Desde el 2019, el Gobierno estadounidense presionó al Ejecutivo mexicano para endurecer el control migratorio en el país y en la frontera binacional. Mientras que las detenciones de personas migrantes en situación irregular aumentaron en México, las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales se vieron cada vez más saturadas y se registraron violaciones a derechos humanos en las instalaciones de la autoridad migratoria.
Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).– El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos ha impactado en el flujo migratorio en México y a su vez ha llevado a que las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales se vean rebasadas en su capacidad, y por lo tanto que se improvisen lugares de alojamiento y se dé pauta a casos de violaciones de derechos humanos, alertó desde 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Informe Especial sobre la situación de estas instancias.
Los mismos datos de este organismo autónomo muestran que entre 2016 y 2023 se han emitido al menos 22 recomendaciones a las autoridades migratorias por abusos reportados en las Estaciones migratorias de todo el país, que van desde casos documentados de tortura y negligencia que han costado la vida a niños y adolescentes; a la falta de atención médica, reportes de hacinamiento y de condiciones insalubres en las que viven las personas que son llevadas a estos lugares.
Este abandono y abusos en los que se encuentran los migrantes detenidos en las estaciones ha vuelto a quedar evidenciado con la tragedia suscitada en una Estancia Provisional en Ciudad Juárez, en donde un incendio se cobró la vida de 39 migrantes, quienes estaban encerrados y fueron abandonados a su suerte por las autoridades a cargo de su custodia.
Organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes han alzado la voz sobre cómo la respuesta que han dado las autoridades migratorias mexicanas al flujo de personas que buscan llegar a Estados Unidos —sobre todo a demanda de este país— han dado pauta precisamente a una mayor detención de migrantes en México.
“México no tendría por qué detener sistemáticamente a todas las personas, tendría que hacer entrevistas y evaluaciones para ver cuáles son las situaciones concretas de cada persona: por qué están solicitando asilo, o tal vez permiso para transitar en México para ir a Estados Unidos, y revisar de fondo”, dijo a SinEmbargo Marisol Méndez, Coordinadora de Incidencia de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
Cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) muestran cómo de 2017 a 2019 se dio un incremento en las detenciones de personas migrantes al pasar de 93 mil 846 casos a 131 mil 445 y luego a 182 mil 940. En 2020, en plena pandemia hubo una reducción importante con 82 mil 379 detenciones, una cifra que para 2021 se disparó a 309 mil 692 y que para 2022 fue un récord histórico de 444 mil 439.
Los cientos de miles de personas que han sido detenidas por las autoridades migratorias mexicanas y que son alojadas en instalaciones del INM son distribuidas entre las 11 Estaciones Migratorias y 40 Estancias Provisionales tipo “A” y “B” que operan en el país al 2023.
El mismo INM informó —en respuesta a la solicitud de transparencia 330020323000280— que la capacidad acumulada de estas instalaciones, a marzo del año en curso, permitía alojar a seis mil 209 personas; mientras que el flujo migratorio promedio mensual para el 2022 fue de 37 mil 037 personas y no bajó de 23 mil mensuales.
La misma legislación mexicana, en el “Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración”, estableció que el tiempo de alojamiento en Estaciones Migratorias será de máximo quince días hábiles “salvo los casos de excepción” previstos en el Artículo 111 de la Ley de Migración; mientras que en los casos de Estancias Provisionales la Organización Internacional de Migración (OIM) observó que el tiempo máximo de estancia es de 48 horas para las tipo “A” y siete días para las tipo “B”.
Sin embargo, se han documentado casos en los que migrantes han permanecido en instalaciones del INM durante semanas e incluso meses, como está descrito por académicos en el informe “Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, 2020-2021” del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J.
“La realidad rebasó la capacidad de respuesta y atención de las autoridades mexicanas, ya que para mantener una relación cordial con los Estados Unidos hubo mayor control y detención migratoria, no se permitió el ingreso masivo de personas migrantes sin el permiso correspondiente, siendo que en el ámbito de la protección de los derechos humanos, como se ha señalado, se omitieron realizar acciones en beneficio de las personas migrantes, tan es así que las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales se encontraron rebasadas en su capacidad, se carecía de asistencia humanitaria y se generó una excesiva solicitud de protección internacional”, señala el reporte de la Comisión antes citado.
CNDH EMITIÓ RECOMENDACIONES TRAS SUICIDIOS Y MALOS TRATOS
En abril 2016, por ejemplo, la CNDH documentó cómo en una estación de la Ciudad de México estaba rebasada su capacidad de alojamiento, lo que vulneró el derecho humano al trato digno en agravio de las personas que fueron detenidas en este lugar.
Un año después, en Tapachula, Chiapas, emitió una observación por dos suicidios registrados en la Estación Migratoria Siglo XXI. En un caso, un hombre se quitó la vida después de haber solicitado atención médica y medicamentos, peticiones que no fueron atendidas. En el otro caso, una persona de origen salvadoreño que había escapado de su país por amenazas de las maras fue agredida por agentes e ignorado con respecto al temor que corría su vida hasta que se suicidó. En ambos casos se determinó que las autoridades no cumplieron su obligación de vigilar y salvaguardar la integridad física y psicológica de los alojados.
El 24 de octubre de 2017, la Comisión documentó cómo entre octubre y de noviembre de 2016 guardias de seguridad privada de la Estación Migratoria de Puebla obligaron a 17 hombres adolescentes centroamericanos a desnudarse para realizarles una revisión corporal, “indicándoles que si no se retiraban la ropa por su voluntad ellos se las quitarían, por lo que al sentirse amenazados e intimidados hicieron lo que les pidieron”. En esta “revisión” no estuvo presente algún servidor público del INM.
Ese mismo año de 2017, pero en noviembre, la CNDH emitió otra recomendación por distintos hechos ocurridos a lo largo de 2015 en una Estación Migratoria de Saltillo, Coahuila, donde se denunció la omisión de las autoridades para atender los reportes de plaga de insectos, de falta de agua, el supuesto “extravío” de los agentes migratorios de personas migrantes así como la nula información sobre su estatus migratorio y su negativa para que pidieran asilo.
Para junio de 2019, la Comisión documentó actos de tortura cometidos por agentes del Instituto Nacional de Migración contra dos personas de nacionalidad hondureña alojadas en la Estación Migratoria de Tlaxcala, padre e hijo, este último menor de edad. De acuerdo con la denuncia de las víctimas, un agente federal solicitó al adolescente de 17 años tirar una bolsa de basura, y ante su negativa, el personal migratorio no le proporcionó los alimentos, por lo que su padre regresó los que él tenía como acto de protesta, los cuales accidentalmente cayeron al piso. Ante ello, tres agentes federales de migración los trasladaron a un cuarto aislado donde fueron golpeados y amenazados con desaparecerlos si denunciaban los hechos.
La CNDH emitió otra recomendación en 2019 por la muerte de una menor de edad en la Estación Migratoria “Las Agujas”, en la Ciudad de México ocurrida en mayo de ese año. De acuerdo con la denuncia, la niña cayó de la parte superior de la litera que se le asignó y se golpeó en el costado izquierdo del abdomen con la placa de concreto de la cama baja, por lo que su mamá la llevó al servicio médico, donde el médico en turno se limitó a darle una pastilla para el dolor. Al continuar con vómito, presentar temperatura baja, color amarillo y con los ojos desorbitados, fue valorada de nueva cuenta por el médico, quien dijo que “seguramente la niña quiere llamar la atención”, ante la protesta de varias mujeres la menor fue llevada a un hospital, pero en el trayecto perdió la vida.
En otro caso de 2020, también de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó cómo un migrante de nacionalidad salvadoreña falleció a consecuencia de COVID-19, “por una responsabilidad institucional atribuible al INM, y por la negligencia y omisión de personal de ese Instituto, que contribuyó al deterioro de su estado de salud y su muerte”.
En diciembre de 2020, la CNDH emitió otra recomendación por casos ocurridos en noviembre de 2018 en la Estación Siglo XXI de Chiapas, en donde un migrante fue encontrado sin vida en su dormitorio, en un supuesto suicidio, al externar conflictos con algunos de los alojados; además se detectaron irregularidades en las investigaciones ministeriales. Ese mismo año, también se denunció otro caso ocurrido en Tabasco, registrado en marzo cuando, como pasó en Ciudad Juárez, un grupo de personas migrantes prendieron fuego a las colchonetas del lugar como protesta por el hacinamiento y el trato al que fueron sometidos, una situación que se cobró la vida de una persona.
Entre 2021 y 2022, la CNDH emitió otras cinco recomendaciones, todas ellas para estaciones migratorias de Chiapas. Una, en agosto de 2021, por la muerte de dos personas migrantes de nacionalidad haitiana y ghanesa, a quienes no se les dio la debida atención médica mientras se encontraban bajo custodia en la Estación Siglo XXI. En otra, de enero de 2022, denunció que no se canalizó a unos adolescentes no acompañados, quienes resultaron positivos a COVID-19, a un lugar especializado para su atención, así como por el reiterado hacinamiento en la Estación Migratoria en Palenque, Chiapas, ya que alojaba a personas migrantes hasta en un 126 por ciento por encima del límite de su capacidad.
En otra estación, esta de Tuxtla Gutiérrez, se denunciaron “condiciones inadecuadas en las que se encontraban personas migrantes menores de edad”, cuando desde un principio debieron ser atendidos por las autoridades del DIF. En otro caso suscitado en la Estación Siglo XXI, 22 migrantesfueron agredidos con toletes, bastones eléctricos y gases lacrimógenos por elementos de la Guardia Nacional y del Servicio de Protección Federal con la anuencia del personal del INM. De igual forma, se emitió otra recomendación por hechos ocurridos en marzo de 2020 cuando elementos federales agredieron a 24 personas que se habían manifestado por las condiciones en las que vivían; los inconformes fueron conducidos a los baños donde se les agredió física y verbalmente.
Entre las últimas recomendaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos, seis tuvieron lugar en la Ciudad de México. De estas, las más graves corresponden a dos agresiones: una registrada en septiembre de 2019, cuando una persona de nacionalidad hondureña llegó a la Ciudad de México procedente de Saltillo, Coahuila, en un autobús particular contratado por el INM, al descender personal de migración lo agredió con golpes e insultos, arrancándole una de sus rastas. En otro, una persona de nacionalidad salvadoreña fue golpeada al interior de las instalaciones de la Estación Migratoria de la Ciudad de México por agentes de migración y de Seguridad Pública federal.
En el 2022, la CNDH advirtió que en la Estación Migratoria de Puebla, Puebla, se registraron violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica de una adolescente guatemalteca, quien llegó al país sin acompañamiento y estuvo alojada en un espacio sin baños. El INM no realizó la canalización de la adolescente a la Casa del Adolescente Migrante que está a cargo del DIF local, pues por ley los menores de 18 años no pueden estar en Estaciones Migratorias.
También en Puebla, el equipo del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. de la Universidad Iberoamericana identificó al menos dos casos de intentos de suicidio por parte de personas migrantes detenidas en las instalaciones locales del INM.
“Se tiene conocimiento de esta situación en al menos dos casos de mujeres, una cubana y una guatemalteca. La primera de ellas intentó colgarse con ropa y cobijas, en la noche, desde la única canasta de básquetbol que está en el pequeño patio de la estación migratoria, según se relató, como una medida desesperada por no soportar estar ahí dentro, sin información sobre su caso y siendo maltratada”, señaló en el informe “Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, 2020-2021”.
“Cuando la cubana fue rescatada de su intento de suicidio por otras personas detenidas y por personal en la EM (policías federales preventivos y agentes migratorios), una mujer de Guatemala, que días antes reportó al equipo de monitoreo tener problemas de salud mental y que mostró cómo se hacía daño con sus propias uñas en sus antebrazos, intentó suicidarse clavándose unas tijeras en el cuello. Esas tijeras fueron tomadas furtivamente de la oficina del INM Puebla al momento de acompañar a la cubana. La joven guatemalteca había dicho cuando se habló con ella: ‘No tenemos acceso a la salud (…) no tengo abogado (…) llevo un mes sin acceso a mi medicamento para la depresión (…) tengo un mes acá y nada más dos veces he hecho llamadas’. En múltiples ocasiones, desde el día que llegó, ella pidió ese medicamento a personal del INM y le fue negado”.
La única recomendación que se ha emitido por la CNDH para lo que va del 2023 se derivó de violaciones a los derechos de cinco personas migrantes detenidas en la estación migratoria de Guadalupe, Nuevo León.
Los hechos, ocurridos en el 2021, indican que las personas vivieron desde incomunicación, condiciones indignas, robo de pertenencias y de documentación, e incluso que se le mantuvo esposada a una persona tras un intento de huir del recinto, lo cual podría constituir un acto de tortura por las lesiones sostenidas de la postura obligada y fue determinado como un acto de privación de la libertad.
Asimismo, en atención a una solicitud de información, el INM informó que entre el 1 de enero de 2020 y el 18 de noviembre de 2021 se habían registrado cuatro muertes al interior de sus instalaciones: una por asfixia por inhalación de monóxido de carbono, por lesiones provocadas por el extranjero, infarto al miocardio y congestión visceral generalizada.
EU EJERCE PRESIÓN A MÉXICO
El expresidente estadounidense Donald Trump amenazó en 2019 al Gobierno mexicano con una imposición de aranceles, por lo que “la administración de Andrés Manuel López Obrador acordó desplegar su recién creada Guardia Nacional para combatir la migración irregular”, señaló el investigador Ariel Ruiz Soto en su publicación “Un año después del Acuerdo Estados Unidos-México. La transformación de las políticas migratorias mexicanas”.
El acuerdo resultó en un despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional para la detención de personas migrantes, y aunque hubo una disminución de la migración irregular en la frontera entre estas naciones, quienes solicitaban refugio a las autoridades estadounidenses permanecían en México.
“Este enfoque se centró en contener a los migrantes en la frontera sur de México con Guatemala y el cercano Istmo de Tehuantepec, un cuello de botella para los migrantes que se dirigen hacia el norte”, expuso el investigador en el informe, publicado en junio de 2020.
La migración entre Estados Unidos y México se vio aún más impactada en el 2020, relató Ruiz en el informe, debido a la pandemia de COVID-19, pues el Gobierno mexicano acordó recibir a los migrantes centroamericanos a quienes se les negara la entrada al país vecino.
Ya desde entonces, el informe advertía: “Aunque la capacidad institucional del sistema de protección de México ha crecido durante el año pasado, no está claro si ese sistema puede satisfacer el alto nivel de demanda sin el apoyo directo y la colaboración de Estados Unidos”.
