Puede entenderse la molestia del Presidente Andrés Manuel López Obrador frente al impacto político y jurídico que representan las acusaciones contra la Ministra Yasmín Esquivel. La denuncia de un posible plagio de tesis de licenciatura ha sido leída en Palacio Nacional como un ataque al proyecto de la Cuarta Transformación.

Si López Obrador está convencido que los incidentes del Metro son producto de un sabotaje con fines político-electorales o el atentado a Ciro Gómez Leyva un intento de desestabilizar a su gobierno, con mayor razón asume que las denuncias en contra de la Ministra están encaminadas a dañarlo: fue días antes del relevo de presidencia en la Corte, a la cual aspiraba Esquivel, y el medio utilizado fue Guillermo Sheridan, un conocido crítico del Presidente. Y en efecto, lo han dañado. Yasmín Esquivel es uno de los tres ministros (de once) que, en palabras del propio AMLO, están a su favor; la mera posibilidad de ser inhabilitada sería un descalabro, por no hablar de que era su candidata para sustituir al Ministro Arturo Zaldívar, quien presidía la Corte, y se consideraba aliado de Palacio Nacional.

Imposible saber si en su fuero interno él está convencido de la inocencia de ella; asumo que habrá recibido en corto la versión de la ministra. Pero desde el primer momento quedó en claro que aún si resultase culpable, al presidente le parece que eso es mucho menos importante que la intención política y mediática para perjudicarlo, y ha actuado en consecuencia. Desde asumir que se trata de una mera anomalía, señalar que “quien esté libre de culpa que tire la primera piedra” o argumentar que esa falta era peccata minuta frente a las infamias de los conservadores que la están acusando.

Puede uno diferir del razonamiento que hace el Presidente, pero se entiende la lógica política desde el que lo hace. En última instancia está tratando de paliar el golpe de imagen a la reputación de una aliada y, en esa medida, a su propia imagen y, de ser posible, busca evitar su salida de la Corte.

Lo que es más difícil de explicar es la deriva a una confrontación pública con la UNAM. A lo largo de los últimos días el presidente ha retado a las autoridades universitarias a asumir su responsabilidad en este caso y a no “lavarse las manos”. Quizá reprocha el fallo académico en contra de la ministra, que daría la razón a sus opositores, y ahora exige que asuman las consecuencias y, si están convencidos del delito, invaliden el título universitario. Como si el presidente estuviera más interesado en mostrar de qué lado militan las autoridades de la UNAM en la polarización que divide al país, que, incluso, conservar a Esquivel en la Corte.

Me parece que la confrontación con la UNAM resulta inconveniente para el obradorismo tanto en términos coyunturales como estratégicos. Si la Ministra ha decidido quedarse, pese a todo, lo que menos interesa es presionar a la UNAM para que se deslinde a como dé lugar; pues siempre se corre el riesgo de que, ante los reclamos, el Consejo Universitario termine fallando en su contra. La declaración del rector Graue, este viernes, fue orillada por las acusaciones del presidente, y en ella anunció que la investigación continuaría y una vez resuelta se revisarían las opciones jurídicas para actuar en consecuencia. Para decirlo en plata pura, a la 4T le habría convenido que las cosas quedaran en el limbo legal en el que parecían instaladas y dejar que, como otros escándalos, las novedades lo dejaran atrás.

Pero las tensiones con la UNAM son inconvenientes sobre todo por razones estratégicas, más allá del caso Yasmín. Los movimientos universitarios han sido consustanciales en el desarrollo de la izquierda en la capital; la comunidad universitaria ha sido aliada de la corriente política que desde 1997 ha gobernado la ciudad. Sin embargo, hay señales de distanciamiento en este sexenio que ponen en entredicho este maridaje. Los continuos desencuentros entre la comunidad científica y cultural y el gobierno, particularmente en la confrontación del actual Conacyt con científicos y miembros anteriores, calificada como rudeza innecesaria al acusarlos penalmente de delincuencia organizada; la controversia del Fiscal Alejandro Gertz y su obtención de grado de Investigador en el SIN a pesar de la oposición de los investigadores; el reiterado reclamo de Palacio Nacional a los intelectuales (usualmente a la corriente conservadora, pero en muchas ocasiones las críticas han sido genéricas); las fricciones con la clase media, a la que pertenece la mayor parte de profesores e investigadores; el desprecio a las ONGs y organismos descentralizados de manera indiferenciada, en muchos de los cuales participan miembros de la comunidad universitaria.

La tensión escaló en las elecciones del año pasado, cuando la oposición ganó 9 de las 16 delegaciones de la capital, entre ellas algunas que históricamente habían sido bastiones de la corriente en el poder. Es sintomática la pérdida de Tlalpan y de Coyoacán, donde reside el campus universitario y buena parte de los cuadros docentes (así como el propio López Obrador o Claudia Sheinbaum). La irritación del presidente ante los resultados le llevó a cuestionar el neoconservadurismo de estudiantes de educación superior y académicos, las actitudes aspiracionistas de la clase media y a declarar que su único y verdadero aliado era el pueblo que no presumía títulos universitarios.

Se ha dicho que las baterías van dirigidas estrictamente en contra del actual rector, quien deja el puesto este año, con la intención de empujar alguna candidatura más afín a la 4T. Pero esa explicación es inconsistente con el tipo de reclamo que hace AMLO a la UNAM o a los cuadros académicos en su conjunto. No ha habido un rector decente desde Pablo González Casanova (quien la dirigió hace 50 años), afirmó esta semana, raspando de paso a su representante en la ONU, Juan Ramón de la Fuente.

Desde la perspectiva ideológica de AMLO caben razones para asumir que la UNAM no mantiene la vocación social que le caracterizaba, lo cual justificaría su reclamo. Pero considerando el “animal político” que es, me parece que en este caso se mezclan intenciones políticas con pulsiones que respiran por la herida. Contra líderes sindicales, gobernadores priistas y dirigentes del Partido Verde, por ejemplo, no existen confrontaciones públicas pese a las muchas razones éticas e ideológicas que las justificarían; en tales casos se ha impuesto la necesidad política. No así con la UNAM, donde lejos de buscar reconstruir alianzas, el presidente ha elegido un camino que profundiza el distanciamiento. Pensaría que aquí juega un sentimiento de traición por la escasa disposición de esta comunidad a acompañarlo acríticamente.

Quizá Morena no necesite estar en los mejores términos con estos sectores para ganar la elección presidencial el próximo año. Pero eso no está claro para el caso de la Ciudad de México. Cualquiera que haya sido el impacto de estudiantes y profesores en la derrota en 2021, es evidente que lejos de restañarse, esas diferencias se han acentuado.

Twitter @jorgezepedap 

Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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