Hasta este lunes 20 de marzo, 11 menores, todos hijos de jornaleros agrícolas, fueron hospitalizados en Sinaloa luego de que presentaron principios de neumonía. Con síntomas como vómito, fiebre y problemas respiratorios, los pacientes, que van de los cinco meses de nacidos a los cinco años de edad, también presentaron cuadros de desnutrición y gastroenteritis.
Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- Por años, asociaciones civiles y organismos de derechos humanos han denunciado las pésimas condiciones que afrontan cientos de jornaleros que acuden a trabajar a campos agrícolas en Sinaloa. Esta situación quedó evidenciada el pasado fin de semana luego de la muerte de una bebé y de la hospitalización de otros 11 menores, todos hijos de jornaleros agrícolas que están trabajando en Sinaloa, que presentaron una severa neumonía.
Luego de darse a conocer la situación de salud de los menores, autoridades del estado también evidenciaron las inhumanas condiciones en las que viven los indígenas que acuden a trabajar en campos agrícolas del estado. Residiendo en viviendas de lámina de cartón, en condiciones de hacinamiento, sin agua potable, con sanitarios comunitarios, es cómo fueron localizados los menores enfermos.
Hasta este lunes 20 de marzo, 11 menores, todos hijos de jornaleros agrícolas, fueron hospitalizados en Sinaloa luego de que presentaron principios de neumonía. Con síntomas como vómito, fiebre y problemas respiratorios, los pacientes, que van de los cinco meses de nacidos a los cinco años de edad, también padecieron cuadros de desnutrición y gastroenteritis.
De acuerdo con medios locales, los pequeños, cuatro niñas y siete niños, fueron hallados durante las revisiones que se realizaron en una cuartería, como se les conoce al conjunto de pequeños cuartos que sirven como viviendas para los trabajadores jornaleros pero que no cuentan con los servicios y las condiciones de higiene necesarias para ser habitables, ubicada en la localidad de Juan José Ríos, municipio de Guasave.
Dichas inspecciones tuvieron lugar tras la muerte de una menor de nueve meses de edad, el 18 de marzo, identificada como Lupita “N”, cuya madre, procedente de la sierra de Chihuahua, es trabajadora agrícola en campos de Sinaloa, y cómo la mayoría de los jornaleros habita ese tipo de viviendas que se ubican en los municipios de Ahome y Guasave.
Después de confirmarse la muerte de la bebé, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) llevó a cabo operativos de inspección para conocer la situación de las cuarterías que habitan los jornaleros, tras las cuales se procedió a la clausura temporal de al menos siete predios en los que se ubican estas viviendas, debido a que presentaron condiciones inhumanas.
La Coepriss detalló a través de un comunicado que dichos asentamientos se componen de varias viviendas hechas de lámina de cartón, sin servicios básicos, ya que los sanitarios con los que cuentan son colectivos y no tienen medidas de higiene. Además, tampoco tienen acceso a agua potable, por lo que los cuartos que habitan también presentan condiciones antihigiénicas.
En el lugar, el personal de esta dependencia, en colaboración con médicos de la Jurisdicción Sanitaria 01 de la Secretaría de Salud, realizó un recorrido por las instalaciones del campo agrícola, en donde procedieron a realizar una revisión del estado de salud de los menores y sus familiares. También se hizo un saneamiento básico del lugar, se tomaron muestras de agua y se suspendió parcialmente el uso de las viviendas por no contar con las condiciones adecuadas de higiene.
Al respecto, Randy Ross Álvarez, titular de la Coepriss, comentó en entrevista a medios locales que la suspensión de las viviendas se trató de una alerta sanitaria, debido a que las condiciones de estos predios son deplorables, inhumanas y antihigiénicas, por lo que no pueden continuar operando. Además, adelantó que ya estaban en busca de los dueños de los inmuebles, para que respondan por los mismos, ya que, reiteró, representan un riesgo a la salud.
Durante dichas revisiones fueron localizados 11 menores, quienes presentaron cuadros de desnutrición, deshidratación, pues algunos tenían hasta tres días sin comer, además de vómito, diarrea y problemas respiratorios, por lo que fueron trasladados al Hospital General de Los Mochis, en donde cinco permanecen internados, mientras que otros seis fueron dados de alta este martes 21 de marzo.
Además, informes de la Dirección de Salud y Bienestar Social del municipio de Guasave señalan que en lo que va de este 2023, han fallecido tres bebés menores de un año de edad luego de presentar síntomas como vómito y fiebre, todos hijos de jornaleros agrícolas. El último caso que se registró fue el 18 de marzo, cuando “Lupita “N”, de nueve meses de edad e hija de una mujer Tarahumara, murió en una de estas cuarterías luego de presentar fiebre y vómito durante dos días.
El conjunto de viviendas en la que la pequeña residía con su familia era administrado por los propietarios del campo agrícola en cuestión, y albergaba a familias originarias de otros estados del país que trabajaban de manera temporal en un campo agrícola en la sindicatura de Juan José Ríos, en Guasave.
Tras estos hechos, el Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, adelantó que las autoridades responsables del tema se reunirán para atender la situación. “No son zonas al parecer reguladas, estamos trabajando en eso, nosotros estamos convocando una sesión extraordinaria con algunos organismos para poder atender el tema y mejorar esas condiciones”, dijo.
Asimismo, agregó que “los niños están siendo atendidos, hay niños delicados dentro de estos, sobre todo porque había niños que tenían tres días sin comer, entonces, estamos atendiendo el tema y para el día de ayer evaluamos ya 12 cuarterías; se estima que son alrededor de veinte, hoy van a continuar supervisando y bueno evaluando a los niños”, informó.
Por su parte, Miguel Ángel Calderón Espinoza, Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dio a conocer que este organismo inició un proceso de investigación oficiosa derivado de las publicaciones periodísticas que registran la situación.
“La Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició una investigación oficiosa derivado de los hechos difundidos por los medios de comunicación donde dan a conocer la situación de 11 menores enfermos en cuarterías agrícolas de Juan José Ríos, por lo que se solicitarán los informes correspondiente a Coepriss y al Hospital General de Los Mochis”, detalló mediante un comunicado.
#LDNorte | ¡Infrahumano! En el suelo, lleno de basura, así vivía Lupita, bebé de 9 meses que murió en #JJR: Alcalde pic.twitter.com/zMmuGDgPT2
— Línea Directa Portal (@linea_directa) March 21, 2023
Desde el 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como al ayuntamiento de Yurécuaro, Michoacán, al señalar que se violaron los derechos de un nivel de vida adecuado, a la salud y al desarrollo integral de jornaleros indígenas en un albergue comunitario, en el que había menores de edad, por el caso de la muerte de una niña.
En su recomendación 37/2015, el organismo nacional solicitó reparar el daño a los familiares de una niña de seis años que perdió la vida en el albergue para jornaleros agrícolas de Yurécuaro el 11 de marzo luego de que se ahogó al caer en un aljibe que estaba lleno de agua. Sin embargo, la situación persistió.
En el Primer Informe emitido en 2019 por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, titulado Violación de Derechos de las y los Jornaleros en México, documentó durante 2018 varios casos que evidenciaron “la falta de rehabilitación, mantenimiento y condiciones dignas de algunos albergues destinados para las familias jornaleras que arriban a los campos agrícolas”.
En el documento se destacó que, además de todas problemáticas que los jornaleros atraviesan durante el traslado a los campos de trabajo, la falta a servicios de educación y salud, entre otros, también debían enfrentarse a las pésimas condiciones de vida en los lugares donde se hospedaban, pese a que muchos de estos albergues eran regulados por la entonces Sedesol.
Por ejemplo, tras varias denuncias ciudadanas respecto a las malas condiciones del albergue de la Sedesol que se ubicaba en la sindicatura de Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, Sinaloa, tanto la la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas como la entonces regidora María Marilyn Orozco Mata constataron que en el lugar había “grandes cúmulos de basura, aguas negras y aulas que no son estaban habilitadas para brindar algún servicio a las niñas y niños, hijos de los/as trabajadores/as agrícolas”.
Entre las problemáticas que se evidenciaron se encontraron los olores fétidos por concentración de “aguas negras en coladeras que están cubiertas de agua y basura” que se ubicaban “cercanas a las coladeras de las regaderas, en las tomas de agua, en las áreas de juego de las niñas y niños, en el preescolar, en las áreas cercanas a las viviendas-sanitarios-regaderas”.
Así como el hecho de que un sanitario y una regadera de uso eran asignadas “a las familias (independientemente del número de sus integrantes) que habitan tres viviendas” y se ubicó un sanitario que era utilizado por los integrantes de cuatro cuartos, sanitario en el que regresaba el agua después de que se jala la palanca; falta de alumbrado eléctrico en las regaderas, de las cuales algunas presentaban inundaciones.
También se señaló que “los espacios de las regaderas presentaban humedad, moho, puertas oxidadas y algunas estaban desprendidas o sujetadas con cuerdas, mientras que “algunos sanitarios o regaderas estaban cerrados con candados, medida que han tomado quienes las ocupan debido a las pésimas condiciones del drenaje, para así evitar el uso desproporcionado de las mismas”, indicó el informe.
Tras estas denuncias en contra del albergue Isla del Bosque, en enero de 2018, María Isabel Sánchez, entonces presidenta del Sistema estatal del DIF, reconoció el mal estado del lugar y se comprometió a mejorar la situación del mismo, según dio a conocer el portal Debate.
No obstante, los recientes hechos que han afectado a los hijos de los jornaleros demuestran que la situación para estos trabajadores no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado. El 20 de diciembre de 2022, medios locales de Sinaloa dieron a conocer que la Fiscalía General del estado (FGE) confirmaron que la muerte de un bebé de un año de edad, ocurrida el 16 de diciembre, fue a causa de una neumonía.
La dependencia local detalló que el hecho tuvo lugar en las galeras de Ruiz Cortines, y aunque en un primer momento se pensó que el posible el motivo del fallecimiento del menor, hijo de jornaleros indígenas, habría sido consecuencia de una hipotermia, la necropsia de ley reveló que fue una neumonía la razón de la muerte del pequeño.
Además, en enero de este año, la prensa local también dio a conocer que cuatro menores de edad, todos hijos de jornaleros agrícolas, se encontraban internados en el Hospital General de Los Mochis, Sinaloa, tras presentar severos cuadros de neumonía. Tres de los cuatros niños, de entre cuatro meses y seis años de edad, eran de origen tarahumara, y una más de la etnia yoreme, esta última incluso padecía convulsiones, por lo que se solicitó el apoyo de la comunidad para brindar apoyo económico a sus familias.
– Con Información de Noroeste
