Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, destacó que las familias de los mineros atrapados llegan a otra conmemoración sin lo que han demandado tantos años: rescate, verdad, justicia y medidas de no repetición.
Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- La tragedia de Pasta de Conchos, en Coahuila, cumple 17 años. En este tiempo las familias de los trabajadores llegan sin claridad sobre el rescate de los 63 cuerpos de los mineros atrapados. La conmemoración de una de las más grandes tragedias mineras registrada en México se encuentra además envuelta en un ambiente de desánimo y con retrasos en los trabajos para recuperar los restos.
Integrantes de la Organización Familia Pasta de Conchos informaron que las obras en la mina, como la construcción de lumbreras y túneles —iniciadas en el actual Gobierno federal desde el 2020— necesarias para reactivar la búsqueda y rescate de los cuerpos, se encuentran totalmente detenidas desde el año pasado.
“Pensamos que iba a ser un año diferente, pero no ha sido así. Llegamos con las manos vacías y con promesas al aire, nada más, porque la situación de los trabajos para la búsqueda y recuperación de nuestros familiares está detenida desde el 24 de noviembre y hasta ahorita no se ha asignado una nueva empresa para continuar”, explicó en entrevista con SinEmbargo, Elvira Martínez, esposa del minero fallecido Jorge Bladimir Muñoz Delgado, e integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos.
Martínez explicó que el factor tiempo es muy importante, porque la promesa que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue el iniciar la búsqueda y rescate durante este sexenio, sin embargo, ya han transcurrido cuatro años de la actual administración, lo que acorta el plazo para realizar los trabajos.
“El tiempo está transcurriendo y prácticamente no se ha hecho ni la mitad de lo que se tiene que hacer, entonces, sí es muy lamentable llegar a otro año más así. Estamos todas bien apachurradas, la verdad, porque al menos yo en lo personal sí creí que se iba a poder dar el rescate, pero conforme pasan los días y los meses te das cuenta de que no”, abundó.
Cristina Auerbach, directora de la organización, destacó que a 17 años de la tragedia las familias continúan con sus demandas de rescate, verdad, justicia y medidas de no repetición. También enfatizó que desde que iniciaron los trabajos se han registrado retrasos importantes y ejemplificó que, al ritmo en que trabaja la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las labores para realizar un rescate tardarían al menos 15 años sólo para bajar a las galerías, es decir, al lugar para iniciar con la búsqueda de los cuerpos.
"El rescate está parado oficialmente desde noviembre, pero desde las primeras semanas en que iniciaron 'formalmente' ya tenían retrasos. Pero, además, no es aceptable que se diga que como medida de No Repetición esta administración no entrega nuevas concesiones, si todo el carbón ya está concesionado y CFE sigue entregando contratos a empresas que no cumplen con las normas de seguridad e higiene o que operan de forma ilegal o con outsourcing como el caso de Rancherías y Pinabete”, enfatizó la activista.
La Organización Familia Pasta de Conchos junto con otras organizaciones de derechos humanos conmemorarán la tragedia este domingo con una misa y un evento que se realizará en el Antimonumento ubicado en el Paseo de la Reforma, Ciudad de México, en el cual, además de nombrar a los mineros caídos e 2006, se agregarán los cascos de los 10 mineros que fallecieron y siguen atrapados en la Mina El Pinabete, tras el derrumbe e inundación de la mina en Sabines, Coahuila, el pasado 3 de agosto de 2022.
“Los cuatro años de esta administración suponen que no sólo hay que recuperar 63 mineros de Pasta de Conchos, sino 73 con los de Pinabete sin que, en ningún caso, en ninguno se castigue a los responsables”, reprochó Auebach.
LA TRAGEDIA
Era domingo 19 de febrero de 2006. El último tramo del Gobierno de Vicente Fox y el primero del entonces Gobernador Humberto Moreira. El reloj marcaba cerca de las 02:10 horas, cuando la acumulación de gases provocó una explosión en la mina ocho de la unidad Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, S.A. de C.V. (IMMSA), de Grupo México. De 76 trabajadores que ahí se encontraban, 65 quedaron atrapados.
Sólo los cuerpos de los mineros Felipe de Jesús Torres Reyna y José Manuel Peña Saucedo fueron recuperados durante las primeras labores de rescate, mismas que se interrumpieron en el 2007. Fue el inicio de una historia de clamor, revictimización de los gobiernos panistas y lucha por el rescate que se ha extendido en al menos cuatro sexenios.
Al menos 11 carboneros que se encontraban en un nivel superior de la mina salieron “casi por su propio pie” con quemaduras de primero y segundo grado, así lo informó el entonces coordinador de seguridad de la empresa Minerales Monclova S.A, Gerardo Armando Díaz Cárdenas.
Cuando ocurrió la tragedia, el Gobierno mexicano de Vicente Fox encargó atender la emergencia a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en ese momento estaba a cargo de Francisco Javier Salazar Sáenz. No pasaron ni siete días cuando anunció el fin del intento de rescate con vida de los trabajadores. Su dependencia dictaminó que la mina había sido destruida por un estallido de gas metano, asociado a la explotación carbonífera, y que todos los mineros habían muerto en el primer minuto.
El 4 de abril de 2006, la empresa Industrial Minera México, S.A de C.V, ordenó el cierre de la mina y el cese definitivo del rescate de cuerpos, argumentando que entre el 25 por ciento y 75 por ciento de la mina estaría inundada y que existía “contaminación bacteriológica que podría contagiar a los rescatistas, sus familiares y poblaciones enteras”, según un peritaje realizado por ellos mismos. El argumento fue por las supuestas altas concentraciones de gas metano.
Cuando Felipe Calderón Hinojosa asumió la Presidencia en diciembre de 2006, nombró a Javier Lozano Alarcón como Secretario de Trabajo. Lozano recibió a los deudos de Pasta de Conchos en su despacho y asumió como compromiso un peritaje para conocer las condiciones de la estructura de la mina y saber así si los restos de los mineros podrían ser recuperados. El peritaje se hizo, pero no condujo al rescate, al contrario, se aferró a la teoría de que no era posible.
En 2008, un grupo de viudas y familiares decidieron emprender un rescate independiente, acusando de abandono a la empresa y al gobierno. Sin embargo, días después, cuerpos policiacos del estado llegaron a detener el rescate.
PROMESA DE RETOMAR EL RESCATE
En 2019, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que retomarían los trabajos de excavación para recuperar los cuerpos de los mineros que quedaron sepultados en la mina.
De acuerdo con la planeación de rescate que la CFE presentó a las familias en 2020, se indicó que los trabajos comenzarían en septiembre del 2021, de tal manera que para febrero de 2022 ya se tendrían que estar conectando las rampas con las galerías antiguas.
La primera etapa —les indicaron a los familiares— duraría 14 meses; la segunda etapa, 20 meses, y de la tercera fase no dieron plazo, sin embargo, no especificaron cuándo iniciarían esos 14 meses de la primera etapa.
El 16 de febrero del año pasado, el Gobierno federal inició las primeras obras, es decir, la construcción de las lumbreras, así como a la par, los túneles y rampas, operaciones para recuperar los cuerpos los mineros que murieron.
“Ya se inició con la primera fase, que tiene que ver con unos tiros verticales para llegar a los puntos donde, según las bitácoras, se encontraban buena parte de los mineros”, dijo ese día Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo de México, en un mensaje desde Coahuila.
Elvira Martínez explicó que desde febrero que se dio el arranque de las obras se presentaron retrasos.
“Cada catorce días teníamos reuniones con la Comisión Federal de Electricidad para dar informes. Ahí se iba dando información con gráficas que la misma Comisión Federal nos presentaba, con fechas y porcentajes de avance. Desde la primera semana siempre hubo atraso, entonces fue transcurriendo el tiempo y el atraso se fue acumulando hasta que llegó un momento en que la contratista le dijo a la CFE que no iba a tener lista la obra para la fecha establecida y que iba a necesitar más tiempo”, narró.
La Comisión Federal de Electricidad optó por retirar el contrato porque no iban a tener los trabajos a tiempo, detalló la activista, sin embargo, se han retrasado los trabajos porque la dependencia federal sigue con pláticas contractuales, sin finiquitar con la empresa.
“Todavía ni siquiera se tiene una nueva empresa, entonces todo esto genera más atraso de lo que hay”, dijo.
La construcción de las obras, en el caso de las lumbreras quedó a un 40 por ciento, es decir, de los 140 metros de profundidad que se iban a hacer, quedaron entre 70 a 60 metros. Las lumbreras se esperaba que quedaran listas para abril de este año.
En el caso de las rampas y túneles, previstas para terminar en diciembre de 2023, esos trabajos quedaron en un 15 por ciento.
Después de construir las lumbreras, los túneles y rampas, iniciaría la etapa 3, que es la búsqueda y recuperación. “Eso es lo que nos interesa a nosotros claro que para que te den, se tiene que hacer estas obras, entonces prácticamente el tiempo daría solamente para terminar las obras, pero vemos muy difícil que el sexenio de para comenzar la etapa de la búsqueda”, dijo Martínez.
Desde el momento que se eligió al conjunto de empresas, Desarrollo de Terracerías S.A junto con Proacon México, fue un aspecto que alertaron y preocupó a familiares de los mineros, pues desde ese entonces indicaron que la empresa a la que le concedieron la licitación de manera directa —luego de que las cuatro anteriores se declararon desiertas— no tenía la experiencia en minas o trabajos en minas.
“Sabemos que Desarrollo de Terracerías es una empresa que no tiene experiencia en minas de carbón y mucho menos en rescate minero. Sabemos que el Senador Armando Guadiana, que estuvo participando en unos trabajos y relacionado con la licitación, cosa que él niega rotundamente, pero nosotros sabemos y tenemos manera de demostrar”, comentaron en ese momento las familias, a través de la organización Familia Pasta de Conchos.
La organización ha urgido a que se retomen los trabajos lo más rápido posible y denunciaron que la CFE no ha dado fecha, pues continúa con el finiquito a los contratistas y, hasta no terminar esa relación laboral, buscarán a otro, porque para contratar a una empresa distinta aun faltaría el proceso de la adjudicación
“Nosotros consideramos que ya deberían de empezar con el proceso y convocatoria para la adjudicación de la nueva empresa, en lo que terminan el finiquito con la anterior, pero la CFE nos decía que no podían traer a una nueva empresa mientras estuviera legalmente la anterior”, detalló Elvira Martínez.
Y añadió: “Nos parece extraño es que sigan diciendo que el rescate va y se va a dar, pero pues nosotros hemos hablado con ingenieros y expertos independientes sobre el tiempo que se llevaría para continuar con estos trabajos y ellos dicen que, para que estén listas las rampas, se requerirían al menos cuatro o cinco años. [...] Si el rescate va, eso lo vamos a saber hasta que se termine el sexenio, pero la esperanza, para mí, ya es muy poca”.
Por otra parte, las familias de los mineros “clausuraron”, con un plantón, la construcción del Memorial en Coahuila, pues temen que el Gobierno quiera dar por cumplida su promesa solo con el memorial y no terminar las labores para el rescate.
“Se tomó esa decisión de parar el memorial porque no queremos que solo nos quieran dar el memorial en lugar de rescate. Ahorita la construcción del Memorial está completamente parada”, dijo Elvira.
Este domingo se cumple otro año más de la tragedia y las familias llegan nuevamente con desánimos y desesperanzas.
“La verdad estamos con el ánimo bien apachurrado porque al menos yo sí creía que sí íbamos a lograr el rescate pronto, tal vez pensaba eso porque el discurso fue diferente a otros sexenios: los anteriores gobiernos siempre nos decían que no y que no, ahora nos dijeron que sí y se hicieron que como que sí [...]Nosotros vemos ya muy difícil que el tiempo de este sexenio nos vaya a dar para llegar a la búsqueda y recuperación de restos.
Elvira Martínez dijo que los familiares que piden que el Presidente se haga presente en Coahuila, para que él mismo les explique lo qué ocurre y para dar celeridad a los trabajos.
“Él había prometido venir cada seis meses a supervisar estos trabajos, él había dicho que juntos íbamos a estar supervisando, familias y él, que cada seis meses él se iba a dar el tiempo para venir y pues ya no regresó, entonces, queremos saber de boca de él que está pasando. Las familias, han ido a la Ciudad de México a dejar cartas de petición de audiencia y no les han respondido, entonces sí nos sentimos que nos dejó solos
CASO ANTE LA CIDH
El caso de Pasta de Conchos también está en mesa de instancias internacionales. En búsqueda de justicia, y después de agotar todas las instancias a nivel nacional, el caso se llevó en el año 2010 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja presentada por Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la violación al derecho a la vida de los 65 mineros fallecidos, la integridad de quienes ahí laboraban y el acceso a la justicia para los parientes de las víctimas en la explosión.
Pasaron ocho años para que el organismo internacional tomara la decisión. La queja fue interpuesta el 19 de febrero de 2010 por 235 familiares de los 65 mineros sepultados en la mina y la Organización Familia Pasta de Conchos, que en ese momento representaba a más de 600 familiares.
En julio de 2018, la OFPC entregó un extenso informe a la CIDH. El 29 de abril de 2019, el organismo internacional notificó a los peticionarios que las observaciones fueron remitidas al Estado mexicano para que éste responda.
No obstante, Grupo México jamás ha sido sancionada por la muerte de los 65 trabajadores en Pasta de Conchos.
“El caso permanece impune, pues ningún funcionario ha sido sancionado penalmente, aun cuando el propio Estado omitió garantizar que diversas fallas de seguridad detectadas en la mina antes del siniestro se subsanaran, como lo documentó la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Recomendación 26/2006”, explicó la CIDH en febrero de 2018 al admitir el caso.
El 26 de julio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comunicó a las familiares peticionarios que trasladó al Estado Mexicano las condiciones que piden las familiares que cumpla a fin de que puedan llegar a una solución amistosa.
Entre la petición es que haya reparación del daño y garantías de no repetición, es decir, que las empresas mineras ya no operen con fallas en su seguridad. Sin embargo, hasta el momento las familiares peticionarias desconocen si el Gobierno de México contestó y si aceptará las condiciones.
