Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador de nuevo sacudió el avispero con una declaración estruendosa: “la señora presidenta de la Corte está allí por mí”. Una frase a medio camino entre el chiste y la provocación, como muchas de las que utiliza el presidente en la mañanera, destinada a mantener la atención sobre un tema que le interesa, en este caso, sus diferencias con el poder judicial. No le falló, los medios de comunicación reprodujeron hasta la obcecación la desafiante frase del presidente y sus posibles interpretaciones. La ministra Norma Piña fue elegida hace diez días, pero López Obrador se las ingenia para mantener vivo el tema. ¿Con qué propósito? Hacer evidente el pulso que sostiene en contra del poder judicial, convertir a la opinión pública en la tribuna de deliberación y presionar, por esta vía, la actuación de jueces, ministros y tribunales, luego de que las otras alternativas para influir en ellos han fracasado.

¿Cuáles son las razones de fondo de la confrontación del presidente con el poder judicial? A mi juicio son tres, la última la más relevante de ellas.

Uno, la corrupción. El presidente ha criticado, con toda la razón, el estado deplorable de la justicia en México, invariablemente a la venta de quien pueda pagarla. Prácticamente toda víctima de un abuso o de un incidente que entraña tribunales y abogados puede atestiguar el triunfo más que probable de quien tiene dinero. La cantidad de casos en que los jueces son comprados por criminales o por aquellos que pueden pagar su impunidad están a la vista. El poder judicial ha sido remiso para sanearse a sí mismo. El nepotismo que caracteriza a las instituciones del tercer poder es endémico. Y en efecto se ha necesitado la presión de la opinión pública para que los ministros hayan comenzado a hacer algo al respecto.

Dos, la ley o la justicia. López Obrador ha cuestionado duramente lo que a su juicio son tecnicismos legales que los jueces ejercen a contrapelo de la ética y la justicia. Criminales que son liberados por un requisito puntilloso, cuentas bancarias desbloqueadas por falta de un procedimiento, a pesar de que se trate de sumas absurdas y desproporcionadas para los ingresos de un servidor público o de las actividades de un particular. En algunos casos el presidente tiene razón; por ejemplo, la liberación de un delincuente porque el expediente mencionaba una determinada hora y en realidad había sido otra. Pero salvo estos casos absurdos, se trata de un terreno mucho más pantanoso. Primero, porque pedirle a los jueces que fallen en función de lo que es justo y no de lo que es legal, significa entrar en una dimensión subjetiva sumamente peligrosa. Dictaminar que alguien es criminal solo porque al juez se lo parezca, al margen de las pruebas que demuestren su culpabilidad, es abrir una caja de pandora para la arbitrariedad, ya no digamos para una corrupción aún más flagrante. Y segundo, corremos el riesgo de confundir tecnicismos con lo que en realidad es negligencia de parte de las fiscalías. En ocasiones los jueces están obligados a liberar a un criminal aparente, incluso contra su pesar, porque los expedientes se caen de las manos por la incapacidad, indolencia o corrupción de la autoridad como parte acusadora.

En la mañanera se critica duramente que las cuentas de un corrupto sean desbloqueadas por un juez, pero lo que no se dice es que la fiscalía no cubrió los requisitos mínimos que exige la ley para justificar tal bloqueo. Y francamente, en ese caso, muchos preferimos optar por priorizar la defensa del interés ciudadano. Sería absurdo que existiera la posibilidad de congelamientos de cuentas de empresas y particulares, ya no digamos detenciones, por la mera sospecha de un funcionario que no está obligado a presentar razones. Se puede entender la molestia del presidente por los casos que se pierden, pero pretender hacer justicia al margen de la ley sería calamitoso. En todo caso, cambiemos leyes y procedimientos. Incluso los obradoristas tendrían que pensar que, una vez retirado López Obrador, lo que está proponiendo nos dejaría a todos al arbitrio de los Gertz Manero y equivalentes.

Tres, el ataque a la 4T. López Obrador ha denunciado una y otra vez el uso de los recursos legales por parte de sus adversarios para detener los proyectos de reformas y obra pública que intenta su gobierno. Por un lado, las controversias constitucionales para detener las leyes y el entramado institucional a favor del cambio; por otro el uso de los amparos como estrategia política para suspender obras como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya o la refinería Dos Bocas. Y en efecto así es, reconocido incluso por sus rivales. Lo que los académicos llaman ahora el Lawfare, la guerra para atacar a un régimen o a un adversario, ya no por las armas sino por los tribunales. El presidente ha argumentado que la construcción del NAIM, en el lago de Texcoco, nunca mereció un amparo para impedir el daño ecológico pese a la afectación al Valle de México y la vida de millones de personas; mientras que al Tren Maya se le ha intentado parar con un bombardeo sistemático y que los temas ambientales han sido un mero pretexto. Quizá no en todos los casos, pero sin duda son un recurso político y los jueces se han prestado a ello con razón y sin ella. De las tres objeciones en contra del poder judicial, me parece que esta es la que más irrita a AMLO porque en la práctica representa un boicot a su gobierno.

Palacio Nacional había intentado influir en la composición de la Corte para presionar desde adentro reformas del poder judicial de cara a las tres objeciones. Lo seguirá haciendo en los siguientes relevos de ministros, pero con la elección de Norma Piña como cabeza del poder judicial, una figura contraria a sus posiciones, el presidente ha pasado a la ofensiva abierta. Y esta no es otra que influir en la opinión pública para meter presión a los jueces o encarecer la factura política por cada decisión cuestionable, a los ojos de la 4T. Tampoco es para espantarnos, son estrategias políticas; pero vale la pena transparentarlas para entender lo que está detrás de una frase provocadora, un chiste a medias o una queja indignada.

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Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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