Casi la mitad de los proyectos de litio en exploración se encuentra en acuíferos con déficit y justo la explotación en arcilla, donde se ha hallado el mineral en México, demanda altos volúmenes de metros cúbicos, plantea un informe de colectivos.
Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– Casi un cuarto de los proyectos de litio en exploración en México, tres privados y los de prospección del Sistema Geológico Mexicano en 82 localidades, están en zonas de riesgo hídrico extremadamente alto, principalmente los situados en Chihuahua y en la zona fronteriza entre San Luis Potosí y Zacatecas, y el 47 por ciento se encuentra en acuíferos sobreexplotados, por lo que de hallarlos rentables y comenzar la fase de explotación «se podría agravar drásticamente» la crisis hídrica.
Así lo documenta el informe «Explotación del litio en México» (MiningWatch Canadá y REMA, 2023), publicado días después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la primera reserva de litio en Sonora. En este documento un grupo de organizaciones cuestionó que se trate de una nacionalización, pues –ante la dificultad de su extracción por estar en roca dura– se ha abierto la oportunidad de hacer asociaciones público-privadas arropadas por la «política neoliberal» del T-MEC, acentuado durante la reciente Cumbre de Líderes de América del Norte.
«Lo que más trasciende por ahora es la incertidumbre en torno a las reservas disponibles (lo rentablemente extraíble), las tecnologías a emplear, los capitales invertidos, y las implicaciones económicas que esto tiene para el erario. Al mismo tiempo, podemos tener certeza que el extractivismo del litio conllevará grandes impactos sociales y ambientales», dice el estudio.
Hasta la fecha, hay tres proyectos privados de exploración de este mineral que requerirá altos volúmenes de agua para su extracción y que es demandado en un 80 por ciento a nivel global por la industria de los autos eléctricos como Tesla, que planea instalar una planta en México, aunque las autoridades gubernamentales –justo por la crisis hídrica del norte– aún no determinan si será en Nuevo León, en Hidalgo cerca del AIFA o en el sureste.
Se trata de dos proyectos en Sonora (Sonora Lithium y Elektra, éste último aún sin permiso ambiental ni concesiones de agua) y otros dos entre Zacatecas y San Luis Potosí (Advance Lithium y Silver Valley), zonas vulnerables a sequías prolongadas. El resto son proyectos de mera especulación financiera.
Además, desde 2021 el Servicio Geológico Mexicano cuenta con casi 50 millones de pesos para explorar litio entre 2022 y 2023 en 82 localidades de Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, entre otros. En todos los sitios se identificaron sedimentos arcillosos continentales, según informó por transparencia a las organizaciones autoras del reporte.
«[La arcilla] es un tipo de depósito que no existe en explotación comercial actual y para su desarrollo se requeriría una tecnología aún en desarrollo que por ahora está en manos de empresas privadas, y las implicaciones económicas y ambientales serían mayores», dijo en rueda de prensa Isabel Velázquez, geógrafa del colectivo Geocomunes.
«La minería es una actividad incompatible con el derecho humano al agua, no sólo porque requiere enormes cantidades de líquido, sino también porque desaparece fuentes y las contamina», destacó.
Pese a que la reforma a la Ley Minera de 2022 menciona el carácter exclusivo que el Estado adquiere sobre la minería de litio, la empresa pública LitioMX sólo tendrá exclusividad en la administración y se podrá asociar con capitales nacionales o extranjeros, sobre todo, y como ocurre en nuestro modelo Bolivia, «ante la escasa tecnología y experiencia que hay en México para la extracción (en arcilla) y transformación del litio en un mercado veloz, voraz y en franco crecimiento que no esperará a que la Nación desarrolle sus propias capacidades», plantea el informe.
PROYECTOS DE LITIO PRIVADOS
Sin importar el origen de la empresa minera, dice el informe «Explotación del litio», la minería de litio seguirá «despojando a los pueblos de sus territorios y generando daños irreparables», por lo que el documento rechaza que este tipo de «transición energética» sea clave para combatir la crisis climática: el 80 por ciento de litio se destina a baterías de autos eléctricos y solo el 20 por ciento restante a almacenamiento de energías renovables como los paneles solares.
«El reporte muestra de una manera muy clara que esta ola extractivista en México está dinamizada por una política neoliberal del T-MEC y lo que se avanza es un proyecto fuertemente vinculado al capital privado basado en el despojo y la destrucción de los pueblos», dijo en rueda de prensa durante la presentación del informe Viviana Herrera, integrante de Mining Watch Canadá.
A continuación los detalles y localización de los tres proyectos privados. Los dos de Sonora están dentro del polígono de reserva decretado por el Presidente López Obrador hace unos días:
–Sonora Lithium (Ganfeng): El proyecto privado de litio más avanzado y más sonado en México es el de Sonora Lithium, al inicio desarrollado por la empresa británica Bacanora Lithium, pero comprado por la empresa china Ganfeng Lithium. Está en fase de desarrollo con una primera producción programada para la segunda mitad de 2024.
Cuenta con todos los permisos solicitados por el Estado mexicano: tiene nueve concesiones vigentes expedidas entre 2010 y 2015 por la Secretaría de Economía con vigencia hasta 2060- 2065 y una concesión en trámite desde 2013. Tiene el permiso ambiental autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente desde junio de 2017, así como una concesión de agua (02SON153407/09FNDA18) desde 2019 por 1 millón 419 mil metros cúbicos por año, en una zona con pocos recursos hídricos y en sequía extrema desde hace un año. Además de esto, es previsible que la apertura de esta mina aumente la situación de violencia ya patente en la región, prevé el reporte.
El proyecto consiste en una mina a tajo abierto de 129 hectáreas, que generará 131 millones de toneladas de residuos tóxicos durante los 20 años estimados de producción, y 25 millones de toneladas de relaves húmedos que permanecerán para siempre sobre la tierra. Esta mina de litio pretende utilizar 1.1 millones de metros cúbicos de agua por año en la fase 1, y 1.9 millones en la fase 2.
–Elektra (Rockland Resources): Al sur de Sonora se encuentra el proyecto Elektra adquirido por la empresa canadiense Rockland Resources en noviembre del 2021. Cuenta con cuatro concesiones de 42 mil hectáreas. Entre abril y julio de 2017 ya realizó 16 perforaciones en una concesión no vigente y encontraron concentraciones de litio que van entre 900 y 1,050 partes por millón (ppm).
El registro de la Secretaría de Economía muestra que solo la concesión Tule está vigente, y la de Tecolote y Elektra sigue en trámite. No se ha encontrado Manifestación de Impacto Ambiental ni concesiones de agua relacionadas con este proyecto.
–Advance Lithium: La empresa Organimax Nutient Corp. tiene cinco concesiones vigentes, con una superficie total de 22.1 mil hectáreas, para explotar 16 salares en la zona fronteriza entre Zacatecas y San Luis Potosí. En marzo del 2021 cedió algunos de sus derechos de concesión a la empresa canadiense Advance Gold Corp para proyectos de litio en 13 salares repartidos.
La empresa realizó muestras en los 13 salares en junio del 2021, encontrando concentraciones de litio entre 60 y 620 ppm, pero también concentraciones de boro y potasio, por lo que su proyecto de extracción es de litio y de potasio.
–Silver Valley: Organimax Nutient Corp. cambió su nombre a Silver Valley Metals Corp y se quedó con tres proyectos en salares en la región: La Salada, Santa Clara y Caliguey, con una superficie total de 4 mil 059 hectáreas. En esos tres salares se realizaron trabajos de exploración entre 2010 y 2012, y posteriormente entre 2016 y 2018.
En el caso de una posible expropiación por parte del Estado, a pesar de las inversiones mínimas que han realizado hasta la fecha, estas empresas aún podrían recurrir a demandar o presionar o presionar a México con base en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), que ha sido ratificado por Canadá y México, y que entró en vigor el 30 de diciembre de 2018. Igualmente, si la empresa Ganfeng lo decide, podría demandar bajo el Tratado de Inversión Bilateral entre México y China.
