Pese a la sobreexplotación de acuíferos a nivel nacional, las leyes privatizadoras ya vistas en Querétaro o Puebla podrán seguir brotando en otros estados mientras el Congreso de la Unión siga sin aprobar la Ley General de Aguas con visión de derechos humanos que abrogue la actual Ley salinista.
Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– En Tlaxcala, estado con crisis hídrica por la contaminación de los corredores industriales, comisiones del Congreso estatal tienen una iniciativa de Ley de Aguas que tiende a la privatización como ya ocurre en Puebla o Querétaro, alertaron a los diputados locales miembros de organizaciones civiles y de la comunidad científica que exigen que no sea aprobada hasta celebrar foros para darle un enfoque de derechos humanos.
La Cuenca del Alto Atoyac es uno de los denominados infiernos ambientales en el país. A la par de la mezcla de sustancias tóxicas (metales pesados) en ríos y aire, derivadas de la industria automotriz y de autopartes (VW), la textilera, la metalúrgica o la petrolera (Pemex), han surgido diversas enfermedades en la población como leucemia, insuficiencia renal o malformaciones, incluyendo en menores de edad.
Ahí, la Diputada de Morena Marcela González Castillo presentó una propuesta de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala, que no contempla el saneamiento integral de esta cuenca en urgencia sanitaria. Ya la turnó a las comisiones de Obras Públicas; Desarrollo Urbano y Ecología; Recursos Hidráulicos; y a la de Puntos Constitucionales.
Todos los legisladores miembros fueron alertados por las organizaciones civiles sobre su inconstitucionalidad y están a la espera de una respuesta. Sin Embargo buscó a la Diputada González, hasta el cierre de esta edición no logró contactarla, pero tuiteó que está abierta a escuchar las aportaciones para «enriquecer la propuesta».
Aunque el artículo 71 prioriza el uso doméstico hídrico por cualquier otro, en la iniciativa resalta la suspensión del servicio por falta de pago, lo cual está prohibido por el derecho institucional de derechos humanos; menciona a organismos operadores pese a la existencia de 600 comités comunitarios que ya gestionan el servicio; plantea la apertura a concesiones para el tratamiento de aguas residuales; así como sanciones ante «campañas» de beneficios personales que los colectivos interpretan como criminalización de la protesta social.
En junio pasado, el Congreso de Querétaro aprobó en fast track una Ley de Aguas que abrió las puertas a la privatización de este derecho humano como ya sucede total y parcialmente en Puebla, Veracruz, Coahuila y Aguascalientes, donde los usuarios han padecido de cobros arbitrarios, cortes por impago y tandeos en manos de empresas sancionadas internacionalmente como Odebrecht o Acciona, y las francesas Suez y Veolia.
«La primera propuesta era una copia fiel a la Ley de Querétaro. Ya sabemos por dónde va la cosa y es lo que queremos evitar a toda costa», dijo por videollamada Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés. «La Ley no toma en cuenta la realidad en Tlaxcala, considerada una región de emergencia sanitaria y ambiental. Aunque está entre tres volcanes, por la industrialización de los últimos 40 años se ha contaminado el agua y, entre 2013 y 2020, el acuífero de Atoyac registró una disminución de 17.327 millones de m3 en su disponibilidad», documentó con cifras del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales.
Pese a la sobreexplotación de acuíferos a nivel nacional, este tipo de leyes privatizadoras podrán seguir brotando en otros estados mientras el Congreso de la Unión siga sin aprobar la Ley General de Aguas con visión de derechos humanos que abrogue la actual Ley salinista. Las leyes estatales tendrán que adecuarse a esa próxima Ley General pendiente desde el 2012.
Hace unos días, como alertó el académico Pedro Moctezuma de Agua para Todxs, se anunciaron dos visiones encontradas en relación a la legislación del agua. Mientras que la fracción parlamentaria de Morena en el Senado anunció su propósito de lograr una Ley General del Aguas, la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados pretende mantener la ley salinista (1992) que prioriza a grandes usuarios como mineras e inmobiliarias y aprobar una Ley General de Aguas «engañosa», que intentaría reducir el derecho humano al agua a un número de litros por habitante-día.
LEY EN TLAXCALA: INCONSTITUCIONAL
La propuesta de Ley de Aguas en Tlaxcala por un lado advierte sobre la suspensión del servicio por falta de pago sin considerar las capacidades socioeconómicas de los usuarios y, por el otro, sanciona la protesta social ante posibles tarifas excesivas marcadas en medidores, como han sufrido usuarios en Saltillo o Puebla, de acuerdo con los activistas y académicos.
«El derecho al agua es un derecho del que depende la vida de las personas, por lo que cortarlo o no darlo en asentamientos irregulares está prohibido por el derecho internacional y esta iniciativa lo prevé; es un crimen», analizó Rodrigo Gutiérrez Rivas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. «Esta iniciativa criminaliza la manifestación de las ideas, que es un derecho establecido en la Constitución, aunque no especifica con qué sanciones», agregó y no dudó en que, de aprobarse, cualquier amparo prosperará al ser una iniciativa inconstitucional.
Es el artículo 66 el que indica que «se podrá suspender el servicio de agua potable… IV. Por falta de pago de las tarifas establecidas en esta Ley y su Reglamento”. En tanto, en el artículo 129, fracción XVII, se expone que comete infracción quien “realice campañas con fines de lucro o beneficios personales, con el objeto de incitar a la comunidad a incumplir con los ordenamientos» contenidos en la presente Ley.
«El agua no se considera un derecho humano, sino una mercancía que deberá medirse. La Ley establece la instalación de medidores, dejando así el agua disponible a quien pueda pagarla, sin considerar que en el ámbito doméstico muchas familias utilizan esta agua también para la manutención de animales para el autoconsumo», interpretaron las organizaciones Atoyac con Vida, Centro Fray Julián Garcés y Agua para Todxs.
En general, la propuesta habla de organismos operadores y omite la gestión que ya realizan las comunidades a través de sus 600 comités comunitarios con visión de servicio colectivo, los cuales son grupos ciudadanos elegidos en asambleas desde hace cuatro décadas.
«Desconoce la figura de comités comunitarios y propone la figura de sistemas operadores de agua, que ya conocemos en otros estados que son empresas que se encargan de dotar el servicio, pero tiende a la privatización como en Puebla», aseguró Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés.
Sobre el tratamiento de aguas residuales, se plantea la posibilidad de concesionar el tratamiento (artículo 93) «generando así la probabilidad de iniciar un proceso de privatización del tratamiento de aguas residuales», según los colectivos.
Ante este análisis de la propuesta legislativa, las organizaciones civiles y científicos consultados propusieron en un documento entregado al Congreso de Tlaxcala que –luego de foros y consultas a la ciudadanía y academia– se legisle respecto a una ley que garantice el derecho humano individual y colectivo al agua, con la meta de conservar los actuales niveles de agua superficial y subterránea para las siguientes generaciones
Y que el sustento para la construcción de la Ley no sea responder al Plan Estatal de Desarrollo, sino a la situación de emergencia sanitaria y ambiental que vive la zona de Atoyac en Tlaxcala desde hace décadas.
