Leandro Querido/Latinoamérica21

El 26 de marzo se celebran las elecciones para la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba, la dictadura más longeva del hemisferio. Con más de seis décadas en el poder, tiene como líder a Miguel Díaz-Canel, aunque bajo la sombra del menor de los Castro, que a sus 91 años se ha postulado nuevamente para ser “reelecto” como Diputado.

Esta elección se regirá por la Ley Electoral de 1992 que permite emular elecciones en un régimen en el que toda decisión política trascendental es tomada por la élite del Partido Comunista de Cuba (PCC). Este caso, pero también el de Vietnam, Corea del Norte, Nicaragua o Bielorrusia, dejan claro que elecciones y democracia no son sinónimos. Las elecciones son un mecanismo de delegación de autoridad, que puede operar en contextos democráticos (con resultados inciertos) o autocráticos (sin sorpresas). Y es que, según el propio Fidel Castro, las elecciones libres “son un concurso de popularidad” y, por lo tanto, inaceptables conceptualmente en un régimen comunista.

Aunque en 2019 se aprobó una nueva Constitución y, con ella, una nueva Ley Electoral, las condiciones electorales no cambiaron. Por eso, el lector nunca ha visto a un Diputado municipal, nacional, o a un Gobernador cubano de otro partido o, incluso, de una línea disidente al liderazgo del primer secretario del PCC, Miguel Díaz-Canel.

Esto sería imposible porque la misma Constitución establece que solo hay un partido, el comunista, y una ideología, la socialista. De hecho, la Constitución habilita a la ciudadanía a tomar las armas en contra de cualquiera que pretenda desafiar al régimen. De hecho, las comisiones de candidaturas del Partido Comunista evitan que el agua llegue al río excluyendo a toda precandidatura que tenga un mínimo aroma a disidencia.

El régimen cubano sabe perfectamente que el modelo que lo sostiene en el poder no es el de una democracia liberal como lo conocemos (pluripartidismo, elecciones competitivas, libertades, rendición de cuentas, controles cruzados, Estado de derecho, etc.), sino que se trata de un modelo autocrático iliberal. Sin embargo, este no ha renunciado a la buena prensa de la “democracia” y ha intentado (sin suerte), a través de ideólogos, periodistas y todos los recursos del Estado (que son negados a los ciudadanos) elaborar un discurso que reivindique una “democracia a la cubana”, con características particulares. Como si la democracia no necesitara de condiciones objetivas.

Este ahínco se ha visto en distintas instancias, pero resultan llamativos los editoriales del histórico diario Granma de los domingos 5 y 12 de febrero, que fueron titulados “Nuestra elecciones (I)” y “Nuestras elecciones (II)”. En estos encontramos un esfuerzo deficiente para justificar las limitaciones a los derechos humanos, la democracia y las elecciones competitivas en nombre de la “unidad nacional”, la “dignidad” y el “sacrificio”.

En este marco, vale recordar que los regímenes totalitarios no buscan la mayoría en un proceso electoral, sino la unanimidad, y eso se refleja en una Asamblea Nacional sin ningún tipo de autonomía relativa con respecto al único partido político legalizado.

Los órganos de propaganda partidaria consideran al multipartidismo como “una fragmentación de las fuerzas políticas de la nación”; al financiamiento de campañas, como propio de “la sociedad del capital, la del imperio del dinero y la influencia”, mientras que destaca positivamente la inexistencia de debates en Cuba, a los que tilda de “show de boxeo verbal”.

En su discurso, el Gobierno asegura que “todos tienen derecho a nominar y a ser nominados, y a elegir y a ser elegidos para ocupar cargos en los órganos del Poder Popular”. Sin embargo, en las municipales de noviembre de 2022, José Antonio Cabrera, quien se enfrentó al poder del Estado y logró ser postulado como candidato a delegado por sus vecinos de Palma de Soriano, fue detenido por la Seguridad del Estado y amenazado, para dar de baja su candidatura. De la misma manera, en 2015, Hildebrando Chaviano y Yuniel López fueron acosados cuando sus vecinos los postularon.

La Comisión de Candidaturas es el órgano encargado de seleccionar a los candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sin embargo, esta está compuesta por las organizaciones de masas subordinadas al PCC, por lo que su función última es impedir la verdadera competencia electoral. Incluso, el régimen ha llegado a considerar al Consejo Electoral Nacional (CEN) como garante de la transparencia e imparcialidad, pero omitiendo que sus autoridades son propuestas por el mismo primer secretario del PCC, Miguel Díaz-Canel.

En pleno año 2023, con acceso libre a la Constitución, las leyes y el registro de elecciones anteriores, es imposible, desde una perspectiva técnica, no advertir que las elecciones de Cuba están pensadas para que el PCC se sostenga en el poder a expensas de la libertad de elección de los cubanos.

La épica revolucionaria y el antinorteamericanismo han dejado como saldo a un país secuestrado. Es momento de que las fuerzas democráticas de la región y del mundo defiendan los derechos de los cubanos, así como defienden los propios. Cuba no es un Estado fallido, es una dictadura que ha dejado al desnudo su propósito más elemental: conservar el poder.

Leandro Querido es politólogo y director de Transparencia Electoral de América Latina. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Magíster en Derecho Electoral, por la Universidad de Castilla-La Mancha (España). Es autor del libro Así se vota en Cuba.

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