México es un país Ley, sin justicia. No se ejerce el Estado de Derecho en materia de criminalidad organizada y narcotráfico, por lo tanto, si se ejerce, o aparentemente se ejerce a medias, no se llega a la justicia. Por más que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador afirme que existe el Estado de Derecho en las diferencias públicas que él sostiene con otros poderes, particularmente con el Poder Judicial -y con los órganos autónomos- mientras no impere la Ley, no se provea justicia, y lo que predomine sea la impunidad, no habrá un Estado de Derecho.

Prueba de ello es la impunidad que gozan por territorios los distintos cárteles del narcotráfico, o bien, el dominio del crimen organizado en los estados de la República.

Ejemplos, desafortunadamente, hay muchos, entre los que destacan tres bastante notorios. El 20 de junio de 2022 criminales al servicio de la mafia entraron a una iglesia católica en la comunidad de Cerocahui en la zona de Urique, Chihuahua, y uno de ellos, asesinó a un laico, Pedro Palma, y a dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora. Los mató y huyó. No ha sido detenido.

27 de febrero de 2023, un comando armado del Ejército mexicano se encuentra con un pick up tripulado por jóvenes en uno recorrido de “rutina”. Aparentemente, declararían los militares, los ocupantes del vehículo llevaban los faros apagados, no obedecieron la orden de detenerse y lograron que la unidad oficial “se impactara” con la suya, lo que devendría en un ataque armado que, a la luz de los acontecimientos, resultó en una masacre por parte de los soldados, quienes quitaron la vida a cinco jóvenes que no iban armados, no portaban armas, no traficaban drogas, ni cometían delito alguno al momento de la tragedia.

El viernes 3 de marzo de 2023 cuatro turistas norteamericanos, una mujer y tres hombres, ingresaron a territorio mexicano en la localidad de Matamoros, Tamaulipas, para, supuestamente, realizarse uno de ellos un procedimiento quirúrgico. No era la primera ocasión, de acuerdo a familiares de los turistas, que se internaban en territorio mexicano para atender cuestiones médicas. Pero ese día, un comando criminal del Cártel del Golfo los persiguió, los detuvo a balazos, los atacó y se los llevó con rumbo desconocido. En los múltiples videos que circularon en redes sociales y en algunos medios de comunicación desde ese mismo viernes se aprecia cómo, a excepción de la mujer a quien se observa sentada en la parte trasera de un pick up, a los hombres los cargaron dejando un rastro de sangre a su paso, hasta subirlos al mismo vehículo. Más que un secuestro, como fue anunciado oficialmente, los videos revelaron una ejecución pública en un día viernes donde no se vio el actuar de las autoridades mexicanas para investigar este crimen. Uno más entre los homicidios qué siguen ensangrentado a México.

Dos días después, el domingo 5 de marzo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, informó de la desaparición en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de cuatro ciudadanos estadounidenses. Una mujer y tres hombres. El lunes 6 por la mañana, el Embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, visitó el Palacio Nacional para sostener una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para abordar el ya considerado grave acto de inseguridad en el vecino país.

El martes 7 de marzo las autoridades de Tamaulipas, con el apoyo de las fuerzas del FBI norteamericano, informaron de la localización de los cuatro turistas. Los criminales que los atacaron a balazos los dejaron abandonados en una ranchería. La mujer estaba ilesa, un hombre tenía una herida en una pierna y los otros dos había sido ejecutados en el acto. Los delincuentes, a saber y si confiamos en la autoridad mexicana, son integrantes del Cártel del Golfo, y mantuvieron los cuerpos de los dos ejecutados, el herido y a la mujer, para liberarlos una vez que se desató la crisis diplomática por el crimen.

El asesinato de los dos sacerdotes jesuitas y un acólito a manos de un narcotraficante, que se supone tenía una orden de aprehensión, la masacre de cinco jóvenes por un comando del Ejército mexicano, la ejecución de dos turistas norteamericanos y la privación de la libertad de otros dos, son hechos que suceden en México con total impunidad. Hay más, pero estos casos han sido los más notorios.

Los criminales lo hacen porque en los estados de la República, sus balas son la Ley, los soldados porque no tienen ni capacitación ni adiestramiento para realizar labores de patrullaje en el ámbito civil. En uno y otros casos, lo que impera es la brutal impunidad en este país de la que nadie está salvo. Sea a merced del crimen o de las fuerzas armadas.

Hace unos días, un recuento del Semanario ZETA reveló que en cuatro años de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, 140 mil 532 personas han sido ejecutadas. Un país sin Ley, un país de balas. La mayoría de esos crímenes están inmersos en las guerras que los cárteles sostienen para hacerse de territorios a criminalizar con la venta y distribución de drogas, o el trasiego de las mismas hacia otros países, particularmente a los Estados Unidos.

La línea de investigación preponderante en el caso de la ejecución de los dos norteamericanos y la privación de la libertad de otros dos es que, aunque ellos provenían de Carolina del Norte para, supuesta y oficialmente, someterse a una cirugía correctiva estética, fueron confundidos con “rivales” del Cártel del Golfo, por lo que la célula sicaria, sin más, procedió a balacearlos, matar a dos, herir a uno y llevárselos a todos. Hasta que el conflicto diplomático escaló, y procedieron a “liberarlos”. Dejarlos a merced de la autoridad local (por acuerdo o por iniciativa), dos cuerpos, un herido y una sobreviviente.

El acto de brutalidad da cuenta que ningún turista médico o por diversión está a salvo en las fronteras mexicanas, pues puede ser “confundido” con bandas criminales enemigas y así perder la vida. Esto significó para los Estados Unidos el avance en un peldaño más de la escalada de violencia e inseguridad en el país para sus connacionales. Será materia de más alertas de viajes hacia México, de un debate en el Congreso sobre el tratamiento que la autoridad norteamericana debe darle a los cárteles mexicanos, y de un tema que, como en el 2016, dominó la campaña que ganó a la Presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, se convierte en el preámbulo para las elecciones presidenciales en el vecino país el 5 de noviembre de 2024.

Es un hecho que, más allá de la retórica presidencial en México, el mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador ha fracasado en su estrategia de proveer seguridad, disminuir los homicidios dolosos, combatir a los cárteles de la droga, e instaurar el Estado de Derecho en el país. México, es un país sin Ley en el cual los cárteles de las drogas dominan territorios con saña y balas. Sea contra quien sea, con una brutalidad impune que persiste porque el Gobierno en sus tres órdenes, lo permite.

Adela Navarro Bello

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