Las mineras, en especial las de origen canadiense, tienen un largo historial de abusos cometidos en contra de comunidades mexicanas que se encuentran en las inmediaciones de donde desarrollan sus proyectos.
Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- La colectiva ¡Cambiémosla Ya!, que busca reformas profundas a la Ley Minera, pidió al Gobierno de México, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aprovechar la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) que se realiza esta semana para «frenar el saqueo de empresas mineras, en particular las canadienses«, así como para modificar las condiciones en las que llevan a cabo sus actividades en el país, las cuales han provocado graves daños.
«Llama la colectiva ¡Cambiémosla Ya! a frenar el saqueo de empresas mineras, en particular las canadienses, que se han beneficiado del marco legal vigente en México, dejando graves daños en las regiones donde operan», se lee en el comunicado que emitió ayer a través de sus redes sociales.
Bajo el título «Minería canadiense en México: ¿Quién se ha beneficiado de la relación bilateral?», el conglomerado de comunidades, organizaciones, personas académicas y ciudadanas exhortaron a las autoridades mexicanas a insistir en la necesidad de cambiar las condiciones mineras durante la reunión que sostendrá López Obrador con Joe Biden, Presidente de Estados Unidos, y Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá.
«Llamamos a las autoridades a aprovechar la reunión con los mandatarios de EU y Canadá para subrayar que las condiciones en las que se lleva a cabo actualmente la minería deben modificarse, para poner en el centro la protección de los derechos humanos, la naturaleza y las finanzas del país», solicitó.
Minería canadiense en México: ¿Quién se ha beneficiado de la relación bilateral? – Consejo Civil Mexicano para la Sivilcultura Sotenible https://t.co/OzRX8fXWUo
— Cambiémosla Ya (@cambiemosla_ya) January 10, 2023
La colectiva denunció que a partir de los años 1990, la minería en México se expandió aceleradamente. «Entre 1990 y 2018, la Secretaría de Economía entregó 46,048 concesiones mineras, y hasta 2019 operaban 1,531 proyectos en el país. Estas concesiones abarcan una extensión similar a la del estado de Chihuahua», estimó.
Del mismo modo, consideró que la Ley Minera, publicada en 1992, en la antesala de la firma del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), «dio enormes facilidades y privilegios a las mineras».
¡Cambiémosla Ya! puso como ejemplo «la operación sin restricción de empresas trasnacionales, entre las que destaca la presencia de corporaciones canadienses: de las 238 mineras que operan en el país, 151 son canadienses».
«Esta nueva etapa de la minería en el país se caracteriza por la preponderancia de la extracción del oro y la plata, que se lleva a cabo en el 70 por ciento de las minas que operan en el país, 68 por ciento de las cuales son propiedad de corporaciones canadienses», precisó.
De acuerdo con el conjunto de organizaciones y movimientos, «la mayor parte de estos proyectos mineros son tajos a ‘cielo abierto’, prohibidos en los llamados países desarrollados, pues generan deforestación, intensa sobreexplotación y contaminación del agua, así como del suelo y el aire, debido al uso de arsénico, cianuro, plomo, cadmio, sulfato de cobre e incluso mercurio».
También acusó que «estos proyectos generan destrucción ambiental irreversible, dañan las economías locales y causan problemas de salud muy graves como daños dermatológicos y renales, distintos tipos de cáncer, afectaciones neurológicas y alteraciones en el desarrollo en niños, en especial los que van a nacer».
Además, aseguró que esta destrucción se genera en zonas donde las y los habitantes viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, «quienes lejos de mejorar su situación económica y su calidad de vida, como reza el discurso empresarial que promueve la minería como motor del desarrollo, han visto cómo se profundiza su desigualdad y se generan problemas adicionales, entre ellos la ruptura del tejido social y los desplazamientos forzados».
«En los 10 municipios mexicanos con la mayor producción de oro y plata los niveles de pobreza y pobreza extrema son mayores que los del promedio del país. A ello se suma la violencia que se ha extendido en muchas regiones mineras y los asesinatos de defensores ambientales, presentes en regiones como Mazapil, Zac., y Valles Centrales, Oax., entre otros, donde las mineras canadienses han impuesto condiciones de terror», afirmó la colectiva.
La #LeyMinera facilita la destrucción del ambiente y la violación de derechos. El Congreso puede cambiarla y proteger el territorio, el agua y a la gente. Urge modificarla, apóyanos compartiendo el video y firmando nuestra petición: https://t.co/zd3dZu8vHc #CambiémoslaYa pic.twitter.com/hWAEsaTWBS
— Cambiémosla Ya (@cambiemosla_ya) October 20, 2022
Apenas el 29 de septiembre del 2022, el grupo no gubernamental Global Witness publicó un informe donde se reveló que México se ha convertido en el lugar más mortífero del mundo para los activistas ambientales y defensores de la tierra.
En el reporte, se contabilizó que en el país hubo 54 activistas asesinados en 2021, en comparación con 33 en Colombia y 26 en Brasil. El grupo registró la muerte de 200 activistas a nivel mundial en 2021.
ABUSOS DE MINERAS CANADIENSES
Por otra parte, ¡Cambiémosla Ya! recordó que las mineras canadienses en México se “especializan” en la extracción de oro y que «diversos especialistas han estimado que, durante los pasados 20 años, se ha extraído de México cinco veces más oro que el que se extrajo durante los 300 años del periodo colonial».
«Más que ningún otro país, Canadá se ha beneficiado de la aurificación de la minería en el país. Las enormes ganancias de esta explotación no se reportan cabalmente a las autoridades mexicanas y contrastan con su ínfima contribución al bien público: escasos empleos y reducidos impuestos», denunció.
Por ejemplo, dice su posicionamiento, «en el año 2019, los ingresos fiscales de la extracción de minerales metálicos y no metálicos representaron apenas el 0.13 por ciento de la recaudación total del Gobierno federal por actividad económica; para 2020 la minería aportó 0.32 por ciento; para 2021 0.97 por ciento».
Ante dicha situación, citó la colectiva, el Presidente de México pidió el pasado 17 de marzo del 2021 al Canciller Marcelo Ebrard Casaubón que hiciera contacto con el Gobierno de Canadá y le expusiera los casos de dos de sus mineras: el de una que se niega a pagar impuestos y el de otra que no quiere respetar la Ley laboral.
En su conferencia de prensa matutina, López Obrador les advirtió que les cancelaría la concesión de mantenerse en esa posición. Les pidió respetar a México como lo hacen con su país.
El mandatario mexicano reconoció “algunos problemas con las mineras canadienses», por lo que solicitó al representante de Relaciones Exteriores “que hable con el Gobierno de Canadá y que explique esta situación”.
“Que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad, el Gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la Ley, llevar a cabo los trabajos de explotación minera”, expresó el Presidente López Obrador.
Dijo que la minera de Mazapil, en Zacatecas, es un ejemplo de apoyo a la comunidad, con buenos salarios y que cuida el territorio, sin embargo, aseguró que había otras que “no siguen ese ejemplo”.
Apenas el 22 de febrero de 2021, el Jefe del Ejecutivo federal informó que pidió a la Embajada de Canadá en México convocar a la minera First Majestic Silver Corp a cumplir con el pago de impuestos en el país y acusó que la empresa buscaba ampararse en el T-MEC para eludir la cobertura de sus obligaciones fiscales.
“Ojalá y el Embajador [de Canadá en México] los convoque a que entren en razón, porque eso no se puede permitir [que no paguen impuestos]”, pidió el mandatario entonces.
López Obrador acusó que la minera canadiense buscaba, mediante litigios y bajo el amparo del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), no pagar los impuestos correspondientes por la extracción de minerales en el país.
“Esta otra empresa canadiense, con despachos de abogados, quiere llevar le litigio a instancias internacionales, cuando se trata nada más de una obligación fiscal. Tiene que pagar impuestos y no quiere, y está queriendo utilizar el tratado para ir a tribunales internacionales”, detalló.
Los asuntos centrales que el Presidente pidió al Canciller Ebrard retomar con el Gobierno canadiense son sobre la minera de Cosalá, en Sinaloa, y el segundo es el de la mina de Tayoltita, en Durango.
En la primera no se acepta que haya un sindicato. “Se estaban peleando la titularidad del contrato porque hay la mala costumbre de que querían las empresas tener sindicatos a modo, sindicatos blancos que estaban al servicio de las empresas y no defendían a los trabajadores”, explicó el mandatario. Dijo que en este caso los dos sindicatos realizaron un recuento en el que salió beneficiado el sindicato independiente a la minera.
“Como no es del agrado de la empresa no quieren iniciar actividades porque quieren tener su sindicato y no están cumpliendo con el mandamiento de Ley de la Secretaría del Trabajo”, aseguró el Presidente.
Respecto al segundo caso, el Jefe del Ejecutivo federal explicó que no quieren pagar impuestos “y ya están buscando irse a tribunales internacionales. Un llamado a las autoridades de Canadá para que nos ayuden y estas empresas hagan lo mismo que hacen en Canadá. No queremos que hagan más de eso, que paguen impuestos, como pagan en Canadá. Que traten bien a los trabajadores, como sucede en Canadá. Y que cuiden el medio ambiente, que no destruyan el territorio, como están obligados en Canadá”.
Ese reclamo de López Obrador ya había tenido eco desde el 17 de junio de 2020, cuando dio a conocer que alertó al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante la llamada que sostuvieron días antes, de que hay empresas mineras de aquél país que se niegan a pagar impuestos y que amenazan con irse a tribunales.
“Ahora que hablé con el Primer Ministro Trudeau, también le pedí, hay empresas mineras canadienses que no están pagando impuestos. Ya también están buscando acuerdo y nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no podemos seguir con lo mismo, condonando impuestos y siempre con la soflama de que si no se les dan privilegios, no va a haber inversión y no van a venir a instalarse a México y no se van a crear empleos. Eso no es cierto”, afirmó.
En su habitual encuentro matutino con los medios de comunicación, Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay empresas serias, entre ellas algunas extranjeras, que “cumplen con la Ley, pagan sus impuestos y hacen lo mismo que realizan en sus lugares de origen”.
MÉXICO, EL PAÍS MÁS LAXO EN MATERIA DE MINERÍA: COLECTIVA
Por último, las comunidades y organizaciones de la colectiva señalaron que con la Ley Minera aprobada en 1992 durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la cual sigue vigente hasta hoy, «México pasó a ser uno de los países del mundo con mayores facilidades para la extracción de minerales sin dejar beneficios para el pueblo mexicano».
«La minería fue definida como actividad de ‘interés público’ y ‘preferente’ sobre cualquier otra actividad, por encima de la agricultura orientada a fortalecer la seguridad alimentaria, o la conservación de la biodiversidad y de servicios ecosistémicos indispensables, como la captación y preservación de la calidad del agua, la regulación del clima y la protección del suelo», detallaron.
La minería es una actividad de utilidad privada, NO PÚBLICA. #LeyMineraCambiémoslaYa @Mx_Diputados @DiputadosMorena pic.twitter.com/GFNx4pNTR2
— Cambiémosla Ya (@cambiemosla_ya) December 13, 2022
En el desplegado, sostuvieron que dicha Ley dio la posibilidad a los titulares de concesiones de operar hasta por 100 años en los territorios entregados y que permitió la especulación financiera con las concesiones, es decir, la especulación con los bienes públicos de México.
«Esta Ley concede además acceso casi irrestricto al agua, relegando las necesidades de las poblaciones y violando derechos humanos, derechos de pueblos y comunidades indígenas y derechos de los núcleos agrarios, las concesiones se han concedido en: territorios indígenas, ejidales y comunitarios; sitios arqueológicos, Áreas Naturales Protegidas e incluso en el mar», lamentaron las y los representantes de ¡Cambiémosla Ya! más adelante.
A su vez, reconocieron que durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador no se han otorgado nuevas concesiones mineras, aunque denunciaron que «la presión de las corporaciones, que en el caso de las canadienses han sido activamente impulsadas desde la Embajada de su país, no se ha dejado de sentir».
«No obstante, nuevos proyectos mineros han empezado en estos años, al cobijo de una Ley contraria a los intereses reales del pueblo de México. Aún en el contexto de las presiones contra las decisiones autónomas de los países que derivan de la economía globalizada, el alto a la destrucción y al despojo que genera la minería en la actualidad es un factor fundamental de la transformación del país», concluyó el movimiento.
La minería NO DEBE tener acceso preferente a la tierra y al agua. #LeyMineraCambiémoslaYa @Mx_Diputados @DiputadosMorena pic.twitter.com/GS7YYu9jYZ
— Cambiémosla Ya (@cambiemosla_ya) December 13, 2022
-Con información de Alfonso López Dávila y AP
