El abogado de los tres estudiantes encarcelados sostuvo que fue la presión nacional e internacional la “que exhibió un Gobierno represor, un Gobierno autoritario, un Gobierno que tiene hincados a los poderes del estado, a la Fiscalía que debería ser autónoma” ante el un caso de activismo, en el que se busca defender un parque público.
Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- “El Poder Judicial o quienes gobiernan el Poder Judicial están arrodillados frente a los designios del Gobernador (Enrique Alfaro). Los jueces son presionados, son perseguidos, son amenazados, son amedrentados, si no se ciñen a lo que les dicen desde Casa Jalisco”, denunció Juan Carlos Guerrero, abogado de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y parte de la defensa de los estudiante que fueron encarcelados por defender un parque público en el municipio de Huentitán, en Jalisco.
Al platicar sobre la situación legal de los tres jóvenes, quienes la tarde del 10 de enero recuperaron su libertad, el defensor denunció que el proceso de los estudiantes ha estado plagado de irregularidades, por ejemplo, explicó, el Juez encargado del caso tendría conflicto de intereses, ya que su esposa es funcionaria pública del municipio de Guadalajara.
“Habría que decir con claridad que la esposa del Juez, efectivamente, es funcionaria pública municipal, fue parte del cabildo en la Administración anterior, y previo a eso también estuvo trabajando en la sindicatura y en la Secretaría general del ayuntamiento”, acusó Guerrero en entrevista con los periodistas Romina Gándara y Pedro Mellado para el programa Diez al Cierre que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.
Como esta situación se presentaron más irregularidades durante el proceso en contra de los estudiantes Javier, Iván y José, afirmó, y a quienes el pasado 6 de enero, un Juez de control dictó prisión preventiva oficiosa por 72 horas hábiles luego de que los jóvenes buscaban impedir que conviertan el Parque Natural Huentitán en un fraccionamiento.
El abogado recordó que el predio “fue adquirido por el ayuntamiento de Guadalajara con autorización del Congreso del estado en 1980”, autorización que, detalló, tenía un propósito específico, “es una reserva territorial para crear un parque público, ese es el origen de la adquisición al patrimonio público de este polígono de 14 hectáreas”, y una serie de acuerdos, el Gobierno firmó un acuerdo en 2016, con una empresa privada a la que cedió parte del terreno a cambio de obras sociales que hasta la fecha no se han cumplido.
“El Gobierno municipal de Guadalajara firma un primer convenio y deposita este terreno en un fideicomiso, condicionado, segunda condición, la primer condición la puso el Congreso en 1980, condicionado a que se hicieran una serie de obras que tampoco se hicieron, ante el retraso de estas obras, hubo vecinos que se organizaron”, relató, Guerrero, quien destacó que fue ahí en donde se originó un movimiento “para defender lo que ellos legítimamente reclaman como una zona de la comuna tapatía ante el incumplimiento de las privadas que se habían comprometido a hacer cosas que no hicieron”, añadió.
Como parte de este movimiento en defensa de ese parque, los estudiantes de la UdeG conformaron un Campamento Resistencia con el propósito de recuperar un área verde de aproximadamente tres hectáreas, por lo que el pasado 6 de enero, un Juez de control dictó prisión preventiva oficiosa por 72 horas hábiles en contra de los tres estudiantes.
Guerrero calificó de absurda la medida, ya que dijo “la empresa [implicada en el acuerdo del parque] salió a declarar que no pidió la prisión preventiva, el Ministerio Público salió a declarar que no pidió la prisión preventiva, el Juez se la aventó, evidentemente, porque estaba presionado por los intereses del Gobierno del estado”, sostuvo.
El abogado Guerrero reiteró que las acusaciones que realizó el Ministerio Público estuvieron plagadas de irregularidades como que “los testigos, que era donde ellos estaban sustentando su acusación, todos tenían una relación profesional con la empresa, punto número uno, punto número dos, las declaraciones de los testigos estaban prácticamente calcadas, es más el orden de decir: palas, picos, árboles y armas era exactamente el mismo, el lenguaje con el que expresaban los supuestos señalamientos también coincidía demasiado”
Además, continuó, “ninguno de los testigos, y ese dato es muy importante, había sido testigo presencial de los hechos, todos habían llegado entre una hora y dos horas posteriores a los supuestos hechos, en donde se les imputaba a los chicos el uso de violencia física, de violencia moral y el uso de armas de fuego, con esos elemento”.
Por ello, la defensa de los estudiantes promovió “un recurso de recusación con causa, señalando que el Juez tenía un claro conflicto de interés, por el cargo público que tiene su señora esposa, en el propio ayuntamiento de Guadalajara y además porque su señora esposa había sido denunciada por los implicados (...) de manera previa y por el Colectivo resistencia Huentitán, y esa es una causal para que el Juez haya excusado”, situación que no sucedió e incluso rechazó la reacusación.
“Habría que decir con claridad que la esposa del Juez, efectivamente, es funcionaria pública municipal, fue parte del cabildo en la Administración anterior, y previo a eso también estuvo trabajando en la sindicatura y en la secretaría general del ayuntamiento. ¿Por qué decimos que tiene conflicto de interés? porque uno de los argumentos que el Juez utilizó para rechazar nuestra recusación con causa es que ella no había sido de los que firmaron los convenios”.
“No, pero las autoridades tiene la obligación de hacer, y entre las obligaciones de hacer están las de hacer cumplir, claro que la administración anterior fue omisa porque en el convenio establece una temporalidad para entregar las obras por parte de los privados, que la más larga es de 40 meses, desde 2016 han pasado más de 100 mes y no ha habido una sola sanción contra estas empresas”, explicó el defensor de los estudiantes.
Asimismo, destacó que no fue la defensa la que logró que los tres estudiantes recuperaran su libertad, sino la presión social que se logró al evidenciar el caso. “Debo decir que no fue del todo, ni poquito, la estrategia jurídica, la que los sacó de prisión, fue la presión social, fue el señalamiento, fue todos los activistas que se unieron a una sola voz, exigiendo su inmediata libertad, fue la presión nacional e internacional que exhibió un gobierno represor, un gobierno autoritario, un Gobierno que tiene hincados a los poderes del estado, a la Fiscalía que debería ser autónoma”
Este 10 de enero, los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara salieron de la prisión y continuarán su juicio en libertad, informó la institución por medio de un comunicado. “Después de seis días de declararnos en Estado de Emergencia y permanecer en pie de lucha en el Campamento Resistencia: Javier, Iván y José fueron liberados y podrán reunirse nuevamente con sus familias, compañeros de lucha y una manada de más de 320 mil leonas y #LeonesNegros”, compartió la UdeG en Twitter.
De acuerdo con el boletín, el Rector General de la universidad, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que los días de resistencia lograron su objetivo al conseguir la libertad de los alumnos.
Después de 6 días de declararnos en Estado de Emergencia y permanecer en pie de lucha en el Campamento Resistencia: Javier, Iván y José fueron liberados y podrán reunirse nuevamente con sus familias, compañeros de lucha y una manada de más de 320 mil leonas y #LeonesNegros. pic.twitter.com/ae7erjtmts
— Universidad de Guadalajara (@udg_oficial) January 10, 2023
“No hay nada qué festejar porque esto nunca debió de suceder; pero de corazón, gracias a la sociedad, instituciones y partidos políticos que se sumaron a esta gran defensa”, declaró el Rector, quien expuso que se presentará apelación porque a los jóvenes se les dictaron medidas cautelares y deberán presentarse a una nueva audiencia en cuatro meses. Además, ahondó en que la vinculación a proceso es incorrecta y que la decisión de hacer las audiencias privadas representó una mala señal para proceder sin transparencia en el proceso.
“Tengo esperanza de que el Juez haya aprendido la lección: no se puede actuar así en México, porque cuando el Estado de derecho tiene que imponerse, alguien lo hará y el Gobierno federal hoy está listo para que en Jalisco no prospere esta arbitrariedad”, subrayó Villanueva Lomelí al enfatizar que se interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura contra el Juez por la prisión preventiva oficiosa dictada a los tres estudiantes y que atribuyó, además, a una medida dictada por el Gobernador Enrique Alfaro. “Este encarcelamiento fue mandado desde Casa Jalisco”, puntualizó.
De igual forma, lamentó que el Gobierno de Jalisco y sus allegados intenten sustentar que la universidad dio el aval a los procesos de compra-venta del predio en Huentitán, cuando lo que realmente se firmó fue el aval de la conformación de un Comité de seguimiento y observación de dichos procesos, el cual estaba integrado por distintas representaciones de otras universidades y el cual nunca fue convocado.
