La decisión de la Corte Suprema se produce en un momento en el que miles de migrantes se han congregado en el lado mexicano de la frontera, llenando los albergues y preocupando a los activistas que buscan la manera de brindarles atención.
Por Rebecca Santana y Elliot Spagat
Washigton, 27 de diciembre (AP).— La Corte Suprema de Estados Unidos mantendrá indefinidamente los límites al asilo que fueron impuestos durante la pandemia, frustrando las esperanzas de los defensores de la migración que habían estado esperando que se levantaran esta semana.
En un fallo el martes, la Corte Suprema extendió una suspensión temporal que su presidente, John Roberts, emitió la semana pasada. De acuerdo con la orden del máximo tribunal, el caso se someterá a discusión en febrero y la suspensión se mantendrá hasta que los jueces tomen una nueva determinación.
Los límites se implementaron durante el Gobierno del Presidente Donald Trump al comienzo de la pandemia. De conformidad con las restricciones, Estados Unidos ha expulsado a solicitantes de asilo que estaban dentro del país en 2.5 millones de ocasiones —y rechazado a la mayoría de las personas que solicitaron asilo en la frontera— con el argumento de prevenir la propagación de COVID-19. Las restricciones suelen denominarse Título 42, en referencia a una Ley de Salud Pública de 1944.
Defensores de los migrantes interpusieron una demanda para poner fin a la aplicación del Título 42. Dijeron que la política va en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales con las personas que huyen de la persecución. También han argumentado que la política es obsoleta debido a la mejoría en los tratamientos contra el coronavirus.
La decisión de la Corte Suprema se produce en un momento en el que miles de migrantes se han congregado en el lado mexicano de la frontera, llenando los albergues y preocupando a los activistas que buscan la manera de brindarles atención.
“Estamos sumamente decepcionados por todos los solicitantes de asilo desesperados que seguirán sufriendo debido al Título 42, pero continuaremos luchando para ponerle fin a la política”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, que había propugando para que se pusiera fin al Título 42.
En el fallo del martes se especificó que la Corte Suprema revisará el asunto de si los estados tienen derecho a intervenir en la disputa jurídica en torno al Título 42. El Gobierno federal y los defensores de los migrantes han alegado que los estados aguardaron demasiado para intervenir, e incluso si no hubieran esperado tanto, carecen de categoría jurídica para intervenir.
En un disentimiento, los jueces Neil Gorsuch y Ketanji Brown Jackson dijeron que, incluso si el máximo tribunal determinara que los estados tienen derecho a intervenir y el Título 42 hubiese sido adoptado legítimamente, “la emergencia con base en la cual se fundamentaban esas órdenes ha caducado hace tiempo”.
Los jueces señalaron que la “crisis fronteriza actual no es una crisis por el COVID”.
“Y las cortes no deberían estar dedicadas a perpetuar edictos administrativos diseñados para una emergencia sólo porque funcionarios electos no han logrado resolver una emergencia distinta. Somos un tribunal de la ley, no creadores de políticas de último recurso”, escribieron los jueces.
La Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el martes que el Gobierno de Biden “ por supuesto, cumplirá la orden y se preparará para la revisión de la corte".
“Al mismo tiempo, estamos avanzando en nuestros preparativos para gestionar la frontera de forma segura, ordenada y humana cuando el Título 42 finalmente se levante, y seguiremos ampliando las vías legales para la migración”, añadió Jean-Pierre. “El Título 42 es una medida de salud pública, no una medida de migración, y no debería prorrogarse indefinidamente”.
En noviembre, un Juez federal falló a favor de los activistas pro migrantes y fijó el 21 de diciembre como fecha para poner fin al uso del Título 42. Un grupo de estados de tendencia conservadora recurrieron a la Corte Suprema para evitar que se eliminaran dichos límites, advirtiendo que un aumento de la migración afectaría los servicios públicos y causaría una “calamidad sin precedentes” ante la cual el gobierno federal carecía de un plan para atenderla, según dijeron.
Roberts, que se ocupa de los asuntos de emergencia que llegan de los tribunales federales de la capital del país, dictó una suspensión para dar tiempo al tribunal a examinar más a fondo los argumentos de ambas partes.
El Gobierno federal pidió a la Corte Suprema que rechazara la postura de los estados, aunque también reconoció que poner fin a las restricciones de forma abrupta probablemente provocaría “trastornos y un aumento temporal de los cruces ilegales de la frontera”.
La cuestión precisa que el máximo tribunal tiene ante sí es una interrogante complicada, en gran medida procesal, de si se les debería permitir a los estados intervenir en la demanda, en la que activistas en favor de los migrantes habían estado enfrentados con el gobierno federal. Un grupo similar de estados ganó el fallo de un tribunal de menor instancia en un distrito judicial distinto, en el cual se impedía el fin de las restricciones después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron en abril que habían decidido poner fin a la política.
Hasta la orden del juez en noviembre en la demanda de los activistas, los estados no habían buscado participar en ese caso. Pero dicen que en esencia el gobierno ha abandonado su defensa de la política del Título 42 y que deberían poder participar. El gobierno ha apelado el fallo, aunque no ha intentado mantener operando el Título 42 en lo que se resuelve el caso.
