Falta sólo una semana para que se cumpla el primer aniversario del debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica. Todavía nos acordamos, cuando la diputada plurinominal, Paloma Sánchez, salió al exterior del recinto a burlarse de quienes le exigían que votara a favor de la soberanía nacional y les gritó: “No va a pasar”, una frase que “Alito” Moreno, el que insólitamente sigue siendo aún el presidente del PRI repitió en su discurso hueco siete veces seguidas. Tiempo después sabríamos que tanto el dirigente del PRI como la diputada plurinominal estaban unidos en una trama de fotografías y extorsiones para garantizar la lealtad al grupo partidista. Quien hablara por Acción Nacional ese 17 de abril de 2022, Jorge Romero, ahora está señalado de pertenecer al cartel inmobiliario y su socio, von Roerich, está prófugo de la Fiscalía de la Ciudad de México. Quien fuera el orador del partido del Movimiento Ciudadano en aquella vergonzosa sesión, Álvarez Maynez, defendió hace poco en la tribuna a Margarita Zavala, tras el veredicto de culpable de narcotráfico contra Genaro García Luna. Hay que recordar que, hace un año, a Zavala se le exigió recusarse del debate por el clarísimo conflicto de interés porque su marido había recibido 10 millones de la empresa española Iberdrola. Se pidió lo mismo para la diputada del PRD, Edna Díaz, por haber metido al cabildero de la eléctrica italiana Enel, Paolo Salerno, al recinto de los diputados. Se recuerda todavía cómo los perredistas acabaron confesando que Salerno había redactado partes de sus iniciativas eléctricas. Las dos diputadas argumentaron “violencia política de género” y “persecución política” y se quedaron a votar. Aquella vez, los dipuclaudios usaron como armas retóricas a Ovidio Guzmán, actualmente detenido y en proceso de extradición, y la supuesta casa que rentaba la esposa de un hijo del Presidente en Houston, una historia que llenó de lodo y descrédito a los medios que trataron de hacerla pasar como un “conflicto de interés”. Los pocos dipuclaudios que se refirieron al tema dijeron que la empresa de electricidad del Estado, la CFE, usaba “energía sucias”, que prácticamente era propiedad de Manuel Bartlett, y que la luz iba a subir de precio. Muchos acusamos de traidores a la oposición que se puso del lado de Iberdrola y en contra de la soberanía energética de México. Los señalados se hicieron las víctimas y el INE de Lorenzo Córdoba le ordenó a los diputados de Morena bajar la frase en un plazo de tres horas. Ahora, Lorenzo Córdoba es un colaborador de Latinus. Y a los diputados del bloque opositor en esa sesión les seguimos llamando: traidores a la patria.

Un año, apenas uno menos una semana, hizo falta para que el Presidente López Obrador hiciera el anuncio de que México compraba 13 plantas de Iberdrola. Le llamó “una nueva nacionalización”, pues implica que el Estado mexicano operará el 65 por ciento del suministro, pasando, en el norte del país de 7 por ciento a 45 por ciento. Es un poco más que lo propuesto en la reforma constitucional que rechaó el bloque de Claudio X. González. Atrás queda la guerra legal que eliminó los contratos de Iberdrola en los que simulaba sociedades de autoabasto con los OXXOs. Ocurrió en Tamaulipas, Nuevo León, y San Luis. Queda atrás la multa de 9 mil millones de pesos que Iberdrola tenía que pagar por ocultar que estaba vendiendo energía a quienes ni siquiera figuraban en sus autoabastos, ya de por sí simulados. El juez Ramón Lozano Bernal no tardó ni un mes en amparar a Iberdrola, pero él mismo empezó a ser investigado por falsificación de documentos. En la transmisión que hizo el Presidente López Obrador del acto de compromiso, el presidente global de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, dijo que respetaba las leyes mexicanas en cuanto a la soberanía sobre sus recursos naturales. Es una Iberdrola disminuida, con una deuda de 45 mil millones de euros, que ha vendido el 49% de sus plantas en varias partes del mundo, entre ellas, la mitad del parque eólico marino en Alemania, la red en Gran Bretaña, el gasoducto en Estados Unidos y un parque en Palma de Mallorca, y cuyo presidente, Sánchez Galán fue acusado en España de utilizar a un policía nacional, José Manuel Villarejo, para espiar a los pobladores que se oponían a la instalación de sus parques de viento, para que investigara la vida privada de los ejecutivos de otras empresas eléctricas que planeaba comprar, como Endesa, y para que le transcribiera sus conversaciones privadas, cuentas personales, planes y amoríos.

En la misma mesa de Palacio Nacional en la que se sentaron los directivos de Iberdrola estaba López Obrador, respaldado por la decisión de la Suprema Corte de Justicia del 7 de abril de 2022 de no invalidar la ley eléctrica que fortalecía a la CFE. No había ocurrido nada de lo que dijo la oposición: ni subió el precio de la luz, ni Manuel Bartlett se convirtió en el dueño de la paraestatal, ni la inversión extranjera se ahuyentó; todo lo contrario, en 2022 fue de 35 mil millones de dólares, la más alta de los últimos siete años. Sobre Bartlett hay algo más que decir: la oposición lo implica en el fraude de 1988, que ni Acción Nacional ni, por supuesto, el PRI denunciaron nunca. Pero olvidan que quien lo ordenó, Miguel de la Madrid, fue el padre de uno de los precandidatos a la presidencia del bloque opositor, y que a quien benefició, Carlos Salinas de Gortari, es el tío de otra de sus precandidatas del PRIAN de Claudio X. González, Claudia Ruiz Massieu.

La oposición grosera, calumniadora, e ignorante de la sesión de los diputados hace casi un año, tuvo que reaccionar a la “nueva nacionalización” eléctrica. Lo hizo desde lo único que les queda: hacer el ridículo. Empecemos por la senadora Xóchitl Gálvez, ex comisionada de pueblos originarios de Vicente Fox. Ella, que había asistido a la sesión del senado 14 de diciembre pasado, disfrazada con una botarga de dinosaurio, escribió en tuiter: “¡Estarán brincando de gusto! Los dueños de Iberdrola se deshacen de varios activos viejos que producían energía con combustibles fósiles y tendrán 6 mil millones de dólares para invertir en renovables. Los caprichos presidenciales salen caros”. Por reaccionar demasiado pronto, a la senadora se le olvidó que, en la lista de lo adquirido para México, está el parque de energía del viento de Oaxaca, que evita anualmente la emisión de 92 mil toneladas de CO2. Para Xóchitl Gálvez no existieron las batallas legales para cancelar los contratos simulados de Iberdrola, su capacidad cada vez más acotada de subsistir en un país que le empezó a cobrar la transmisión, que le prohibió las corruptas sociedades de autoabasto, que le dio preferencia a la energía de las hidroeléctricas del Estado. Para ella, Iberdrola es muy lista y se deshizo de plantas fósiles, cuando hace apenas un año su partido, Acción Nacional, decía que Iberdrola producía energía limpia de la nada, sin el uso de combustibles. Quizás la senadora Gálvez debería no opinar sobre energía, ya que el 2 de abril de 2019, cuando trató de interrogar a una aspirante a comisionada de la CRE, se hizo bolas entre kilowatts y megawatts.

Pero sigamos con la reacción de Enrique de la Madrid, aspirante a candidato de sus partidos, PRI, AN, y PRD. Escribió en la misma red social: “No hay medicinas, no hay hospitales, no hay seguridad, no hay empleos, ni Bienestar, pero eso que siga la CFE creciendo que es el verdadero proyecto estatista de la 4T. ¡Lo que es no entender como ayudar a millones de mexicanos a superar la pobreza!” El mismo de la Madrid ha propuesto sin reírse que, para eliminar la pobreza en México, cada rico caritativo “adopte a un mexicano”, y que con la buena voluntad de una persona se pueden sustituir los derechos constitucionales. Se le pasó al licenciado pensar que la CFE ha permitido que no suba el precio de la luz, costo que es parte de la definición de pobreza. Para él, la compra de plantas de Ibedrola es estatismo y no soberanía nacional en un recurso que es estratégico para desarrollar, por ejemplo, la industria que ha llegado en niveles record a México. Es como los integrantes de la marea rosa que se quejaban de que se hiciera un aeropuerto, un tren, una planta solar, y una refinería en lugar de financiarle la tintorería a los consejeros del INE.

Y hablando de la marea rosita del INE no se toca, los que también se manifestaron fueron los de Sociedad Civil, AC, es decir, los que sean que respalden a Ana Lucía Medina Galindo, ex diputada de Acción Nacional en Michoacán y que franqueó a José Woldenberg en la primera marcha, la de noviembre de 2022, después de hacerlo con Claudio X. González en el Polyforum en la presentación de Unidos, en septiembre del año pasado. Ella escribió: “No queremos ser «aguafiestas» sobre lo que AMLO anunció respecto de la compra de plantas de Iberdrola en México… Se trata de un fondo privado que se llama Mexico Infrastructure Partners, que compró en $6 mil millones de dólares una serie de plantas que eran propiedad de Iberdrola. No se trata de ninguna re-nacionalización de NADA, las plantas siguen siendo propiedad PRIVADA, los dueños son Mexico Infraestructure. Fonadin está dado las garantías suficientes al fondo privado para que ELLOS puedan realizar la operación con Iberdrola. Dentro de esta jugosa operación CFE operará las plantas adquiridas por Mexico Infraestructure Partners, seguro más adelante nos enteraremos más detalles. Interesante que una empresa europea líder en energías limpias venda plantas depreciadas a gas en México, quizá sus metas medioambientales en la regulación europea le forzaron a salir de ese mercado contaminante… Piensa mal y acertarás”. Así como la ex diputada de Acción Nacional en Michoacán se hizo pasar por “sociedad civil”, así también hace pasar el amparo de un fondo de inversión por una privatización, cuando todos los que vimos el mensaje del Presidente sabemos que es el fondo de infraestructura del gobierno el mayoritario en la operación y que la CFE operará y cobrará por el suministro que antes cobraba Ibedrola. Usa la misma confusión entre panistas avergonzados con “sociedad civil” sin partido para decir que no hay “nacionalización”, cuando será de la nación el 55 por ciento del suministro. A la panista embozada se le olvidó destacar lo que dijo el secretario de Hacienda en la reunión en Palacio Nacional: “El Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura) tendrá la mayoría del capital de esta transacción y será el vehículo especial para refinanciar la operación”. Luego, para no pensar “bien”, escurre la misma idea de la senadora Gálvez: que la venta de Ibedrola es para que ésta se deshaga de sus plantas contaminantes, no de que es una empresa que jamás ha podido competir sin que los Estados nacionales le den todas las ventajas posibles en contra del interés general. A menudo le sucede esto a la oposición: dan argumentos contradictorios. Así, si una empresa privada compró las 13 plantas y resulta que estas son chatarra contaminante, pues entonces los del fondo de inversión son unos idiotas porque están gastando 6 mil millones de dólares en basura industrial.

El diputado Jorge Triana se subió al tren del mame y, sin miedo, a la inexactitud histórica o técnica, opinó: “El mismo genio que ha ‘nacionalizado’ tres veces en este sexenio el litio (que está nacionalizado desde 1857), ahora ‘nacionaliza’ la industria eléctrica, comprando plantas chatarra a cambio de endeudarnos con 6 mil millones de dólares. Curioso concepto de nacionalización”. Triana se las arregló para decir cuatro mentiras en menos de tres líneas. Dice que Andrés Manuel ha nacionalizado tres veces el litio. No tengo idea a qué se podría referir si el decreto sólo es uno, el del 18 de febrero pasado. Dice que el litio está “nacionalizado” desde 1857, es decir, 122 años antes de que empezara su exploración. Dice que las 13 plantas en Monterrey, Altamira, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale, Baja California, Topolobampo, junto con el parque eólico terrestre en Oaxaca, son chatarra, cuando hace un año su partido los elevó a la cúspide de la tecnología renovable, a tal grado, que prefirieron ser llamados traidores a que se defenestrara a la modernidad energética. Ahora que pasan de ser españolas a mexicanas, ya son chatarra, piratas, inservibles. Es el mismo resorte de siempre de la derecha: si es extranjero, es mejor. La última mentira de Triana es que nos endeudamos, cuando cualquiera que haya escuchado al secretario de Hacienda sabe que precisamente el uso de los fondos de infraestructura evita la contabilidad como deuda.

Hace un año la oposición financiada por Claudio X. González votó en contra de permitirle al Estado mexicano decidir sobre su política eléctrica. Hoy, que Ibedrola se despide de México y sus plantas pasan al control del Estado, vuelven a exhibir una táctica que no les favorece nunca: el tomar postura en función del Presidente. Así, como sus posturas no son de principios, tienen que esperar a lo que hace López Obrador para posicionarse en contra. Así se la han pasado, no en este año, sino en todo el sexenio: brincando al lado de opuesto del Presidente, sin tener jamás un plan propio, unos principios, unos argumentos. Es la táctica de retorcer la realidad para que se adapte a una fantasía que tienen: que AMLO perjudique al país y ellos vuelvan como salvadores de la situación. El único problema que tienen es que su símbolo es una senadora que se disfraza de dinosaurio.

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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