A la fecha no se tiene certeza de la cantidad de personas migrantes que se encontraban encerrados bajo llave en el lugar a cargo del Instituto Nacional de Migración, asegura el Ministerio Público Federal ante juez
Por Marco Antonio López y Blanca Elizabeth Carmona
Ciudad Juárez, 22 e abril (La Verdad).– A casi un mes de la tragedia migrante en la que murieron 40 extranjeros y 27 resultaron heridos, siguen apareciendo irregularidades en la operación de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM).
El Ministerio Público Federal (MPF) que realiza la investigación en contra de los funcionarios implicados en el homicidio y lesiones de los migrantes reveló este viernes que se desconoce el número exacto de personas extranjeras que se encontraban detenidos al momento del incendio ocurrido el 27 de marzo.
La Fiscal, que mencionó una cifra distinta a la que última que dio a conocer la la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (67) de migrantes encerrados bajo llave en la estación, exhibió que esta situación se debe a la omisión de registros por parte de los agentes del INM.
“No tenemos la certeza de que hubiera solo 68 personas”, dijo la Fiscal del MPF durante la audiencia inicial en contra de Antonio M.D., director de Control y Verificación Migratoria del Instituto, que se llevó a cabo este viernes.
Lo anterior, explicó, debido a que de 68 personas migrantes fallecidas y heridas, se encontró que solo existe el registro de ingreso a la estación provisional de 52. Las 16 personas restantes fueron ingresadas sin seguir el protocolo de registro de expedientes y en todos estos casos se trató de personas masculinas originarias de Venezuela, aseguró la fiscal en la audiencia.
Es por esto que el Ministerio Público sólo pudo determinar que había por lo menos 68 personas en el área de masculinos al momento del incendio, pero estiman que pudieron ser más las personas que estaban sin registro que no resultaron ni fallecidas ni lesionadas.
En tanto, en una audiencia exprés realizada unos minutos antes, el comisionado nacional del INM, Francisco Garduño Yáñez, logró que se difiriera la formulación de cargos que el MPF pretende fincarle por su presunta responsabilidad en el incendio de una de las instalaciones que está bajo su administración.
Los dos altos mandos a nivel nacional del INM, Francisco Garduño y Antonio M.D., que comparecen ante jueces federales por la tragedia migrante, continúan en sus cargos públicos tomando decisiones a pesar de que el MPF ha denunciado en diversas audiencias que hay reticencia y alteración de información por parte de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua.
Los dos servidores públicos son acusados de ejercicio indebido de servicio público, por lo que organizaciones de la sociedad civil exigen que sean acusados de los delitos de homicidio y lesiones, al considerar que eran garantes de la vida y salud de los extranjeros que estaban en la estación migratoria que fue quemada.
En un comunicado de prensa conjunto, las organizaciones Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Uno de Siete Migrando, Asylum Access México, el Instituto para las Mujeres Migrantes (Imumi) y Al Otro Lado, señalaron que el delito que se les pretende formular es atribuible cuando no existan consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones legales de los servidores públicos.
Pero en el caso del incendio sucedido en la estación migratoria de Juárez, esas presuntas omisiones produjeron la muerte y afectaciones a la salud de las personas migrantes.
“Los delitos atribuidos deben ser homicidio y lesiones, ya que los superiores jerárquicos del INM eran garantes de la vida y salud de las personas privadas de su libertad en la estancia migratoria”, se indica en comunicado que firman las organizaciones.
Por lo que advirtieron que no quieren ni van a tolerar “investigaciones superficiales, que solo buscan calmar la opinión pública y no solucionar las condiciones que originaron esta tragedia, para así garantizar la no repetición”.
CONDICIONES INDIGNAS EN ESTACIÓN MIGRATORIA
La falta de seguimiento a los protocolos de ingreso así como a los de prevención y actuación en caso de siniestro o incendio así como las condiciones indignas, sumado a la corrupción del personal que vendía cigarros y encendedores a los migrantes, derivó en el homicidio de los 40 migrantes que perdieron la vida, determinó ayer la fiscal en la audiencia de Antonio M.D..
Y la responsabilidad de controlar y vigilar el cumplimiento de los protocolos y calidad de las condiciones recae en el director Antonio M.D., segundo al mando, debajo del comisionado Francisco Garduño, por lo que se le imputa la probable comisión del delito de ejercicio ilícito del servicio público en la modalidad de comisión por omisión.
“Excedía la capacidad, que no debe pasar del 80 por ciento de la capacidad máxima, no tenían comida ni agua suficiente, no recibían un trato digno y el imputado no supervisó ni vigiló como era su deber. La falta de supervisión propició la muerte de 40 personas de origen extranjero”, dijo la fiscal durante la descarga de pruebas del MPF.
De acuerdo con las pruebas presentadas por el MP el incendio se inició luego de horas que los migrantes tenían pidiendo agua, el ambiente era sofocante por la temperatura y por el hacinamiento, dijo la fiscal, y el agua se les estaba negando.
De acuerdo con los testimonios, por lo menos dos hombres acumularon colchonetas cerca de la reja de la estancia y prendieron fuego a las mismas lo que provocó una acumulación inmediata de humo que no encontró salida debido a la falta de ventilación adecuada ya que las ventanas de 40 por 20 centímetros estaban bloqueadas.
La muerte de los migrantes, de acuerdo con el peritaje forense, se determinó causada como una asfixia por intoxicación de monóxido de carbono.
Además, se determinó también que el dormitorio de hombres no contaba con alarmas de incendio, ni tenía extintores. Y a pesar de que se trata de un espacio 100 por ciento libre de humo, se corroboró el consumo de tabaco en el baño y en la estancia, ya que se encontraron una cajetilla quemada y cinco colillas de cigarro.
Durante la audiencia el imputado Antonio M.D. hizo uso de su derecho a no rendir declaración y pidió la ampliación de 144 horas para finalizar la audiencia inicial por lo que esta se retomará el próximo martes 25 de abril a las 14:00 horas.
LOGRA GARDUÑO DIFERIR AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS
Al enfrentar al Juez federal por primera vez para la formulación de cargos, Francisco Garduño Yáñez estuvo acompañado de cinco abogados privados y de su médico particular.
El comisionado llegó unos minutos antes de las 8 de la mañana de este viernes 21 de abril al Centro de Justicia Penal Federal para una diligencia dentro de la causa penal 237/2023.
Visiblemente tranquilo, Garduño comentó a los reporteros que ya se encontraban al interior del recinto, donde no está permitido el uso de cámaras ni celulares, que al salir emitiría un mensaje.
A escasos minutos de que el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón abrió la audiencia, incluso antes de que los participantes dijeran sus nombres para identificarse, uno de los abogados que representó al comisionado le dijo al juzgador que el MP había entregado la copia de la carpeta de investigación a un abogado de oficio que no iba a llevar la defensa de Garduño.
Inicialmente el juez le pidió al litigante que permitiera la identificación de los participantes en la audiencia, luego de eso le preguntó si habían tenido acceso a la carpeta.
Al escuchar que no, el juez pospuso la audiencia de formulación de cargos para el martes 25 de abril a las 9:15 de la mañana.
El Juez dijo que estaba obligado a velar por una defensa adecuada para Garduño Yáñez y dio por concluida la audiencia.
El Juez no le impuso ninguna medida cautelar al comisionado nacional del INM.
El pasado 20 de abril, Antonio M.D., director General de Control y Verificación del INM, también argumentó la misma razón para suspender por unas horas la formulación de cargos. Pero a él sí se le impusieron dos medidas cautelares.
Los abogados que representan a Antonio M.D., son los mismos que llevan la defensa de Garduño Yáñez. El argumento para suspender la formulación de cargos fue el mismo.
Al salir del edificio judicial, Garduño declaró que había acudido ante el juez en cumplimiento a su deber y dijo tener la voluntad de colaborar con las autoridades.
“Estoy aquí presente en cumplimiento de mi deber como ciudadano y como servidor público con toda la decisión y voluntad para aportar a la autoridad, el MP federal o el juez que conoce la causa, todos, todos, absolutamente todos los elementos que permitan llegar a la verdad en pro de las víctimas”, afirmó.
El funcionario no respondió preguntas, únicamente emitió ese mensaje en el que también señaló que se encuentra en Ciudad Juárez desde el 28 de marzo, que estuvo atendiendo a los sobrevivientes y al personal consular de los diferentes países.
“Mi primer objetivo fue atender a las víctimas, asistir a los hospitales, concurrir y apoyar en los servicios médicos que se requirieran, en el traslado de estas víctimas a hospitales de primer nivel en la Ciudad de México, en transportación de ambulancias aéreas de la Secretaría de Marina y traslados en aviones”, afirmó.
