Benjamin Netanyahu regresó al poder a finales del año pasado tras una prolongada crisis política que incluyó cinco elecciones en menos de cinco años. Los comicios se interpretaron como un referendo sobre la aptitud de Netanyahu para gobernar mientras estaba en juicio por corrupción.
Por Tia Goldenberg
TEL AVIV, Israel (AP).— Trabajadores de diferentes sectores iniciaron una huelga general el lunes que amenazaba con paralizar la economía, para sumarse al creciente movimiento de protesta contra el plan del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, para reformar la judicatura.
Los vuelos con salida en el principal aeropuerto internacional del país se quedaron en tierra, grandes cadenas de grandes almacenes cerraron sus puertas, al igual que las universidades, y la mayor agrupación de sindicatos de Israel pidió a sus 800 mil miembros -que trabajan en salud, transportes, banca y otros sectores- que dejaran de trabajar. Se esperaba que los gobiernos locales cerraran los centros de preescolar que gestionan e interrumpieran otros servicios, y el principal sindicato de miembros también anunció que haría huelga.
Miles de manifestantes se reunieron el lunes ante la Knesset, el Parlamento, para mantener la presión.
“Esta es la última oportunidad de detener este cambio a una dictadura”, dijo Matityahu Sperber, de 68 años, que se sumó a la gente camino de la protesta. “Estoy aquí para pelear hasta el final”.
La reforma impulsada por el mandatario, que está siendo juzgado por corrupción, y sus aliados en el Gobierno más conservador de la historia de Israel ha sumido al país en una de sus peores crisis internas. Ha desencadenado un movimiento de protesta continuado y que gana intensidad en casi todos los sectores de la sociedad, incluido el ejército. Cada vez más reservistas han afirmado públicamente que no servirán a un país que se desliza hacia la autocracia.
Los ciudadanos palestinos de Israel, sin embargo, se han mantenido en gran parte al margen de las protestas. Muchos dicen que la democracia israelí está empañada por el régimen militar que impone a otros palestinos en Cisjordania y por la discriminación que afrontan ellos mismos.
La crisis ha dividido aún más a Israel y ampliado diferencias antiguas e irresolubles sobre el carácter del país, presentes desde su fundación. Los manifestantes afirman que luchan por el alma de la nación y ven la reforma como un desafío directo a los ideales democráticos de Israel.
El Gobierno los ha tachado de anarquistas que intentan derrocar a un Gobierno elegido de forma democrática y afirma que el plan restablecerá el equilibrio entre las ramas judicial y ejecutiva, y frenará lo que consideran una corte intervencionista con tendencias progresistas.
La crisis gira en torno a Netanyahu, el gobernante que más tiempo ha ocupado el cargo en Israel, y lo que está dispuesto a hacer por mantenerse en el poder, incluso mientras enfrenta cargos de fraude, abuso de confianza y aceptar sobornos en tres cargos distintos. Él niega cualquier infracción.
La destitución de su Ministro de Defensa en un momento de importantes desafíos de seguridad en Cisjordania y otros lugares parecía haber sido la gota que colmaba el vaso para muchos, y dio un nuevo impulso a la oposición.
“¿A dónde llevamos a nuestra amada Israel? Al abismo”, afirmó entre aplausos Arnon Bar-David, líder de la agrupación sindical, en un enérgico discurso. “Hoy detenemos el descenso de todo el mundo hacia el abismo”.
El lunes por la mañana, cuando aún se estaban despejando las brasas de las hogueras en la autopista, el Presidente, Isaac Herzog, que ejerce un puesto ceremonial, pidió al Gobierno que hiciera una pausa en el proceso de reforma y dejara a un lado las consideraciones políticas por el bien de la nación.
“Toda la nación es presa de una profunda preocupación. Nuestra seguridad, economía, sociedad, todo está bajo amenaza”, dijo. “¡Despierten ya!”.
El líder opositor Yair Lapid dijo que la crisis estaba llevando el país al límite.
“Nunca hemos estado tan cerca de desmoronarnos. Nuestra seguridad nacional está en riesgo, nuestra economía se viene abajo, nuestras relaciones exteriores están en su peor momento de la historia, no sabemos qué decir a nuestros hijos sobre su futuro en este país”, dijo Lapid. “Somos rehenes de un grupo de extremistas sin frenos ni límites”.
No estaba claro si las huelgas harían que Netanyahu frenara su reforma. Medios israelíes dijeron que un abogado que representaba a Netanyahu en su juicio de corrupción amenazaba con renunciar si no se detenía el proyecto.
La situación se seguía de cerca desde Washington, un estrecho aliado de Israel pero que se ha mostrado incómodo con Netanyahu y los miembros de ultraderecha de su Gobierno.
Estados Unidos está “profundamente preocupado” por la situación en Israel, “que subraya más la necesidad urgente de compromisos”, según la vocera del Consejo de Seguridad Nacional Adrienne Watson.
Según reportes, el mandatario pasó la noche en reuniones y tenía previsto hacer declaraciones el lunes. Medios israelíes dijeron que detendría la reforma, algo que no pudo confirmarse de forma independiente. Algunos miembros del partido Likud de Netanyahu dijeron que apoyarían al Primer Ministro si atendía a las peticiones de pausar los cambios.
El ideólogo del plan, el Ministro de Justicia Yariv Lavin, un popular miembro del partido, ha dicho que renunciaría, aunque el lunes dijo que respetaría la decisión del Primer Ministro si paraba el proceso.
Los aliados combativos de Netanyahu le animaron a seguir adelante. “No debemos detener la reforma en el sistema judicial y no debemos ceder a la anarquía”, dijo el Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.
La destitución del Ministro de Defensa, Yoav Gallant, parecía indicar que el Primer Ministro y sus aliados seguirían adelante esta semana con el plan de reforma. Gallant era el primer miembro importante del partido Likud, que lidera la coalición de Gobierno, que hablaba en contra del plan, y dijo que las profundas divisiones amenazaban con debilitar al ejército.
El Gobierno de Netanyahu siguió adelante con la tramitación de una pieza central de la reforma, una ley que daría a la coalición de Gobierno la última palabra sobre los nombramientos judiciales. Un comité parlamentario aprobó la norma el lunes para su votación final, que podría celebrarse esta semana.
El Ejecutivo también aspira a aprobar normas que darían autoridad al Parlamento para revocar decisiones de la Corte Suprema y limitar la supervisión judicial de las leyes.
Otra ley que permitiría eludir al Supremo para permitir que un importante aliado de la coalición de Gobierno sirva como Ministro fue demorada tras una petición del líder de ese partido.
