Genera la violencia la disputa del control del territorio entre los grupos delictivos Los Tlacos y Los Ardillos en la capital de Guerrero. En la Costa Chica hubo enfrentamientos de integrantes de la UPOEG con efectivos del Ejército y la Guardia Nacional. Se dejó bajo control de la autodefensa el corredor Petaquillas-Quechultenango.
Por Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo, Guerrero, 4 de enero (El Sur).– En 2022 destacó la disputa por el control del territorio entre los grupos delictivos Los Tlacos y Los Ardillos en Chilpancingo, y en Zihuatanejo la población padeció la extorsión a transportistas y comercios por los grupos delictivos, y en la Costa Chica hubo enfrentamientos de integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) con efectivos del Ejército y la Guardia Nacional.
En su primer año completo de Gobierno, Evelyn Salgado Pineda y su gabinete, públicamente afirmaron que ante los diferentes hechos de violencia no cambiarían su estrategia y política de seguridad, y la acción más visible para combatirlos fue reforzar con más agentes del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal las zonas en conflicto.
Como lo informó El Sur en junio, la ola de violencia que se registró este 2022 en la zona Centro se acentuó por el enfrentamiento entre los grupos delictivos Los Tlacos y Los Ardillos, que se disputan el control del territorio en Chilpancingo, pugna que comenzó con el asesinato el 31 de mayo de líder de la Unión de Transportistas y Organizaciones del Estado de Guerrero, Francisco García Marroquín.
El 6 de junio fue asesinado en los pasillos del mercado Central de la capital el principal distribuidor de pollos, Tomás, de 35 años. A estos dos hombres se les relacionaba cercanos con el grupo de Los Tlacos, y en respuesta, el grupo de la sierra incendió el 1 de julio un camión de la ruta Chilpancingo-Colotlipa con bombas molotov, pero también fueron incendiadas Urvan de las rutas de Colotlipa, Tlacotepec y Chilapa.
Además, en las colonias cercanas a Petaquillas no se permitió la entrada de taxis del servicio colectivo, lo que provocó que al menos dos semanas se suspendiera el servicio de transporte hacia al sur de la ciudad.
El 9 de junio un repartidor de pollo fue ejecutado a balazos dentro de su camioneta en la entrada del estacionamiento del mercado Central, el hombre de 35 años era originario de Petaquillas.
Esta disputa entre los grupos se visibilizó por el control de la venta y distribución de pollo en la capital, el 11 de junio hombres armados atacaron una granja en la localidad de Petaquillas, donde fueron asesinados cinco hombres y una niña de 12 años. Era la principal distribuidora de este producto en la ciudad.
La disputa dejó la primera quincena de junio al menos 12 personas ejecutadas a balazos en Chilpancingo, entre vendedores, trabajadores y choferes de las camionetas distribuidoras de pollo, que provocó que se dejara de surtir el alimento durante cuatro días en el mercado Central de la capital, los gobiernos estatal y federal establecieron recorridos de militares y policías del estado en el lugar para dar seguridad.
Según el director de Comercio Municipal de Chilpancingo, Santiago René Linares, la venta del pollo se restableció en la ciudad luego de que los gobiernos municipal y estatal acordaron dar seguridad a la llegada del producto en el mercado, y una empresa también del sur de la ciudad, rumbo a Petaquillas, es la que se quedó a cargo de abastecer entre el 70 y 80 por ciento de este producto al mercado.
Ante estas ejecuciones en la capital, el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza declaró a la prensa que había un tercer grupo que buscaba apoderarse de Chilpancingo, y aunque no mencionó el nombre afirmó que antes había sido aliado de Los Tlacos.
Según Rangel Mendoza dialogó con los líderes de ambos grupos, Los Ardillos y Los Tlacos, quienes le habían dicho que sus pactos seguían vigentes para mantener estable el territorio, pero a pesar de eso la violencia continuó.
En octubre, Salvador Rangel contó a El Sur que la violencia seguía en aumento y no se resolvería porque el gobierno “vendió” el estado al crimen organizado, y es la delincuencia organizada la que ahora no sólo cobra derecho de piso, sino que se encarga de la venta de los productos de primera necesidad en varias regiones de Guerrero.
Otro conflicto que se destacó este año en la zona Centro fue la retención de un grupo de 30 militares y agentes de la Policía Ministerial que incursionaron en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, el 16 de febrero, señalado por organizaciones sociales como el bastión del grupo delictivo Los Ardillos, los pobladores de la cabecera municipal no permitieron que se retiraran durante cinco horas y los liberaron hasta que autoridades militares y del gobierno del estado acordaron que ya no intervendrían en la zona sin avisarles previamente de los cateos y recorridos.
El 7 de junio vecinos de la comunidad de Petaquillas y su grupo de autodefensa retuvieron durante nueve horas a 25 agentes del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, e incluso a cuatro funcionarios del gobierno del estado, demandaron que su grupo de guardias civiles instalaran un retén en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco.
Los retenidos fueron liberados con el acuerdo de las autoridades militares y civiles con los pobladores de que el Ejército no ingresaría a la comunidad y dejaría libre el corredor Petaquillas-Quechultenango, y que la seguridad en esa área estaría a cargo de la autodefensa o guardia comunitaria, también conocida como Policía Comunitaria.
CONTRA TORTILLEROS Y TRANSPORTISTAS EN ZIHUATANEJO
A pesar de que la morenista Evelyn Salgado Pineda mencionó reiteradamente que las playas guerrerenses debían destacar entre los mejores destinos turísticos del país, Zihuatanejo vivió varias etapas de inseguridad, principalmente en los sectores empresariales.
El 2 de junio de 2022 una docena de tortillerías cerraron debido a que los propietarios fueron amenazados presuntamente por la delincuencia organizada, el transporte fue restringido en todas las rutas urbanas y suburbanas, y motivó que varios planteles educativos suspendieran las clases.
Un mes después, el 5 de julio el transporte público en la modalidad de Urvan y taxis fue restringido por las amenazas que recibieron los choferes de grupos de la delincuencia organizada por negarse a pagar el cobro de cuota.
El problema se agravó el 6 de julio cuando la empresa transportista Dos Costas suspendió el servicio hacia Petatlán, La Unión y Vallecitos de Zaragoza en las sierra de Zihuatanejo, debido a que fue asesinado a balazos uno de sus choferes en el centro de esa ciudad, a pesar de que ese día autoridades estatales y federales se reunieron con los transportistas para garantizarles seguridad.
El 15 de julio se reanudó el transporte público, pero los permisionarios señalaron que pudieron trabajar luego de acordar el pago de un dinero a quienes los tenían amenazados, a pesar que las autoridades habían reforzado los recorridos con agentes de las policías Estatal y Municipal.
En agosto se dio el cierre de varios establecimientos de distribución de materiales y ferreterías por la inseguridad, aunque el secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez afirmó públicamente que no habían recibido denuncias de extorsiones del ramo de la construcción.
El asunto no trascendió hasta que el 19 de septiembre de 2022 cerca de 18 tiendas de conveniencia de una franquicia cerraron también porque eran extorsionados con el cobro de cuota por grupos de la delincuencia organizada.
Incluso en una sucursal de esta franquicia ubicada en la plaza Kioto, un hombre que exigía la “cuota mensual” –y los empleados al negarse a entregar el dinero– hirió de un balazo a una de las trabajadoras, lo que orilló a los ejecutivos de las tiendas a cerrar todas las sucursales hasta que hubiera condiciones de seguridad.
El 20 de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que ocho personas fueron detenidas en Zihuatanejo vinculadas por el delito de extorsión y relacionadas al cierre de las tiendas de conveniencia, aunque fue hasta el 23 de septiembre cuando las sucursales reabrieron.
Ante los diferentes hechos de violencia que se registraron en Zihuatanejo, desde el 2 de septiembre la Secretaría de Marina tomó el mando de la Dirección Municipal de Seguridad Pública por instrucción del gobierno federal, por lo que los marinos coordinan los recorridos de prevención del delito junto a los policías municipales, estatales y de la Guardia Nacional.
A pesar de esta nueva coordinación de los tres niveles de gobierno, el 21 de noviembre se difundió en redes sociales un video en el que se observa a un hombre incendiar con una bomba molotov una tortillería en Zihuatanejo, en represalia porque los empresarios se negaban a pagar las cuotas a los grupos de la delincuencia, aunque el hecho había ocurrido el 10 de noviembre.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un boletín que el agresor fue detenido el mismo día que incendió el negocio y confirmó el atentado contra la tortillería. Añadió que el hombre se dedicaba a “vigilar, llevar comunicados de amenazas, efectuar disparos y quema de establecimientos”.
Otro hecho que destacó a nivel nacional, ocurrió el 24 de noviembre, también se conoció por el video de la cámara de seguridad de la tortillería Dos Hermanos, que captó cuando un hombre disparó un arma de fuego sin decir palabras al interior del establecimiento e hirió de bala a una trabajadora. La Fiscalía sólo informó que investigaría la agresión, pero hasta el momento no hay más detenidos por extorsiones a los empresarios.
EL ENFRENTAMIENTO CONTRA LA UPOEG
También este año se registraron varios enfrentamientos entre la UPOEG e instituciones de seguridad, lo que provocó en Acapulco y la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional varios bloqueos viales.
El 13 de mayo, choferes de diferentes modalidades del transporte público y comerciantes bloquearon seis horas las principales vialidades de Acapulco para denunciar abusos del Ejército y la Marina.
Sin embargo, el motivo de los bloqueos se debió a un enfrentamiento en el pueblo de Altos de Ventura, municipio de San Marcos, entre policías de la UPOEG y efectivos del Ejército, por el cateo a una casa de un grupo presumiblemente del crimen organizado.
El 28 de junio de este año fueron detenidos otros siete integrantes de la UPOEG, entre ellos Jesús Clemente Calleja, el comandante Calleja, debido a una agresión a fuerzas de seguridad en las inmediaciones de Marquelia.
Incluso el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que la UPOEG tenía nexos con el grupo delictivo Los Rusos, que tiene presencia en Acapulco.
El 9 de agosto el líder de UPOEG, Bruno Plácido Valerio fue detenido en Chilpancingo por robo específico y daños en agravio de diversas víctimas, ocurridos en Tlapa en 2016, denuncias que ya habían prescrito y por lo que fue liberado horas después.
A pesar del diálogo del líder de la UPOEG con el gobierno del estado para una depuración de la organización, el 23 de septiembre policías estatales detuvieron en Cruz Grande al comandante de la UPOEG, José Manuel Lorenzo Hernández, El Chato, y al policía de la organización, Wilibaldo Villanueva.
Debido al desarme de los policías comunitarios de la UPOEG, transportistas bloquearon –obligados según contaron a la prensa– en tres zonas de la Costera en Acapulco.
El gobierno del estado sostuvo el diálogo principalmente con el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, incluso se reunieron en Ayutla el 3 de julio, donde se planteó la depuración y credencialización de la organización ante los señalamientos de que fue infiltrada por grupos delictivos, pero ante los diversos enfrentamientos ocurridos la relación se estancó, la depuración y credencialización también, y Plácido Valerio consideró que este año fue de persecución y desestabilización a la UPOEG por parte del gobierno del estado.
