sí debió realizar ese estudio. Si bien la Sala Superior del organismo federal realizó el análisis, no acreditó un rebase al tope de gastos de campaña.
ELECCIÓN 1999
- Coahuila
Ese año fue electo el priista Enrique Martínez y Martínez como Gobernador, el Consejo Estatal Electoral reportó que obtuvo 59.56 por ciento de los sufragios, frente al 33.7 por ciento obtenido por la alianza Coahuila 99 (PAN-PRD-PT-PVEM) con el candidato Juan Antonio García Villa, quien en septiembre de ese año, con casi 48 por ciento de las actas computadas, no reconoció el triunfo del contrincante del tricolor y acusó que los gastos del partido no se vieron reflejados en la campaña, si no en la compra y coacción del voto.
“No fuimos derrotados, fuimos atropellados por el priismo”, reportó La Jornada en una crónica.
De acuerdo con un informe del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante ese proceso electoral la coalición Coahuila 99 promovió cuatro juicios de revisión constitucional para resolver controversias sobre los comicios.
- Estado de México
La elección de ese año ha sido la más reñida para el PRI, pues su candidato Arturo Montiel Rojas venció por sólo 225 mil votos más al panista José Luis Durán Reveles –quien compitió en alianza con el Partido Verde Ecologista (PVEM)– al sumar 1 millón 371 mil votos; el candidato perredista y del Partido del Trabajo, Higinio Martínez Miranda, logró sólo 710 mil votos.
El Consejo estatal del PAN impugnó los comicios y llegó al TEPJF, pero Montiel Rojas fue ratificado como Gobernador. Aunque el partido blanquiazul anunció que no convocaría a la sesión de toma de protesta del priista para intentar impedir que asumiera el cargo frente, la toma sí se concretó. El órgano electoral detalló ese año en un informe que anuló 66 casillas y 26 mil 681 votos en la entidad.
