En el informe anual 2022 de Artículo 19, titulado Voces contra la Indiferencia, destacaron varios temas. Todos tienen que ver, justificados con estadísticas, carpetas de investigación y hechos, con la indiferencia del gobierno de la República y de la Fiscalía General de la República para llevar justicia a los casos de ataques contra defensores de los derechos humanos y periodistas.

Luego de la presentación inicial realizada por el director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, en el panel de participantes destaca, por una cruel, descarnada, trágica, contundente y real reflexión, Bibiana Mendoza, vocera de la colectiva Hasta Encontrarte.

Bibiana, quien, como muchos activistas en busca de desaparecidos, encontró el camino del activismo cuando le desaparecieron a su hermano, reflexionó: “Justicia para nosotros ya no hay. La justicia a la que aspiramos es a la no repetición”. Después de años de búsqueda esta mujer no ha encontrado a su hermano, pero ha sumado muchos otros desaparecidos y desaparecidas a las que con otros como ella, esperan algún día encontrar, ya que como dice, en su caso la justicia ya no se dará.

Al análisis de la información presentada por Artículo 19 la contundencia del mensaje de Bibiana Mendoza se aplica a todos. A los periodistas asesinados, a los defensores de derechos humanos amenazados, a los indígenas violentados, a los organismos de la sociedad civil vapuleados.

En este gobierno parece que nadie tiene acceso a la justicia. La impunidad impera en la mayoría de los ataques a la sociedad, sea organizada, por sector, en grupos o individuos que han sido víctimas del sistema, sea con una amenaza en el ejercicio de la libertad de expresión, con la fatalidad, como víctimas de una masacre a manos del Ejército.

En términos del riesgo para el ejercicio del periodismo en México, la conclusión más contundente, grave y terrible del informe anual 2022 de Artículo 19 es que en el año que concluyó hace apenas tres meses, México se posicionó como el país más letal para la prensa en el continente.

Doce periodistas fueron asesinados. Pudieron ser más, pues en 9 ocasiones, en 9 atentados a periodistas, por circunstancias diversas, los comunicadores salieron con vida, se salvaron de ser parte de la estadística fatal.

Y a los 12 periodistas que les fue arrebatada la vida, ahora los persigue la indiferencia de la justicia.

Son ellos, cuyos crímenes permanecen en la impunidad:

José Luis Arenas Gamboa.

Margarito Martínez Esquivel.

Roberto Toledo.

Heber López Vázquez.

Jorge Luis Camero Zazueta.

Juan Carlos Muñiz.

Armando Linares López.

Luis Enrique Ramírez Ramos.

Antonio de la Cruz.

Alan González.

Juan Arjón López.

De acuerdo al informe de Artículo 19, entre estos doce asesinatos y los más de cien que se contabilizan desde el año 2000, el 97 por ciento permanece en la impunidad.

El asesinato de periodistas no solo censura a quienes les han arrebatado la vida, también impregna de temor a quienes a su alrededor realizan la misma labor y acaba con medios de comunicación libres e independientes como Monitor Michoacán, el cual hubo de cerrar después del asesinato de Roberto Toledo y Armando Linares, dos de sus editores titulares, en el año 2022.

El gobierno de la República contribuye de manera sistemática al ataque a la prensa en México. Desde la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se estigmatiza a la prensa, a los medios de comunicación y a los periodistas, tildándolos por ejemplo, de prensa sicaria, de vendidos, de “estar con el bloque conservador”, entre otros adjetivos calificativos impuestos oficialmente y que se replican en los estados de la República, particularmente aquellos gobernados por personas emanadas del partido oficial.

En el informe de Artículo 19 se resalta que durante 2022 se registraron oficialmente, 696 ataques a la prensa. Para dimensionar el incremento de los mismos basta mencionar que en un periodo igual, con Enrique Peña Nieto fueron alertados 426 ataques a la prensa, y con Felipe Calderón, 162.

Las agresiones, se devela en el informe, provienen 196 por parte de funcionarios públicos, 86 por parte de policías. Aquí vale resaltar que un año atrás, en el 2021, fueron 42 agresiones por parte de servidores con charola de agentes.

15 agresiones fueron acreditadas a las Fuerzas Armadas, llámense Marinos, Militares o integrantes de la Guardia Nacional. 32 provinieron de partidos políticos, 118 de particulares, 164 anónimos, y 86 del crimen organizado y el narcotráfico.

La realidad de los números, y las carpetas de investigación abiertas o finiquitadas es que la prensa en México vive en constante riesgo. Además, en 2022 fue uno de los peores años para el ejercicio del periodismo independiente y crítico en el país.

La mayoría de los periodistas que son amenazados, hostigados, asesinados, destacan por las coberturas sobre corrupción, política, seguridad y justicia, sin descartar en el informe, quienes investigaban temas de iniciativa privada, tierra y territorio.

La desafortunada liga entre la incapacidad del ministerio público, y la complicidad entre las autoridades procuradoras de justicia y los grupos criminales, asesinos de periodistas, mantienen la inmensa mayoría de estos ataques contra la prensa en la impunidad.

No existe, eso es evidente, un compromiso por parte del gobierno de la República, o de la Fiscalía General de la República, una dependencia cada vez más en desuso para el ejercicio de la justicia y más enfocada en presiones políticas y empresariales, para resolver los casos de asesinatos de periodistas, por supuesto tampoco hay voluntad para encontrar a quienes los amenazan.

De los pocos casos que medio se han resuelto, porque no se llega a la autoría intelectual, se comenta en este informe el de Lourdes Maldonado López. La periodista de Baja California, que tres años antes de ser asesinada denunció ante el presidente de la República temer por su vida debido a un litigio que sostenía con quien fuera gobernador del Estado, el morenista Jaime Bonilla, uno de los personajes cercanos al presidente de la República y que hoy mantiene su fuero como integrante del Senado.

Para deslindar a su cercano, López Obrador envió a Tijuana, Baja California, a un equipo coordinado de la FGR, del Ejército, la Secretaría de Seguridad, de más de 50 personas, quienes en colaboración con la Fiscalía bajacaliforniana, localizaron a los tres autores materiales del asesinato de Lourdes. Todos, identificados como parte de una célula del cártel Arellano Félix.

Para la presidencia y las autoridades involucradas lo más fácil fue etiquetar al crimen organizado como el autor del homicidio de Lourdes. Bonilla, a quien la periodista le había ganado el litigio unos días antes del asesinato, permanece impune, sin haber sido siquiera llamado a declarar debido a su fuero.

Los asesinos, en un juicio abreviado, recibieron menos de 25 años de prisión. No han declarado quién les pagó cinco mil dólares a cada uno de ellos por matar a la periodista.

Este desafortunado caso refleja que cuando hay voluntad por parte de presidencia, se puede resolver un crimen, por lo menos en su autoría material, pero también demuestra que el compromiso no alcanza, cuando la política interviene, para develar, llegar y procesar a la autoría intelectual.

Así, el compromiso de hacer justicia y garantizar la libre expresión en la democracia mexicana, el respeto a los derechos humanos, y la seguridad de la sociedad, siguen pendientes en este México que hoy gobierna un presidente que, desde su partido, prometió justicia.

Adela Navarro Bello

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