Las organizaciones civiles acusaron que el Protocolo de intervención por caso de abuso sexual de niño, niña, adolescente o persona vulnerable de la Arquidiócesis no es suficiente para atender la problemática, pues no considera –entre otras cosas– la investigación de la cadena de responsabilidad en los hechos, ni la atención a casos de abuso producidos específicamente en las casas de formación religiosa.
Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– La Arquidiócesis Primada de México emitió en 2022 el Protocolo de intervención por caso de abuso sexual de niño, niña, adolescente o persona vulnerable frente a los crecientes escándalos por acusaciones contra sacerdotes, curas y otros miembros de la Iglesia católica, pero organizaciones civiles y activistas denuncian que el libreto no es suficiente para atender la problemática de fondo y en su totalidad.
En un análisis del documento, la organización Spes Viva –que ha acompañado casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero– indicó que el protocolo pareciera normalizar el delito al nombrar el crimen como una «parte de la realidad que vive la humanidad»; no indica el procedimiento a seguir cuando el abuso se produce en casas de formación religiosa femenina; ni considera la investigación de una cadena de responsabilidad frente a la comisión de los hechos; entre otras deficiencias.
«La praxis nos ha dicho que no hay mayor colaboración por parte de las autoridades eclesiásticas para que los sacerdotes sean sancionados. El protocolo lo establece, pero no deja claro en qué términos lo hará, y tampoco deja claro cómo acompañará a la víctima. Tampoco habla de un tema muy importante que es la reparación por los daños y perjuicios», dijo en entrevista para SinEmbargo José Leonardo Araujo Araque, miembro de la organización y él mismo víctima de abuso sexual por parte del sacerdote mexicano Juan Huerta Ibarra.
En la lista de observaciones que hizo Spes Viva, también se contempla la falta de atención y seguimiento a víctimas «indirectas o colaterales», familiares y personas cercanas a las víctimas directas que también viven los efectos del abuso y de un proceso de denuncia.
«La Iglesia católica es sumamente fuerte: es fuerte en lo religioso y es fuerte en lo social; y luego si acaso [una víctima o una familia] se atreven a denunciar, algunos solamente se quieren quedar con el proceso canónico, no irse a tribunales, y si se llegan a ir a tribunales muchas veces son disuadidos por llegar a acuerdos o porque son excluidos en la comunidad a la que pertenecen», notó Cristina Sada Salinas, fundadora y presidenta de la asociación.
Entre las fallas del protocolo se incluye la no referencia a reparaciones de carácter civil por daños morales y materiales para una reparación integral del daño; y omisión del procedimiento para evitar que un sacerdote que haya sido expulsado del estado clerical se reinserte en la Iglesia al acudir a una diócesis lejana o en otro país y se le sea permitido el ejercicio del ministerio.
«¿Cómo garantiza el protocolo que el perpetrador se ponga a disposición de las autoridades penales del lugar donde aconteció el delito?», cuestiona la asociación civil en un documento compartido con SinEmbargo. «¿Cómo evitar que un sacerdote que haya sido expulsado del estado clerical acuda a una diócesis lejana o en otro país (lo cual es una práctica recurrente) y le sea permitido el ejercicio del ministerio?».
La organización reconoció que si bien la emisión del Protocolo es importante por ser la Arquidiócesis un ente con influencia a nivel nacional –pese a que sólo abarca la zona de la Ciudad de México y los alrededores–, pero remarcó que en su opinión, el Protocolo de Protección a Menores emitido en 2019 por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para su operación nacional es más avanzado.
«Este protocolo es más deficiente que el que emitió [la Conferencia del Episcopado] en 2019 y más deficiente que el llamado que hizo el Papa Francisco» sobre abusos sexuales, apuntó Sada Salinas.
EL PROTOCOLO
El Protocolo de intervención por caso de abuso sexual de niño, niña, adolescente o persona vulnerable fue publicado por el Departamento para la Protección de Menores de la Arquidiócesis Primada de México en junio de 2022. El documento consta de 85 páginas en total, divididas en capítulos que abarcan la definición del abuso sexual en contra de niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables; aspectos de Derecho Canónico, la psicología y el Derecho Positivo Mexicano; pasos para presentar una denuncia ante la institución religiosa y el procedimiento posterior de entrevista y de seguimiento al caso.
La Arquidiócesis informó que el protocolo se encuentra a la venta al púbico en general con un costo de 100 pesos, pero está principalmente dirigido a los miembros del clero.
«Decidimos que la mejor opción es que toda la información que nos solicitaban, estaba estuviera concentrada en un escrito en un documento que fuera práctico para la gente para la lectura para que cualquier persona que quisiera acceder a este texto pudiera irse al índice y encontrar la respuesta a cada una de sus preguntas referentes a los delitos de abuso sexual dentro de la Iglesia», explicó Zaira Noemí Rosales Ortega, directora del Departamento para la Protección de Menores y coordinadora del protocolo.
La integrante de la Arquidiócesis aseguró que se han realizado capacitaciones obligatorias anuales para los miembros del clero, de los cuales 11 han sido denunciados ante el Departamento de su competencia por presunto abuso sexual y cuatro siguen activos. También puntualizó que uno de los casos, recibido en 2018, no pudo avanzar a la etapa de sentencia en el Tribunal eclesiástico porque el presunto agresor falleció durante la pandemia de COVID-19.
Con respecto a las críticas por parte de activistas y organizaciones civiles, Rosales Ortega reconoció que se trata de un documento perfectible que pretende seguirse modificando.
«Me parece que el haber hecho este protocolo en general ha sido un paso enorme que hemos dado, porque no había muchas herramientas con las cuales apoyar en cuanto a las congregaciones religiosas. También en alguna ocasión hemos colaborado con otras instancias para capacitarlas, para ir abriendo el tema, que de pronto puede llegar a ser muy tabú para aquellas personas que aún son muy conservadoras en este sentido. A lo mejor para nuestra generación es muy normal hablar al respecto y resuena mal que la gente no lo quiera sacar, sin embargo, sabemos que es algo que se debe de sacar, que tiene que salir a la luz y que se tiene que buscar una solución», expuso.
PEDERASTIA CLERICAL EN MÉXICO
México es situado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como el primer lugar en abuso sexual infantil de los estados miembros, y la Iglesia católica no es un espacio que se libre de la comisión de estos crímenes, al registrar la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) 271 denuncias de abuso sexual a menores de edad al 2020, mientras que la Arquidiócesis dijo a SinEmbargo que el número de denuncias que ha recibido es de 11.
La historia pública de abuso sexual por parte de miembros del clero en México se remonta a los años 40, cuando se empezaron a dar a conocer denuncias en contra del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y uno de los hombres más cercanos a las cúpulas del poder de la religión católica, que al 2020 llamaba a 90 millones de feligreses según información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
«La Iglesia operaba primero silenciando [los casos de abuso]. Luego empezaron a reconocer algunos casos, primero de otras partes [del mundo] (…) primero hubo silenciamiento, luego cambios de parroquias, y luego sale en 1962 el Crimen sollicitationis (delito de solicitación) en el Concilio Vaticano, y ahí ya establecen un mecanismo de qué hacer en estos casos», expuso en entrevista Alberto Athié, exsacerdote y actual activista de derechos humanos. «Del silencio viene un reconocimiento de una problemática más amplia, hasta un reconocimiento ya mundial en el 2018, hecha por el Papa Francisco».
Posterior a eso, el activista consideró que se vio una regresión en las acciones del Vaticano por encomendar a cada organización local atender en su país los casos de abuso, por lo que la CEM –el organismo colegial de los obispos mexicanos– emitió el Protocolo de Protección a Menores.
Destacó que siempre ha existido una presión social para atender la problemática, si bien no en la misma magnitud,
Athié, quien fue sacerdote católico por 20 años, reconoció que el protocolo para la Ciudad de México, emitido por la Arquidiócesis, habla del abuso sexual como un delito en el Derecho Canónico, a diferencia de la actuación de la Iglesia católica en su totalidad durante el siglo XX, pero aseguró que la asociación religiosa se limita a informar a las autoridades civiles sobre la posible comisión de un crimen pero no colabora.
«Sí reconocen el delito contra el sexto mandamiento, pero hay que distinguir entre los delitos canónicos y los delitos civiles o penales hechos por los Estados modernos. Sí hablan de delitos [en el protocolo], ya hablaban desde antes de esto (…) pero no colaboran con las autoridades estatales», acusó.
HAY COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDADES
«Hay documentos que dicen que cuando se da [un caso de abuso sexual] se abre la investigación a las autoridades, pero en la práctica esto no ha pasado. En la práctica sigue existiendo una enorme protección hacia los abusadores sexuales, una cierta complicidad por parte de las estructuras eclesiásticas y peor aún, un encubrimiento», sumó el sociólogo Bernardo Barranco, coordinador de Depredadores sagrados. Pederastia clerical en México.
El investigador expuso que en casos anteriores –como del fundador de los Legionarios de Cristo Marcial Maciel desde los años 40 y hasta inicios de los 2000–, los perpetradores eran apoyados no sólo por las autoridades eclesiásticas, sino incluso por las civiles y las élites económicas locales y nacionales, de tal manera que ni la legislación civil ni el Derecho Canónico –que regula jurídicamente a la Iglesia católica– son eficientes en la impartición de justicia.
«Cuando hablamos del Derecho Canónico, estamos hablando muchas veces de letra muerta porque o no se lleva a cabo o entramos en una serie de prácticas aberrantes en torno a los curas pederastas», lamentó Barranco. «Y si decimos que hay muchas lagunas en el Derecho Canónico, podemos decir que hay océanos en la legislación mexicana. En ese terreno –a pesar de que se han hecho algunas modificaciones–, estamos muy lejos de aplicarlas».
Recordó que en algunos países se han creado comisiones independientes para indagar cuántos abusos sexuales a manos del clero se han registrado, pero no ha sido el caso de México.
«El tema es un tema delicado, es un tema que no solamente es jurídico, sino es político: el Estado prefiere no tener problemas con la Iglesia católica, pero deja de cumplir la protección a la infancia. El Estado está obligado de proteger a los niños de cualquier tipo de abuso, y más cuando estos abusos provienen del universo religioso».
Cuestionada al respecto, la titular del Departamento para la Protección de Menores de la Arquidiócesis detalló que las denuncias que ellos reciben son turnadas al Departamento de Asuntos Jurídicos para que ellos den aviso a las autoridades civiles en cumplimiento con el Artículo 12bis de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; y defendió que la asociación religiosa ha cumplido con los requerimientos que le ha hecho la Fiscalía capitalina.
