Un reportaje revela que la adquisición de carne de pollo, res y cerdo no se completaba y la dependencia no reclamaba a los proveedores todo el producto que había pagado, además de que tenía problemas para vender después el producto que sí fue entregado, por los que las pérdidas, de por sí millonarias, crecían.
Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– El caso del desvío de recursos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, tiene al menos un componente más: se trata del fraude en la adquisición de carne que acabó con pérdidas y desfalco millonarios para la dependencia, reveló el diario español El País.
La investigación de la reportera Georgina Zerega indica que Segalmex «firmó cinco convenios para adquirir 73.4 millones de pesos en carne deshebrada y cubicada de res, pollo y cerdo, pero solo recibió una parte». Con documentos exclusivos, detalla que el propio informe interno revela «un desfalco de al menos 13.1 millones de pesos solo en la adquisición de este producto en 2019».
«El informe apunta, además, que gran parte de lo que sí se recibió nunca llegó a ser vendido por la paraestatal y terminó poniéndose en mal estado. De todo el dinero gastado en esa compra de carne se logró comercializar apenas el 11 por ciento del total», señala el reportaje.
El País revela que la red tenía este modus operandi: se firmaban contratos para adquirir estos productos, destinados a las familias de más bajos recursos, pero «los proveedores nunca entregaban la totalidad de los artículos que Segalmex había pagado».
Segalmex firmó en 2019, de acuerdo con el diario español, convenios con cinco proveedores diferentes por un total de 73.4 millones de pesos. Pero el informe al que tuvo acceso Zerega, que fue realizado en 2022, detalla que los empresarios «solo entregaron 60.3 millones de pesos en productos, unos 3.19 millones de dólares, y omitieron despachar el resto. Los entonces responsables del organismo nunca reclamaron la mercancía faltante».
Apenas hace un par de semanas, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió 22 nuevas órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y empresarios ligados al caso de desvío de recursos en Segalmex. Las órdenes responden a que la dependencia del Estado pagó 145 millones de pesos por casi ocho toneladas de azúcar, de las cuales sólo le entregaron tres mil 110 toneladas.
Este domingo, la FGR anunció que una décima persona fue vinculada a proceso por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de los desvíos en Segalmex.
Hasta el momento se ha detenido a Carlos Antonio Dávila Amerena, exjefe Jurídico de Diconsa y Segalmex; Roberto Rivera Ramos, exsubgerente de Adquisiciones de Granos y Azúcar; Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de la Gerencia de Presupuesto de Linconsa; Simón Escobar Copca, jefe de almacén en Querétaro; Artemio Gutiérrez Rodríguez, subjefe de Operativo de Diconsa en Querétaro.
“Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de siete mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”, señaló la FGR en un comunicado en ese momento.
El pasado 13 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en conferencia de prensa que “no habrá impunidad” en el caso Segalmex
“Nosotros presentamos la denuncia y hay ocho detenidos, y hay otras órdenes de aprehensión, y es lo mismo: no hay impunidad, no somos iguales a los anteriores presidentes del periodo neoliberal”, dijo durante la conferencia “mañanera” desde Palacio Nacional.
LAS COMPAÑÍAS DEL FRAUDE DE LAS CARNES
De acuerdo con el reportaje de El País, Segalmex «comenzó a utilizar un concepto denominado ‘recepción jurídica’, una figura poco común en la administración pública», durante el mandato de Ignacio Ovalle Fernández, quien estuvo en la dependencia desde su creación en 2019 hasta abril de 2022.
«Esto significaba que en las compras que realizaba el organismo se pagaba a los proveedores la totalidad de los contratos, pero las empresas conservaban esos productos hasta que Segalmex los solicitara. Esta práctica llevó a que los proveedores nunca terminaran de entregar el 100 por ciento de lo que se les había comprado, generando un daño a la Hacienda pública», explica el diario español.
El informe al que tuvo acceso El País señala que la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex «firmó recepciones jurídicas, lo que implicó que contablemente se registraron como entregadas y que se pudiera pagar, pero físicamente se entregó en forma parcial la mercancía a los almacenes Diconsa”.
El documento, añade el diario, «apunta directamente contra quien en ese momento estaba a cargo de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira», quien salió en 2020 de la dependencia. En noviembre, un Juez federal lo vinculó a proceso por probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por otorgar contratos y autorizar compras ilícitas en la dependencia. Además, tiene otro proceso en su contra también por su actuación en Segalmex.
De acuerdo con el reportaje de Zerega, «al llegar a Segalmex, Gavira emitió una circular con fecha del 19 de enero de 2019, en la que ordenaba que absolutamente todas las contrataciones de Segalmex, Diconsa y Liconsa —encargada del abasto de la leche— debían pasar por él».
Los proveedores señalados en el informe exclusivo de El País detalla son «Wurst Alimentos, quien recibió 16.2 millones y entregó carne por solo 13.8 millones; Novam Innovación en Alimentos, a quien se le pagaron 16 millones de carne y entregó solo 11.8 millones; Synexo, a quien se le compró por 13 millones y solo dio productos por 9.8 millones; Empacadora La Merced, quien recibió 12.9 millones de pesos y surtió únicamente 10.2 millones; y Carlos Ovidio Villareal González, quien le vendió a Segalmex 15.1 millones y entregó casi todo el producto, excepto por unos mil 400 pesos que quedaron pendientes de entrega».
Del total de 73.4 millones de pesos comprados por Segalmex, se entregaron 60.3 millones, pero las tiendas de la dependencia solamente vendieron 8.6 millones a lo largo de cuatro años, entre 2019 y 2022, indica el reportaje, ya que no era «un artículo solicitado por las comunidades.
Todo lo que no se vendió representó pérdidas para Segalmex, ya que, ahonda el diario español, «todo lo que sobró, tampoco se pudo devolver, porque los responsables de Segalmex habían eliminado las cláusulas para poder hacerlo».
SEGALMEX FIRMA CONVENIOS CON EMPRESAS QUE NO CUMPLEN
El único proveedor que accedió a hablar con El País, Carlos Ovidio Villareal González, reconoció que debe mil 400 pesos a Segalmex por «dos paquetes de carne que quedaron en el transporte de carga», asegura que no ha pagado porque hasta ahora no le han dicho “cómo es el proceso”.
«Villareal González señala un punto importante: pese a que el resto de los proveedores no entregaron todos los productos, Segalmex continuó firmando convenios con ellos».
El País pone como ejemplo a la Empacadora La Merced: «Tuvo pedidos al menos por 113.8 millones por carne deshebrada en el año 2020, y en los cuatro años que lleva abierta la dependencia recibió contratos por al menos 14.4 millones por otros productos», a pesar de que la empresa ni siquiera ofrece en su sitio web «ninguno relacionado con la carne deshebrada».
Otro de los informes citados en el reportaje de Zerega –realizado por la Gerencia de Abasto Social– da cuenta de los proveedores que no han surtido en 2019 y 2020 la mercancía que debían con fecha del 18 de febrero de 2022. «Allí se puede ver una docena de empresas que deben millones de pesos por contratos de pilas, chocolates, gelatina o champú para piojos, entre otros productos. Algunos entregaron menos de la mitad o solo un tercio de lo que correspondía», sentencia el diario.
