Señora:

Séame permitido, en primer lugar, dirigirme a usted de manera abierta y pública, con obligado respeto. Soy un ciudadano mexicano, abogado de profesión en conflictos laborales, político de izquierda por preferencia electiva y periodista por afición, acostumbrado a no callar.

Conozco su trayectoria pública. Sé que es Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que preside una sala en el más alto tribunal del país. Conozco que llegó al cargo por propuesta del Presidente de la república y a través de una reñida decisión senatorial, nada que me sorprenda en las prácticas de cuerpos colegiados donde conviven contradicciones que se liman en votaciones calificadas y en donde la mayoría es pieza clave.

Al momento de su designación como Ministra, me satisfizo su condición de mujer abriendo espacios para derruir el monopolio masculino que por muchos años pareció una normalidad excluyente inevitable. No así que fuese una propuesta presidencial inamovible, por una parte; y por otra, que fuera esposa de José María Riobóo, contratista para obras de infraestructura en la Ciudad de México, figura que exhibe uno de los rostros de la corrupción política conocida como “conflicto de intereses”.

Cuando fue nombrada, advertí que no había en el Gobierno de la república la voluntad política para fortalecer un Poder Judicial independiente, como cimiento del Estado de derecho; empero, su nombramiento no fue violatorio de la Constitución, ya que usted fue electa con apoyo en los procedimientos normativos habituales, revestidos de normalidad jurídica.

Quiero decir, que la decisión para llevarla al puesto en la Corte se tomó en agencia informal y luego se le dio el barniz de la mayoría senatorial, reconociendo que la ley faculta al presidente para proponer, y al Senado para decidir con su última palabra; en su caso, sin un escrupuloso estudio de sus antecedentes, de lo que, pasado el tiempo, nos dimos cuenta por la investigación periodística hecha pública el pasado 21 de diciembre de 2022 por Guillermo Sheridan, un académico por el que tengo gran respeto porque he leído su obra, en especial la consagrada al poeta Ramón López Velarde, que dicho al paso, algún tiempo fue juez en la provincia porfirista de México.

Señora Ministra, tengo para mí, y creo que formo parte de millones de mexicanos, que usted no obtuvo su título de licenciada en Derecho, requisito indispensable para estar sentada con toga como integrante de la Corte, al postular una tesis profesional que no es de su autoría, conducta que daña su conciencia ética que supongo tiene, y que sin vergüenza alguna puso en su currículum cuando pretendió el cargo que hoy mantiene y que tanto el presidente de la república como los 128 senadores no se esmeraron en indagar con todo el aparato que tienen para hacerlo, engañándose a sí misma, y lo más lamentable, a las instituciones de nuestra dolorida nación.

Su conducta ya hizo caer de su trabajo a la revisora de tesis en la UNAM, Martha Rodríguez Ortiz, y usted, inexplicablemente, se aferra a lo que no es ni puede ser: ocupar un cargo para el cual no se tiene satisfecho el requisito de un título profesional, en su caso, malhabido. 

Y fíjese bien: si su tesis hubiese sido mediocre, superficial o baladí, como tantas, no tendría usted problema si fuera fruto de su trabajo, no obra de su parasitismo intelectual que muestra a una persona sin principios y sin honra para acometer la satisfacción meritoria y decente para cubrir una formalidad de obtener una licenciatura, así fuera por la elemental mayoría de un jurado.  

Me resulta una obviedad advertir que usted se aferra a permanecer como Ministra. Ya busca un amparo contra la UNAM, cometiendo, a mi juicio, una falta mayor que escribirá un capítulo más de las infamias que se cometen en nuestro país y que, contra toda razón, se quiere perpetrar por usted.

Los órganos competentes de la UNAM debieron privarla de su título, dejándola a usted en calidad potencial de defenderse y aun comparecer ante la justicia federal mediante el juicio de amparo. Pienso que la instancia universitaria actuó con templanza y quizás, implícitamente, como un medio para que usted ante su conciencia moral, así denominada en algunas filosofías, restañara los daños y presentara su renuncia, que una elemental autocontención supone. 

Columbro que no renunciará, no lo hará, y esa su conducta me permite realizar una reflexión en estos sencillos términos y con el auxilio, siempre pertinente, de tomar en préstamo, dando el crédito correspondiente, a los notables autores de ideas producidos por grandes pensadores.

Spinoza, por ejemplo, afirma que “la vergüenza es una tristeza, acompañada por la idea de una acción que imaginamos vituperada por los demás”. No creo que esté feliz, señora Ministra, y de estarlo me haría pensar que está presente el cinismo. Tampoco pienso que lo que entregó Sheridan sea vituperio, un simple baldón u oprobio sin sustento. El plagio está, y si fuera hielo lo podríamos picar.

En esto es válido afirmar o suponer un manojo de ideas: en una república con una Constitución como la mexicana, es de suponerse la responsabilidad retrospectiva y la actual, lo que permite sustentar la existencia de una conciencia moral que se previene en sus funcionarios, más en los jueces, magistrados y ministros, una capacidad humana para juzgar las acciones propias y los propósitos con apego a normas éticas.

Es, y así lo han dicho los pensadores más diversos, la carga de vincularse por sí mismo a un deber u obligación públicas.

Usted, señora Ministra debiera ser su propio tribunal por decencia elemental. López Obrador lo ha dicho: “No somos iguales”. Y si es así, que se demuestre con hechos. No pocas veces al Presidente, cuando fue demócrata, le escuché decirnos que admiraba a la Suprema Corte de Benito Juárez. Queremos verlo y no que se imponga por la realpolitik cuando ya sólo se impone el control de daños para que todo siga igual, sino porque usted misma enmiende la falta. Esto le daría a usted el timbre de orgullo y dignidad personales, trastocado en el pasado por un plagio irresponsable.

Para qué ir a una reflexión que aspira a profundidades filosóficas, probablemente no lo logre, por mi parte, pero basta acudir al diccionario de la Real Academia Española para entender que la vergüenza, cuando existe, es una turbación de ánimo ocasionada por la conciencia de una falta cometida. Si en la vida personal es frecuente eso y queda en el ámbito reservado a lo privado, en lo público es indispensable la rectificación, a menos que usted nos ahorre tiempo institucional en salvaguardar una honradez intelectual que no existió al momento de adquirir un título fagocitando el trabajo de otros. 

Señora Ministra, renuncie, hágalo por usted, porque le ayudaría a levantar la cara. Nunca es tarde y además así podría salvaguardar el prestigio de la UNAM, que a mi juicio le da la oportunidad de no colocarse en el conflicto estéril, pero además le debe respeto a universidades como la Anáhuac, la Panamericana o la Complutense de Madrid. Hágalo por la república entera, por el respeto a sus preferencias políticas, por lealtad al mismo presidente que la impulsó, aunque ahora le enmiende la plana.

Le haría un gran servicio al Poder Judicial de la Federación que debe desterrar las corruptelas que le aquejan en perjuicio de los justiciables de todo tamaño, pobres y ricos, para que cuando estén ante una autoridad judicial tengan la confianza de no hacerlo ante plagiarios, piratas y funcionarios con patente de corzo de un poder al que los privilegiados consideran simples peones en el tablero caprichoso de su ajedrez.

Hágalo, le producirá alegría.

Atentamente. 

Jaime García Chávez.

17 febrero 2023

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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