La segunda semana de enero de 2023 estuvo marcada por la reunión de los presidentes de México, Canadá y Estados Unidos en la Ciudad de México, y uno de los puntos importantes de la cumbre trilateral es el Tratado Comercial entre los tres países: T-MEC. Una discusión abierta y polémica en el contexto trilateral es el relativo a la producción, comercio, transporte, siembra y uso de los cultivos genéticamente modificados (específicamente, el maíz transgénico) como materia prima agroindustrial y alimentaria.

La agrobiotecnología moderna ha tenido un gran impulso basado en las patentes, que son los derechos de monopolio temporal otorgados por autoridades a desarrolladores (científicos, universidades, empresarios, corporaciones) que, teóricamente, tenían la intención de potenciar la innovación en distintas áreas tecnológicas. Actualmente, esas herramientas de la propiedad privada son usadas para controlar y dominar los mercados al restringir la competencia entre desarrolladores y así generar grandes ganancias económicas a quienes ostentan esos títulos de propiedad industrial, provocando, en la mayoría de los casos, dependencia tecnológica, científica, económica y alimentaria.

Desde hace años se discute si es ético el patentamiento de la vida. Se ha argumentado que las diferentes formas de vida o sus componentes no pueden ni deben ser privatizadas o consideradas como “invención humana” porque implica la apropiación de la naturaleza. Sin embargo, durante las últimas dos décadas, se ha registrado un gran crecimiento a nivel mundial en el número de aplicaciones para patentar desarrollos biotecnológicos, tales como los métodos de modificación genética y/o sus productos, particularmente en la biotecnología agrícola.

La vía usual para patentar organismos biológicos (específicamente plantas o cultivos) es a través del otorgamiento de derechos de obtención vegetal o derechos de mejorador vegetal. El proceso está regulado en las normativas y tiene como eje central las controversiales UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) en su versión 1978 y 1991 a nivel internacional; y en México, la Ley Federal de Variedades Vegetales y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Dichas regulaciones son a la vez, ancla y guía para la privatización de los seres vivos -por ejemplo, las semillas- y la liberación masiva de cultivos genéticamente modificados en los Acuerdos Comerciales internacionales, como el T-MEC.

Además, las patentes restringen la manera en que las plantas se usan, se reproducen, se conservan o se comparten y, en consecuencia, los pueblos y comunidades indígenas y rurales, quienes domesticaron las plantas que han alimentado históricamente a la humanidad, están en alto riesgo de depender de semillas privatizadas, además del peligro de ser demandados y criminalizados en caso de poseer semillas no certificadas o registradas previamente.

Dado que las patentes son otorgadas a seres vivos (plantas) que se reproducen y por lo tanto heredan dichas características, las restricciones sobre el uso de las plantas se extenderían a generaciones futuras de los cultivos en las que el rasgo o la modificación genética se encuentre. Patentar cultivos también anula la posibilidad de que los productores de pequeña y mediana escala generen variedades de los cultivos nativos adaptados al calentamiento del planeta, lo cual contraviene el derecho a las semillas, contemplado en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las y los campesinos y personas que viven en áreas rurales.

Aprovechando vacíos legales, se han otorgado patentes a rasgos (características) de cultivos que ocurren naturalmente debido a procesos naturales de hibridación; desde la década de 1990 se han otorgado patentes a técnicas de modificación genética y sus aplicaciones; la mayoría de dichas patentes están en manos de grandes corporaciones biotecnológicas, como Bayer (dueña de Monsanto) y Corteva (resultado de la fusión de las empresas Dow, Dupont y Pioneer).

Muchos sectores agroindustriales están dominados de manera tan grande que, actualmente cuatro corporaciones (Bayer, Grupo Syngenta, BASF y Corteva) controlan la mitad de las semillas comerciales usadas a nivel mundial. Dos de esas compañías controlan el 40 por ciento del mercado, y solamente Bayer controla y manipula el 23 por ciento del mercado global de semillas. En cuanto a los pesticidas, esas cuatro empresas controlan el 62 por ciento del mercado mundial.

Sumando el poder y control que progresivamente han acumulado dichas empresas a través de las patentes sobre variedades vegetales (convencionales y genéticamente modificadas), se plantean preguntas muy graves: ¿a quién pertenecen los alimentos?, ¿qué estamos comiendo? Se estima que, solo en 2020, el valor comercial de la actividad de patentamiento de métodos de modificación genética fue de más de 190 millones de dólares: Corteva ha solicitado patentes para 1,430 organismos genéticamente modificados (OGMs) y Bayer-Monsanto ha solicitado patentes para 119 OGMs.

De manera relevante, dichas patentes son sobre cultivos creados mediante nuevas y polémicas técnicas de modificación genética, por ejemplo, la llamada edición genómica mediante CRISPR-Cas9, de la cual se han reportado efectos inesperados y potencialmente dañinos en los organismos modificados, además de que se desconocen los riesgos a que pudieran estar expuestos tanto el medio ambiente y la salud humana.

Por ejemplo, Corteva tiene la patente para modificar el genoma de organismos mediante el sistema CRISPR-Cas9, pero la patente incluye también a todas las células, semillas y plantas en las que se aplique el método de modificación genética, por lo que la patente podría restringir el cultivo libre de maíz, algodón, cebada, arroz, trigo, brócoli, zanahoria, calabazas, etc. Medida totalmente perversa y desquiciada.

El capítulo sobre agricultura del T-MEC

A partir de la publicación en enero de 2021 del muy perfectible decreto presidencial sobre la disminución en el uso del herbicida glifosato -asociado a los cultivos genéticamente modificados- y la prohibición progresiva al maíz transgénico hacia 2024 (fecha pospuesta hacia 2025), se desató una discusión bilateral con Estados Unidos y con las corporaciones biotecnológicas, que argumentan violaciones a las disposiciones sobre biotecnología agrícola en el T-MEC, tanto por la publicación del decreto presidencial, como por la negación oficial a la solicitud de aprobación en México de una nueva variedad de maíz genéticamente modificado de Bayer.

El T-MEC incluye disposiciones explícitas sobre la biotecnología agrícola e incluye a los productos creados con los más recientes métodos de modificación genética, como la edición de genomas. Además, pone candados inverosímiles, como que no importa cuánto se altere un genoma, como el del maíz, por medio de la biotecnología, dado que no es diferente en composición, seguridad e inocuidad en comparación con maíces convencionales, por lo cual, los productos no deben ser sujetos de regulación, ni de revisiones sobre riesgos a la salud humana o al medio ambiente. A este escenario se añade la información sobre el aumento en las importaciones de maíz desde diferentes países (Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica) mientras que la producción nacional se redujo en aproximadamente 9 por ciento en el pasado ciclo primavera-verano.

Claramente la dependencia alimentaria ha crecido en los años recientes y los Tratados de Libre Comercio han ahondado el empobrecimiento en el campo mexicano, alterado las dietas y estado nutricional y sanitario de la población, provocando epidemias de diabetes, hipertensión y obesidad; pero en contraste, ha beneficiado en gran medida a las corporaciones agroalimentarias.

La presión que ejercen las transnacionales biotecnológicas haciendo cabildeo y usando “investigaciones” económicas sobre los riesgos para el agro norteamericano por la potencial prohibición al maíz genéticamente modificado -financiadas por las mismas corporaciones a través de estructuras fachada-, implica la manipulación de los mercados, desvío de poder, contaminación del ambiente y los cuerpos de las personas. Adicionalmente, las patentes sobre las semillas, sobre los métodos recientes de modificación genética y los organismos originados con ellos privatiza lo común: la vida.

Emmanuel González-Ortega

https://www.sinembargo.mx/author/emmanuel-gonzalez-ortega/

Dr. en Biotecnología por la Universidad de Barcelona. Trayectoria en Biología Molecular, Bioseguridad de organismos genéticamente modificados, efectos sistémicos de la incidencia de las biotecnologías en la naturaleza, la sociedad y la cultura. Evaluación crítica de la pertinencia de las tecnologías.

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