En los últimos cinco años, 26 magistrados y 25 jueces del Consejo de la Judicatura Federal han sido sancionados. Las causas van desde faltas administrativas hasta acoso laboral o sexual, nepotismo, el uso indebido de recursos y el no justificar legalmente la procedencia de sus ingresos.
Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).– El Poder Judicial de la Federación ha vuelto a ser exhibido por el Ejecutivo a causa de un falló polémico que en este caso favoreció a Luis Cárdenas Palomino, uno de los súper policías del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, con la liberación de sus cuentas bancarias, una decisión que suma a la liberación de criminales mediante el otorgamiento de amparos o por la decisión de jueces de no vincularlos a proceso.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancia perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer este jueves cómo por unanimidad el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, integrado por los magistrados Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, ”amparó y protegió” a Cárdenas Palomino, preso por tortura y acusado en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, al quitarlo de la lista de personas bloqueadas, lo que le impedía realizar actividades en el sistema financiero mexicano.
Gómez Álvarez incluso señaló que hay jueces que han llegado a prohibir que la información de la UIF pueda ser entregada al Ministerio Público pese a que, sostuvo, el Código Penal Federal en su artículo 400-B señala que en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, se requiere la denuncia de la unidad de Hacienda.
“Al momento en que se impide que el Gobierno pueda utilizar los datos obtenidos legalmente sin duda del sistema financiero de personas, sobre todo personas expuestas políticamente, los están dejando en la completa impunidad. Nunca podrán ser entonces ya denunciados, ya no digamos inculpados por este delito”, denunció el titular de la UIF.
No se trata de un señalamiento aislado. El Gobierno federal, así como el Presidente Andrés Manuel López Obrador, han exhibido en distintas ocasiones cómo las decisiones de jueces y magistrados han sido contrarias al interés público. El titular del Ejecutivo federal ha insistido que debe de prevalecer la justicia sobre el derecho. Sus críticas hacia el Poder Judicial le han valido confrontaciones con la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Ministra Norma Piña, quien a diferencia de su antecesor, el Ministro Arturo Zaldívar, ha sido enfática en la independencia del Poder Judicial.
Fue en septiembre pasado, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) —en el marco de la discusión de la Corte de eliminar la prisión preventiva oficiosa— presentó un informe detallado de casos sospechosos en donde juzgadores en todo el país liberaron a presuntos criminales, muchos de ellos buscados tanto en México como en el extranjero, como Rafael Caro Quintero.
En ese momento se informó que Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara detenido en julio pasado, permaneció nueve años libre por un fallo judicial que fue revertido por la Suprema Corte cuando ya nadie sabía dónde se encontraba. Otro caso es el de José Bernabé, alias “La Vaca”, líder del Cártel Independiente de Colima, detenido el 18 de agosto de 2022 y a quien siete días después el Juez Daniel Ramírez Peña, del Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, determinó no vincular a proceso pese a haber sido detenido en flagrancia con armas y droga.
José Alfredo “N”, alias “El Contador”, líder del Cártel del Golfo-Ciclones-Escorpiones, también se vio favorecido por una decisión judicial según la dependencia federal. En marzo de 2019 fue detenido por privación de la libertad y asalto, pero en noviembre de 2020 el Juez de Control de la Primera Región en el Primer Distrito Judicial, con sede en Ciudad Victoria, no lo vinculó a proceso. En febrero de 2022 fue arrestado de nueva cuenta.
También se ha exhibido a la Jueza federal Viviana Judith Juárez de Baja California, quien en tres casos que se le han presentado de detenciones en las garitas o en la aduana de individuos que tenían armas de uso exclusivo del Ejército, determinó que eran ilegales las detenciones porque no se había justificado cómo revisaban los vehículos y finalmente les concedió la libertad.
De igual forma, el actual Gobierno ha cuestionado la decisión de los jueces Primero y Octavo de Distrito de Juicios Federales en Puebla, quienes ordenaron el 19 y 21 de septiembre de 2020 descongelar las cuentas del exgobernador poblano Mario “M”, así como del empresario José Kamel “N”, quienes se encontraban prófugos, ante una orden de captura por tortura contra la periodista Lydia Cacho.
Asimismo, destaca lo ocurrido con Javier “N”, un exagente de la Policía Federal implicado en el desvío de 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos en cheques de la extinta corporación, quien aunque se entregó a las autoridades, en abril de 2021 un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, determinó que no había elementos para vincularlo a proceso.
En noviembre pasado también se informó que tres juzgados en Jalisco permitieron que Ramón “N”, alias “El Moncho” y/o “R1”, superara cinco procesos penales y saliera en libertad. El individuo es identificado como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, y señalado de los bloqueos e incendio de vehículos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y en Colima, en agosto de 2020.
En esa ocasión se dio a conocer que el Juzgado Séptimo de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco decretó auto de libertad por falta de elementos; mientras que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales lo absolvió y también ordenó la liberación, así como el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Guadalajara que de igual forma solicitó ponerlo en libertad inmediata.
INHABILITADOS Y CESADOS
El propio Consejo de la Judicatura Federal (CJF) —que tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación— ha sancionado a 26 magistrados y 25 jueces en los últimos cinco años por causas que van desde faltas administrativas hasta acoso laboral o sexual, nepotismo, el uso indebido de recursos y el no justificar legalmente la procedencia de sus ingresos.
De este número, y en el mismo periodo, dos magistrados y tres jueces han sido inhabilitados; y un magistrado y cinco jueces fueron separados de sus cargos, según la información que ha proporcionado esta instancia en su Plataforma de Transparencia.
Además, en respuesta a una solicitud de transparencia para conocer “cuántos jueces federales y magistrados han sido destituidos de su cargo por actos de corrupción, desde 2012 al 15 de febrero de 2021”, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación dio cuenta de los casos de tres magistrados sancionados en ese periodo, uno de los cuales señaló como motivo “posible” corrupción.
Se trata de José Guadalupe Luna Altamirano, destituido de su puesto por obtener “beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que recibió por el desempeño de sus funciones”, así como por la falta de veracidad de sus declaraciones patrimoniales de 2009, 2010 y 2011.
Con respecto a los jueces, identifica en tres casos “posible” corrupción. Uno de ellos, de 2018, es el del titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, Francisco Ramos Silva, por “falta de honradez y lealtad a la institución”, al ser señalado de hostigamiento sexual y por otorgar nombramientos a personas que no se presentaban a laborar al Juzgado de Distrito.
En 2019, se destituyó al titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Álvaro Tovilla León, por actuar “con descuido en el desempeño de sus funciones”, no preservar “el profesionalismo propio de su función” y por su actuación “en por lo menos cinco juicios de amparo”. En el expediente de su casa se señala el haber recibido pagos de litigantes “posiblemente con la intención de que se les beneficiara procesalmente”.
La Contraloría del Poder Judicial de la Federación también identificó como un “posible” caso de corrupción el del titular del Juzgado Primero de Distrito en Chilpancingo, Guerrero, Arístides Marino Santos, quien fue destituido en 2020 por usar recursos que tenía asignados para fines distintos para los que estaban ideados, además de ser acusado de “intervenir indebidamente” en la contratación de servidores públicos.
