Contrario a la política de austeridad impulsada por el Gobierno federal, ambos consejeros se caracterizaron por defender la el presupuesto destinado al organismo y mantener salarios mayores a los del Presidente.
Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– Ciro Murayama Rendón y Adriana Favela Herrera terminarán su cargo como consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo 3 de abril después de nueve años marcados por polémicas y en el contexto de la discusión de una Reforma Electoral a la que se han opuesto. Contrario a la política de austeridad impulsada por el Gobierno federal, ambos defendieron la importancia de no recortar el presupuesto destinado al organismo y formaron parte de los funcionarios que promovieron amparos para seguir recibiendo sueldos mayores al del Presidente de México.
Las consejerías que también terminarán son la de José Roberto Ruiz Saldaña y la del Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello. De acuerdo con el INE, la Consejera Favela Herrera y Murayama Rendón recibirán un millón 663 mil 388 pesos de finiquito por su labor en el organismo, aunque el Diputado de Morena Mario Llergo denunció en entrevista para SinEmbargo Al Aire el 21 de marzo que en realidad el monto entregado a Córdova superará los 9 millones de pesos y “una cifra similar se llevará el Consejero Ciro Murayama Rendón”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la entrega del finiquito como legal, “pero inmoral”. Por su parte, Ciro Murayama dijo que es “un invento del Gobierno” el que recibirán más de 9 millones de pesos.
“¿El Presidente nos va a decir cuál es su moral? Esto, afortunadamente, todavía no es una dictadura, entonces a lo que estamos obligados es a cumplir las leyes. Él no es el gran sacerdote, aunque se crea, lo lamento”, agregó a Expansión. La respuesta se suma a las confrontaciones que han caracterizado su relación con el mandatario federal y Morena, el partido en el poder.
Al igual que contra Lorenzo Córdova, las críticas a Ciro Murayama desde Morena y el Gobierno se centran en su imparcialidad y protagonismo, lo que también alertó desde el año pasado Eduardo R. Huchim, especialista en temas electorales y exconsejero del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal.
“Por momentos no se puede distinguir si está hablando el árbitro o si está hablando uno de los jugadores, es decir, uno de los actores políticos. Yo digo que dejaron [Córdova y Murayama] de ser árbitros y se han convertido en jugadores en esta situación y hay actitudes que se toman mal”, mencionó a este diario digital. Esta postura, explicó, les ha valido el rechazo.
A días de dejar el cargo, Murayama Rendón reconoció que le habría gustado tener menos protagonismo, pero, según argumentó, no lo logró porque los últimos años, ya con Morena gobernando a nivel federal, han sido “los más complicados” para el órgano electoral.
“A mí me hubiera gustado tener menos visibilidad, pero un árbitro discreto es posible cuando los jugadores respetan las reglas del juego, no cuando se quiere imponer a la mala la voluntad del poderoso (…). Podíamos, sí, haber sido discretos, pero habríamos sido entreguistas de la autonomía de esta institución”, dijo esta semana a Milenio.
Las asperezas entre el Gobierno federal y el INE crecieron desde 2019, cuando los consejeros electorales, incluidos Ciro Murayama y Adriana Favela, se ampararon para mantener sueldos superiores al del Presidente, quien les ha exigido renunciar a privilegios tales como seguros de gastos médicos por 295 millones de pesos. Por su parte, la autoridad electoral llamó en más de una ocasión a que no se le reduzca el financiamiento en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pues argumentaron que ello impacta en sus funciones constitucionales.
Hasta enero de este año, la Consejera Favela Herrera defendió el derecho a conservar su sueldo por ejercer un trabajo especializado y aseguró que, al comparar las prestaciones que recibe el Presidente como servidor público, él tiene mayores ingresos.
“Si tu comparas el dinero gana el presidente de la República con lo que ganamos, se puede ver como una cantidad mayor, pero cuando tú ves todas las prestaciones que él tiene por su cargo, obviamente nosotros no tenemos ni siquiera la centésima parte”, dijo en entrevista con Forbes.
La Consejera insistió en que “el INE no es caro”, pero requiere “una inversión fuerte” en pro de la democracia. Con esos argumentos, Ciro Murayama se confrontó el año pasado con el Gobierno federal cuando expuso que, debido a los recortes, el instituto no contaba con recursos suficiente para realizar la primera consulta de Revocación de Mandato.
Por ello, cuando la Secretaría de Gobernación presentó en enero de 2022 un plan de austeridad para que el instituto pudiera realizar el ejercicio, el Consejero insistió en que “el gobierno debería hacer bien su trabajo en vez de querer destruir lo que sí funciona: el INE”.
Cuando las elecciones (mal hechas) las organizaba el gobierno (1988) ellos decidían el gasto.
Hoy que hay un instituto autónomo, el @INEMexico, el gobierno no manda en sus decisiones.
El gobierno debería hacer bien su trabajo en vez de querer destruir lo que sí funciona: el INE https://t.co/HyqejZe36Z
— Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) January 13, 2022
De hecho una de las últimas participaciones de Ciro Murayama ante el Consejo General del INE se enfocó en exponer irregularidades en el proceso de revocación desde el momento de su solicitud, donde el organismo informó esta semana que la organización Que Siga la Democracia –relacionada con morenistas– usó 14 mil 940 firmas de personas fallecidas. “Esperemos que la Fiscalía persiga el delito como corresponde”, llamó el Consejero.
El @INEMexico detecta y sanciona el fraude de entrega de firmas de muertos en la Revocación de Mandato.
La AC "Que siga la democracia" entregó 14,490 firmas de personas fallecidas.
Esperemos que la Fiscalía persiga el delito como corresponde.
Va pieza de mi intervención 👇 pic.twitter.com/ueaKOKb4bs
— Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) March 30, 2023
Pero el tema más reciente que confrontó al INE con el Gobierno federal fue la decisión de poner en pausa las modificaciones que plantea el llamado Plan B de la Reforma Electoral. Murayama Rendó, Adriana Favela votaron junto a las y los otros nueve consejeros a favor de ello luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgó al órgano electoral una suspensión provisional.
ACUSACIONES CONTRA MURAYAMA
Durante su gestión, Ciro Murayama ha acusado al Gobierno federal de atacarlo. En junio de 2021, se pronunció sobre una supuesta investigación iniciada en su contra por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. «Resulta que el gobierno usa a la UIF para ver cómo atacarme. Pues que vayan a fondo, porque: Nada hay qué ocultar, tengo las manos limpias y la frente en alto y, sobre todo, la convicción de seguir siendo un consejero del @INEMexico autónomo e independiente al poder en turno”, escribió Murayama en sus redes sociales en esa ocasión, aunque la institución lo descartó días después.
Mientras que en marzo del año pasado legisladores morenistas, entre ellos la Diputada Andrea Chávez, anunció que los legisladores de Morena alistaban el mecanismo para iniciar un juicio político contra los consejeros Murayama y Lorenzo Córdova por «ataques a la libertad de expresión», algo que hasta el momento no se ha concretado.
FAVELA, CON ACUSACIONES POR VIOLENCIA
El periodo de Adriana Favela como consejera estuvo marcado por denuncias de hostigamiento laboral. En noviembre de 2019, dos personas irrumpieron la Tercera Conferencia de Magistradas de América Latina para acusarla de violencia en contra de sus empleados.
“Nosotros manifestamos el hecho de que ella golpea y ofende a cada uno de sus empleados”, expuso en esa ocasión Alejandra García, quien dijo ser integrante de la organización Casa Violeta, y aunque anunciaron que formalizarían una solicitud de juicio político contra la Consejera en la Cámara de Diputados, no lo formalizaron.
Y aunque mediante la Plataforma Nacional de Transparencia se han registrado solicitudes para saber cuántas quejas por hostigamiento laboral se han iniciado contra Adriana Favela y otros consejeros sobre violencia laboral, el Comité de Transparencia del instituto ha clasificado la información argumentado que publicarla «sería en perjuicio de su titular en tanto que podría generar una percepción negativa en sus conocedores”.
