Por Marcia Itzel Checa Gutiérrez*

Este primero de febrero inicia otro periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Unión y con ello también la algarabía legislativa por concretar los temas de la agenda que a cada grupo parlamentario les interesa. Sin embargo, poco se habla de las 32 designaciones de altas responsabilidades públicas que forman parte de estas obligaciones parlamentarias, entre las que se encuentran un buen número de rezagadas de años atrás, 18 específicamente.

Como paréntesis, vale la pena recordar que a inicios de este 2023, había 34 designaciones públicas calendarizadas, de las cuales, la Comisión Permanente concretó dos durante este primer mes del año: la ratificación del presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para un segundo periodo y la del subgobernador del Banco de México (Banxico). Adicionalmente, el Ejecutivo Federal envió las dos propuestas faltantes para comisionadas y comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en cumplimiento con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que ahora deberá analizar el Senado de la República.

De este voluminoso universo, es importante tener presente a quién le corresponde realizar estos procesos: a la Cámara de Diputados le competen las cuatro designaciones de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que representan el 13 por ciento del total; al Senado de la República le atañen ocho, 25 por ciento; otro paquete de 17 designaciones inicia con el envío de una terna o propuesta por parte del Ejecutivo Federal al Senado y aquí es donde existe el mayor rezago, 53 por ciento del total; dos más a la SCJN y al Senado para magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que significan el seis por ciento; y por último, una relativa a una persona integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) por la Comisión de Selección (CS), que implica el 3 por ciento restante.

Al respecto, en días pasados, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República informó que se instalará una mesa de trabajo para ver los “nombramientos”. Sin embargo, cabe apuntar que, al tratarse de un tema con grandes efectos en la vida democrática del país y los derechos humanos de las personas, es fundamental que este y otros ejercicios similares garanticen total transparencia, es decir, que se realicen de manera abierta, de cara al pueblo, de cara a la sociedad, y se establezcan criterios objetivos para valorar los méritos y capacidades de los perfiles y no sea el reparto partidista y el intercambio de posiciones lo que guíe estas decisiones, como se les ha hecho la mala costumbre.

Justamente, sacar de la opacidad y discrecionalidad a las designaciones permitiría conocer las razones, las justificaciones y las motivaciones que sustentan estas importantes decisiones y cerrar el ciclo de malas prácticas y perfiles no idóneos que ha prevalecido antes y también ahora.

Habrá que estar atentas y atentos, pero sobre todo exigir el cumplimiento de que este conjunto de procesos de designación se apegue a altos estándares de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e idoneidad. Dos ejemplos para tener en el radar: el de consejeras y consejeros electorales, donde desde ya está puesta toda la atención, y el de comisionadas y comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Sobre el primero (INE), es clave cómo se dé respuesta a la sentencia del Tribunal Electoral y se construyan reglas que brinden certeza, pero también cómo quedará la integración final del Comité Técnico de Evaluación (CTE) y, con ello asegurar un órgano imparcial que permita generar confianza sobre el desarrollo de este. Recordemos que cuando se aprobó la convocatoria por parte de la Cámara de Diputados, ésta no se publicó en ninguno de sus canales oficiales, lo cual va en contrasentido de un proceso transparente, e incluso las sesiones de la Jucopo sobre el tema, tampoco han sido públicas.

En relación con el proceso del INAI, las dos designaciones que están pendientes desde hace 306 días, más la que debería iniciar el día de mañana con la emisión de la convocatoria para otra persona comisionada, prenden las alertas para el funcionamiento del instituto, pero sobre todo para la garantía y protección de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, pues de prolongarse la omisión constitucional de designar por parte del Senado de la República, el próximo 31 de marzo podría entrar en una limitación de sus facultades. Sin embargo, la exigencia no se limita al hecho de solo designar, sino de su cumplimiento de manera adecuada; en el caso del INAI cuentan con un dictamen con un conjunto de evaluaciones destacadas, donde en siete de ellas hay coincidencia con las realizadas por el Comité –ciudadano– de Evaluación instalado para ello.

Este periodo de sesiones puede ser una oportunidad para que las autoridades responsables de realizar designaciones públicas se reivindiquen en la medida que las lleven a cabo con seriedad y nos muestren, al pueblo y a la sociedad, ejercicios legislativos transparentes que den como resultado perfiles incuestionables, es nuestro derecho y lo estaremos exigiendo.

#SinCuotasNiCuates
#PerfilesIdóneosYa

* Itzel es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas; y, generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.

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1. Ver: https://www.sinembargo.mx/06-12-2022/4294525
2. Las tres del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), una para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y dos para completar la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción; además de dos más correspondientes a la Cofece, ante el envío de las propuestas por parte del Ejecutivo Federal.
3. Esto a pesar de que atendió cuatro procesos que se encontraban rezagados. Las faltantes comprenden: una del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); tres del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); cinco de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); tres de la CRE; cuatro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y una para el Tribunal Superior Agrario (TSA).
4. En: https://twitter.com/senadomexicano/status/1619135193893445632
5. https://twitter.com/designaciones/status/1606657811110404096
6. Ver: https://www.ladobe.com.mx/2023/01/sobre-la-desintegracion-del-inai/

Fundar

https://www.sinembargo.mx/author/fundar/

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